El proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural recibe 30 propuestas y 20 informes

El proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural «ha recibido un gran respaldo de la sociedad civil en forma de contribuciones por escrito en la fase de consulta pública previa», aseguran desde DGA. Este periodo, que finalizó el lunes, ha servido para que tanto entidades como ciudadanos particulares enviaran sus aportaciones, que servirá para dar forma al próximo documento.

Han sido un total de 30 las aportaciones recibidas y de 20 los informes remitidos, propuestas que están accesibles al público en el portal Aragón Gobierno Abierto, del Ejecutivo autonómico. Se pueden dividir en tres grandes bloques: instituciones, asociaciones y ciudadanos particulares.

Una de las contribuciones proviene de una entidad especialmente vinculada a la revitalización de las zonas rurales, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas – SSPA). Tras felicitar al Ejecutivo regional por impulsar esta ley, pone el foco en la necesidad de concretar cuáles se debe considerar como áreas rurales y aconseja que se clasifiquen a partir de «parámetros combinados» como la densidad de población o el grado de diversificación de su economía.

La red SSPA cree que se deben asegurar una lista de «condiciones indispensables», con cuestiones como una oferta de vivienda asequible, conectividad o trabajadores cualificados, e insta a cambiar el criterio por el que se enfoca solo al sector primario para centrar en el secundario y el terciario. Insiste a su vez en «la necesidad de que la nueva norma legislativa incida en la diversificación económica y la dinamización social de las áreas rurales».

CEOE Aragón incluye un pormenorizado análisis sobre la situación que viven las zonas rurales en la comunidad autónoma e insta a tomar «medidas concretas y planificadas» ahí como «clave para generar riqueza y empleo y poder retener y atraer población». De hecho, reclama un Pacto de Estado que vincule a todas las partes.

Propuestas empresariales

Cita a continuación un estudio realizado en 2018 para la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza en el que se constata que hay una relación entre bonificaciones en las cotizaciones sociales y creación de empleo en zonas poco pobladas. Propone que la deducción por adquisición de vivienda no se limite a la primera y que no haya exclusión en cuanto a renta y edad. En este contexto, compara el impacto que tendría reducir distintos impuestos en la provincia de Teruel con el que tendría rebajar 10 puntos las cotizaciones sociales, y valora que este segundo sería «más sencillo y efectivo».

Al final enumera una serie de propuestas empresariales entre las que destacan la rebaja de «al menos un 30% en las cotizaciones sociales», deducción de un 50% en el IRPF, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales o bonificaciones en el impuesto de patrimonio. Fuera del ámbito fiscal, reclama la puesta del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) o agilizar el funcionamiento del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional.

Por su parte, CEOE Teruel cree «de vital importancia al medio rural en un entorno de excelencia e innovación económica, considera que «ninguna oportunidad de desarrollo para el medio rural debe convertirse en objeto de conflicto social» y valora que las políticas públicas deben abandonar «el carácter sectorial».

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) se ha sumado también a los organismos que han decidido aportar a la futura legislación. En su caso, propone elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y unidades funcionales demográficas y también incorporar a los presupuestos de todas las administraciones públicas «una estrategia demográfica».

También alude a las políticas económicas y pide «revisar el modelo de financiación de las entidades locales» y «promover la creación de incentivos». Junto a esto, en materia social sugiere diseñar «planes de cobertura de servicios públicos» o «dotar de un plan de acogida e integración a la población inmigrante».

Dentro de los organismos del Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) divide sus aportaciones en tres áreas. En la primera -estrategia, coordinación y simplificación-, apuesta por desarrollar un plan estratégico de desarrollo económico para el medio rural o coordinar todas las infraestructuras de apoyo a iniciativas empresariales en el medio rural en la Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento (Red ARCE). En la segunda –propuestas concretas-, propone un plan de Digitalización en el medio rural que promueva la comercialización online, crear líneas de préstamos con financiación pública para emprendedores, autónomos y microempresas o estudiar la implantación de incentivos fiscales.

Más vivienda de alquiler pública

También la Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete (Apadrinaunolivo.org), ha querido sumarse a las aportaciones. En su caso, plantea una batería de propuestas que incluyen entre otras garantizar «una conectividad de calidad», una buena conexión en transporte público con la cabecera comarcal y con la capital de provincia, servicios sanitarios de calidad, potenciar y digitalizar las aulas educativas o la puesta en marcha de Despertadores Rurales Inteligentes, que potencien el emprendimiento rural.

Y desde la Dirección General de Ordenación del Territorio se pide tener en cuenta un conjunto de criterios que incluyan revisar el Fondo de Cohesión Territorial, una atención especial a la gestión de la oferta comercial en zonas de baja densidad, una política de incentivos a los trabajadores de las administraciones públicas que fijen su residencia en los territorios de baja densidad.

