Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma con competencias en materia de derecho civil. La reforma del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas fue presentada el martes en el Salón de Plenos de la Comarca del Bajo Aragón de la mano del director general de Desarrollo Estatuario del Gobierno de Aragón, José María Fuster; y el presidente de la Comarca, José Miguel Celma el martes.
Esta reforma llevada a cabo por la Ley 3/2024 tiene como objetivo la adaptación del Código a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre las medidas se suprimen todas las referencia a ‘incapaticación’ y personas ‘incapacitadas’. Esto supone que sean las personas propias quienes ejerzan, siempre que sea posible, conforme a su propia voluntad y preferencias.
Asimismo, desparece la tutela de las personas mayores de edad, así como la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada. En este sentido, la ley aboga por el principio de intervención mínima. No obstante, las personas que se encuentren en situación de requerir medidas contarán con instrumentos que los apoyan y además, se insta a que la familia tenga un papel de función de apoyo.
En cuanto al régimen transitorio, cabe destacar que las anteriores tutelas se sustituyen por curatelas con representación mientras no se modifiquen por el juez, para no generar un escenario de inseguridad o indefensión. Por otra parte, por la misma razón, se mantienen los mandatos y medidas de apoyo previstos, siempre que sean compatibles con la nueva ley. «Nos encontramos ante una reforma del Código Foral Aragonés de una calidad técnica indiscutible, que ha sabido combinar el cambio de paradigma recogido en la normativa internacional en materia de discapacidad con el más profundo respecto por las instituciones tradicionales contempladas en nuestro derecho», explicó Fuster.