El Comité Eléctrico de la Térmica reclamó ayer al PSOE en el Senado apoyo ante la "crítica" situación laboral y social.
Han pasado más de tres meses desde que el ministro de Energía anunció la publicación de un real decreto que alargue la vida de la Térmica de Andorra. Nada se sabe de este documento que se prometió para antes de verano y el sector del carbón continúa con las movilizaciones y acciones de reivindicación.
Cabe recordar que Endesa debe invertir 190 millones de euros para adaptar la Central a la normativa europea de emisiones antes de junio de 2020 y alargar su vida útil. El real decreto aseguraría la inversión al propiciarla a través de distintos mecanismos que podrían ser incentivos a la producción o pagos por capacidad.
Ayer, una representación de cinco miembros de UGT y CCOO del Comité Eléctrico de la central térmica de Andorra, se reunió con el grupo parlamentario del PSOE en el Senado. Trasladaron su inquietud a nivel laboral y también a nivel social al avisar de la repercusión que el cierre de la minería sin alternativas supone para el tejido social.
«En Andorra hemos bajado ya a 7.800 habitantes y esto acaba repercutiendo en maestros, médicos y en todos los servicios», dijo el secretario provincial de UGT en Teruel, Alejo Galve. Por todo ello, la representación andorrana incidió en la necesidad de que se trabaje en una reindustrialización real más allá del año de cierre de la central y que estas acciones se conviertan en el Plan A.
Desde DGA a través de Aragón Exterior se han establecido contactos y conversaciones y en julio se anunció la llegada de una empresa a Albalate del Arzobispo que trabajará en el aprovechamiento del yeso. Supondrá la creación de una treintena de puestos de trabajo para comenzar.
Aunque lo valoran positivamente, en el sector consideran que es insuficiente. «Tiene que llegar una empresa que absorba cien o doscientos empleos, algo potente, porque en cuanto cierre la central en nuestra comarca no hay nada», lamentó. «Si hay empresas catalanas que buscan suelo nuevo, a nosotros nos sobra terreno», invitó.
Apelaron a la responsabilidad política para evitar que la comarca y, prácticamente, la mitad de la provincia de Teruel «se hunda».
La cita en el Senado, que calificaron de positiva, contó los aragoneses Perla Borao, senadora por Teruel, y Juan José Rubio, senador por Zaragoza. También estuvo Graciliano Palomo, senador por Castilla y León, y el riojano Francisco Martínez. «Les hemos dado nuestro compromiso como grupo político y como oposición de seguir ejerciendo toda la presión posible», dijo Borao.
Los socialistas exigen al Gobierno que impida el cierre de centrales térmicas que se alimentan con carbón nacional. Destacaron que su funcionamiento, como energía de respaldo a las de origen renovable, debe tener preferencia sobre las centrales nucleares que están próximas a cumplir su ciclo de vida útil. También sobre las térmicas alimentadas con carbón de importación ya que «resultan un 20% más caro, con el mismo impacto en el cambio climático y de precio muy volátil» y, también, sobre las centrales alimentadas con gas. «Es todavía más caro, con el mismo impacto en el cambio climático y de suministro más inseguro», añadieron.
Para aportar esperanza, tranquilidad y estabilidad a la sociedad, aludió directamente al titular de Energía. «El señor ministro es la única persona que tiene la clave publicando el decreto», aseguró y no ocultó su estupor ante las últimas declaraciones de Álvaro Nadal.
El viernes, antes de un acto en Valladolid, el ministro aseguró que el Gobierno está «muy solo» en la defensa del carbón y reclamó un «posicionamiento claro» del resto de las formaciones políticas. Respecto al decreto, aseguró que verá la luz «en breve».
No obstante, y como mantiene desde el inicio, de no lograr los apoyos políticos, el Gobierno pasará al Plan B mediante la figura del decreto que directo al BOE sin someterse a votaciones.
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