Absueltos los cinco acusados en el juicio de La Herradura

El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha absuelto a los cinco acusados en el juicio de La Herradura, uno de los más dilatados y polémicos de la historia de Caspe. Se trata de María Teresa Francín (exalcaldesa de Caspe entre 1999 y 2011), María Isabel García, (exconcejal del Ayuntamiento entre 1995 y 2011, y desde 1999 teniente de alcalde), Félix Cortes (exconcejal y teniente de alcalde entre 1999 y 2011), Carlos Manuel Miret (arquitecto municipal entre 1985 y 1995, y entre 2001 y 2004) e Isabel Arnal, quien fue secretaria del Ayuntamiento en esos periodos.

Se les imputaba un delito de prevaricación urbanística por permitir la construcción de una central hortofrutícola en el paraje de La Herradura, de especial protección y que está clasificado como «suelo no urbanizable protegido» por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, aprobado en 1987.

En la sentencia explican que la mercantil ‘La Herradura de Caspe S.L’ se constituyó en enero de 1998, quedando designados como administradores conjuntos Mariano Gómez Callao (que también era concejal en ese momento, además de haber ejercido como alcalde y vicepresidente de la DPZ, perteneciente al PSOE), Luis Ros Peralta, Santiago Soler Salas y Vicente Jesús Sancho Baixeras. Dicha mercantil, formuló una solicitud ante el Ayuntamiento de Caspe para el otorgamiento de la licencia de obras.

Tanto la exalcaldesa como los exconcejales pertenecían al mismo partido político (PSOE), y siempre han negado, durante los distintos juicios, la prevaricación y han presentado pruebas y testigos.

La sentencia establece que, en el caso del equipo de gobierno y la secretaria, no se ha acreditado que lo hicieran «conociendo que la parcela estuviera ubicada en terreno clasificado como paraje protegido», y que tampoco se ha justificado que los acusados prescindieran, «con pleno conocimiento», de las normas del PGOU de Caspe.

Los hechos se remontan a los años comprendidos entre 1999 y el 2009 y los cinco acusados se han enfrentado a penas que llegaban hasta los dos años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, y unas multas de un mínimo de dieciocho meses con posible privación de libertad.

Once años de juicio

El caso de La Herradura ha estado abierto y sin una sentencia desde el 2008, cuando una asociación decidió denunciar a una veintena de personas al conocer la existencia de estas actuaciones, que llevaban llevándose a cabo desde el año 2002, y que consideraban «ilegales».

Los parajes denominados como La Herradura y La Magdalena, áreas de alto valor cultural y «de gran significación ambiental» según la acusación, vienen definidos por el  Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Caspe como ‘suelo urbanizable protegido’. Su régimen era, por tanto, regulado como uso característico, el cultural, y como uso complementario, las excavaciones arqueológicas o paleontológicas, y como usos prohibidos, cualquier uso restante, en especial, los vertidos.

Además, como régimen de edificación se consentían trabajos de restauración y consolidación en las áreas de interés paleontológico y de plantación de árboles. En 2002 la sociedad mercantil ‘La Herradura de Caspe S. L.’ pidió al Ayuntamiento caspolino la concesión de licencia municipal de obras para construcción en esta ubicación. Concretamente, querían edificar una central hortofrutícola, con un presupuesto de más de 156.000 euros. El consistorio dio luz verde, a través del arquitecto municipal (Carlos Miret) de este proyecto.

En un principio fueron acusadas hasta una veintena de personas, pero en el banquillo se han sentado al final solo cinco de ellos. Así se cierra uno de los juicios más polémicos y dilatados que han tenido lugar en la Ciudad del Compromiso.