Cuarto Espacio, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, incide en que el preámbulo de la ley debería hacer hincapié en legislar «pensando siempre en la España despoblada». A continuación, y más en concreto, lanza una larga serie de propuestas entre las que se incluyen reforzar su capacidad de decisión de las mujeres en cooperativas o sociedades limitadas, promocionar la carrera de funcionarios públicos a aquellos que residan en su localidad de destino aumentar el parque de vivienda de alquiler pública y privada en el medio rural, fomentar la rehabilitación en cascos urbanos consolidados, mejorar la asistencia social a los ancianos o una alfabetización digital de la tercera edad.

Gran parte del peso de las aportaciones corren a cargo del tejido asociativo aragonés.

Desde la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) se solicitan «medidas claras, concretas, vinculantes y con garantía de financiación» para conseguir que este desarrollo normativo dé frutos. La asociación apuesta por «el mantenimiento y recuperación del sector primario en el Pirineo», con «programas específicos para el fomento, conservación y mejora de las actividades agropecuarias tradicionales en el medio rural aragonés, con especial atención a la ganadería extensiva».

A vez, ADELPA propone entre otras medidas fomentar «la pluriactividad en el medio rural», facilitar la rehabilitación de viviendas en estas poblaciones, impulsar «programas educativos y divulgativos» o un «cambio drástico en las legislaciones sectoriales» para adaptarlas a la realidad de estas zonas.

Combatir la exclusión social

Una de las entidades que más detallan sus aportaciones es la Asociación Socio Cultural Alto Jalón, que las divide entre las lanzadas por los mayores y las enviadas por los jóvenes.

En el primer apartado incluyen propuestas como combatir la exclusión social, eliminar la brecha digital, fomentar la ayuda a domicilio, continuar con los programas de televisión y radio sobre el medio rural o impulsar la simplificación administrativa para que las personas mayores no encuentren tantos obstáculos.

En el apartado de los jóvenes, aparecen ideas como que las leyes autonómicas incluyan un estudio sobre el impacto en el medio rural, crear un banco de trabajos de fin de grado o máster relacionados con este sector, fomentar los encuentros interculturales entre pueblos o crear redes de jóvenes emprendedores rurales.

Por su parte, Aragón Despierta se centra en 14 grandes puntos con cuestiones como la transversalidad de la normativa, la necesidad de incentivos fiscales, potenciar el sistema comarcal, más digitalización, incidir en el sector primario o proteger el medio ambiente.

Mientras, desde la Asociación Guarguera Viva lanzan una decena de propuestas. Piden «definir con claridad» qué es el «mundo rural», que el Gobierno de Aragón utilice todas sus «sinergias» para dinamizar este entorno, tratamientos fiscales diferenciados o dar voz a los habitantes afectados en los Espacios Naturales Protegidos.

Finalmente, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural insta a apostar por «el método del desarrollo rural territorial participativo que cuenta con la participación de los agentes rurales como forma de gobernanza», pide también que se precise claramente qué se entiende por mundo rural –reclama que se excluya a las grandes industrias- y propone «dotar legalmente a los habitantes del territorio de capacidad para gestionar de forma sostenible los recursos naturales de propiedad pública».

Junto a esto, hay una serie de aportaciones provenientes de ciudadanos particulares.

Este apartado incluye propuestas muy variopintas como fórmulas para incorporar las parcelas que quedan vacías por problemas de herencias, impulsar «torres de paisaje» sobre la masa forestal como reclamo turístico, apostar por las Educación de Adultos, promover la autoorganización de las personas habitantes del medio rural, impulsar mercados o ferias rurales o bien implantar la mediación como forma de resolución de conflictos.

Siguientes pasos

Una vez concluida la etapa de consulta pública previa, se van a recoger todas las propuestas y decidir cuáles se incorporan al texto. A continuación, se elaborará una memoria justificativa, otra económica y se recabará un informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. También será necesario que informen sobre la normativa la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Servicios Jurídicos. A continuación, se enviará el texto a todos los Departamentos y se aprobará el anteproyecto, que se enviará a las Cortes para su tramitación.

El plan normativo vio la luz el pasado mes de febrero, cuando la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, firmó la orden de inicio del proyecto de ley. Va a ser este Departamento el que lidere la iniciativa dado que su alcance afectará en mayor o menor medida a casi todas las consejerías la Administración Autonómica, que participarán de forma activa en la formulación de propuestas.

Entre los objetivos de la norma está propiciar un nivel de vida digno a la población rural en términos de renta, calidad, y bienestar, combatir la exclusión social derivada de la menor disponibilidad de servicios, incentivar la utilización del patrimonio cultural, etnológico e histórico propio o implantar un procedimiento de simplificación administrativa y burocrática.