La provincia de Teruel pierde 73 agentes de la Guardia Civil este año

La provincia de Teruel perderá 73 agentes de la Guardia Civil este año 2021. Una situación que no es nueva y que se repite año a año, cuando el número total de guardias que se marchan a nuevos destinos es mayor que el que viene. Así lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana en el cuerpo, que vuelve a poner sobre la mesa públicamente «el sistemático abandono de la seguridad pública en el medio rural» cuando este jueves 16 de septiembre entre en vigor la resolución las vacantes de destinos.

En esta ocasión y según datos de la AUGC, un total de 90 guardias civiles de todas las escalas abandonarán sus destinos en la provincia de Teruel. Por el contrario, hay nuevos agentes que comienzan a trabajar en la provincia de Teruel, la gran mayoría es porque es su primer destino profesional y por ello están obligados a solicitarlo. No obstante, la llegada de estos jóvenes no consigue igualar las bajas que se sufren y que generan un déficit de 60 agentes que no estarán disponibles para trabajar en la provincia. A ello se le suma los 13 efectivos perdidos de los destinos publicados en febrero.

Desde la AUGC destacan además que recientemente se presentaron públicamente los guardias alumnos en prácticas que se incorporaban a su destino, quienes se rigen por unas peculiaridades inherentes a su condición de alumnos como que no pueden ir juntos de servicio ni deberían ser expuestos a situaciones de peligro, entre otros. «Resulta un engaño que los presenten como nuevos guardias cuando son agentes que al año tienen que abandonar la provincia dada su condición de alumnos y solicitar su primer destino como profesional», apuntan.

Para la asociación, la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, las causas por las que los agentes no quieran ser destinados a la provincia de Teruel son muchas pero en especial «todas aquellas que impiden que los propios agentes y sus familias puedan disfrutar en igualdad de las mismas condiciones de vida que tendrían en otras provincias». «Del mismo modo desde hace unos años, comprobamos que los agentes que vienen destinados, ya no traen a sus familias las cuales permanecen en su tierra, gesto que denota que van a permanecer el tiempo mínimo imprescindible y por ello se habla también de iniciativas para incentivar económicamente a servidores públicos para que se queden, incentivos que deben ser realidad y pronto, así podríamos comprobar su resultado», afirman desde la AUGC.

Desde AUGC aseguran que siguen sin comprender como a día de hoy se sigue sin reorganizar las unidades territoriales de la provincia para que una patrulla pueda atender los avisos en menos de 30 minutos. Un ejemplo, en Utrillas se va a construir un cuartel teniendo otro a escasos 10 minutos en Montalbán. «Unificando estos dos cuarteles en uno solo se ganaría en efectivos y evitaríamos duplicidades que merman el servicio a prestar a la ciudadanía y de este ejemplo existen bastantes en la provincia. Cerrar cuarteles creando unidades con más agentes no debe ser un arma política arrojadiza sino de sentido común, de gestión de recursos humanos y será un acto que redundará en beneficio del ciudadano. Un cuartel cerrado por falta de agentes no da seguridad, como del mismo modo no se puede acudir a un aviso y tardar una hora o más o no haber patrullas disponibles», afirma la asociación, que reclama al Gobierno que «tome cartas en el asunto».

Falta de recursos materiales

Por otro lado, la AUGC vuelve a denunciar nuevamente la falta de recursos materiales, sobre todo en vehículos, donde más de la mitad tienen más de 10 años de antigüedad y miles de kilómetros. Esto ocasiona más averías que servicio, lo que a su vez genera un considerable incremento en el gasto dedicado a reparaciones. A ello se le suma la poca utilidad de muchos de ellos al ser de la clase turismos, incapaces de participar en determinados servicios, como incendios, tránsito por caminos, vigilancia de granjas y explotaciones ganaderas y agrícolas etc. Además, ningún vehículo dispone de GPS por lo que los agentes deben seguir usando sus teléfonos móviles particulares para atender a las incidencias.