Ya son diez las farmacias cerradas por orden judicial en Aragón, tres en el territorio bajoaragonés
El caso «Pharmakón» sigue dando que hablar en el territorio bajoaragonés. El juez ha decretado prisión al propietario de la botica de Alloza, precintada esta semana, mientras que ha dejado en libertad provisional a cuatro de los farmacéuticos que llevaban en los calabozos desde el miércoles y que han declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. También esta mañana han pasado a disposición judicial los dos gerentes de las empresas de Granada y Barcelona.
Ya son diez las farmacias cerradas por orden judicial en Aragón, tres en el territorio bajoaragonés, presuntamente implicadas en una trama de reventa de medicamentos. Las últimas, el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil precintó cinco farmacias. Una de ellas en la comarca de Andorra, la de Alloza, y las otras cuatro en el Jiloca y Gúdar-Javalambre: Mosqueruela, Villafranca del Campo, Arcos de las Salinas y Alcalá de la Selva.
Hasta ahora hay seis personas en prisión: tres titulares (Palomar, Cariñena y Aguilón), una médico y dos administradores de distribuidoras de Granada y Barcelona. La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, se encuentra bajo secreto de sumario y no se descarta la implicación de más farmacias y por tanto, nuevas detenciones. Los hechos que se investigan son cinco: blanqueo de dinero, fraude a la Seguridad Social, delito contra la Salud Pública, delito contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. Ayer declaró como imputada la trabajadora de una distribuidora farmacéutica de Granada de la que no trascendieron más datos.
Con las de esta semana ya son diez las farmacias cerradas por la Guardia Civil en el marco de la operación «Pharmakón». Tres se encuentran en el Bajo Aragón Histórico. A la de Alloza, regentada por Juan Francisco Aguilar, se le suman las de Peñarroya de Tastavins y el botiquín de Fuentespalda. En el caso de esta última el servicio se ha vuelto a ofrecer pero en otro local y a cargo de la farmacia de Valderrobres a petición del Ayuntamiento. La Guardia Civil también clausuró al mismo tiempo la de Monroyo, que da servicio al botiquín de Torre de Arcas, pero fue reabierta dos días después tras prestar declaración su propietaria. Las otras farmacias clausuradas son las de Cariñena y Aguilón en la provincia de Zaragoza, y en Teruel: Mosqueruela, Villafranca del Campo, Arcos de las Salinas, Alcalá de la Selva y Palomar de Arroyos.
El caso «Pharmakón» saltó a la opinión pública en el mes de mayo cuando la Guardia Civil precintó la farmacia de Palomar por orden judicial. Su titular, Amparo Armiñana, se encuentra en prisión por falsificar recetas y revender los fármacos en una parafarmacia de Enguera (Valencia). En un primer momento salió bajo fianza pero volvió a ingresar en la cárcel por quebrantamiento de medidas cautelares y obstrucción a la justicia cuando la descubrieron intentando llevarse documentación y medicamentos de su farmacia. También se encuentran en prisión los farmaceuticos de Cariñena y Aguilón. La titular de Peñarroya, Amparo Barberà, salió tras pagar la fianza de 50.000 euros, al igual que la hermana médico de Armiñana. No fue hasta cuatro meses después, hace dos semanas cuando se llevaron a cabo las siguientes detenciones en el Matarraña y Zaragoza.
Tras el desconcierto inicial, los municipios trabajan ahora para que el problema no perjudique a los vecinos. Fuentes del Departamento de Sanidad de DGA aseguraron ayer que no tomarán una decisión hasta que hoy no declaren los farmacéuticos y el juez decida si entran en prisión o si salen en libertad y pueden reabrir sus boticas. En Alloza, el Ayuntamiento facilitará a los vecinos el acceso a los medicamentos.
El Colegio de Farmacéuticos de Teruel no ha tomado la decisión de personarse en la causa. Sí lo hará el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, según comunicó ayer, como acusación particular. También hizo constar en un comunicado su «enérgica repulsa» a cualquier práctica delictiva.
Al parecer, los farmacéuticos revendían los medicamentos haciéndose valer de recetas falsas y de electrónicas (que permiten adelantar el dinero). En el caso de Palomar se vendían en una parafarmacia valenciana pero en el resto de casos no se sabe cómo llegaban al usuario. Otra de las claves de la investigación es conocer de dónde procedían las recetas.