El acuerdo por el superávit de los ayuntamientos no convence

Lejos de disiparse, la polémica continúa en torno al último acuerdo sellado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el que se permite a los municipios invertir su remanente, pero con estrictas condiciones. Una polémica que ya se inició el lunes cuando se aprobó en el seno de la Federación gracias al voto de calidad del presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Según este acuerdo, los municipios podrán acceder al reparto de un fondo dotado con 5.000 millones de euros con la condición de que presten sus ahorros al Estado. El compromiso del Gobierno central es devolverlos en 10 años desde 2022. «Si algún Ayuntamiento encuentra beneficioso tener 15 años, puede elegirlo, pero el plazo es de 10 años», aclaró Caballero.

No convencen las condiciones de este Real Decreto-ley 17/2020 sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones. Las administraciones que han hecho una gestión eficaz de los fondos públicos a lo largo de los últimos años tienen ahora que prestar sus ahorros al Estado si quieren disponer de ellos en las próximas anualidades. En caso de negarse, puesto que el préstamo es voluntario, la administración que lo haga seguirá teniendo ese remanente pero la imposibilidad de invertirlo seguirá vigente.

Por otra parte, los ayuntamientos que no han ahorrado ni un euro o están endeudados -como la capital aragonesa-, no podrán acceder a este fondo de 5.000 millones puesto que no va a aportar nada al mismo. Esta situación ha despertado el rechazo de la ciudad y hay unanimidad de todos los grupos municipales de Zaragoza (PSOE, PP, Cs, Zaragoza en Común, Podemos y Vox) que rechazan el acuerdo. El alcalde convocó a una reunión telemática a todas las alcaldías afectadas a nivel nacional y alcaldías de ocho partidos diferentes de ciudades de toda España se han unido en su rechazo.

En el territorio, municipios como Caspe o Andorra tienen ahorrados 10 y 5 millones de euros respectivamente. Un dinero acumulado de años que llevan legislaturas sin poder invertir porque, en caso de hacerlo, incumplen la regla de gasto (es decir, que los ingresos sean equivalentes a los gastos en el presupuesto anual de cada municipio).

La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles (PSOE), opina que los ayuntamientos que «han hecho los deberes» tendrían que poder emplear su superávit a libre disposición. En las arcas caspolinas hay más de 10 millones ahorrados y necesidades prioritarias como una potabilizadora (8 millones) y un cambio de luminarias (1,5) que pueden acometer sin endeudarse. «Entendemos que haya consistorios que lleven a cabo esta medida pero nosotros no podemos dejar a los caspolinos sin proyectos tan importantes como estos, que además ayudarán a proporcionarles servicios básicos que se llevan pidiendo desde hace años», señala el concejal de Hacienda, José Manuel Jariod. «Todas estas iniciativas ya están muy adelantadas y no podemos volver atrás, nos parece una buena medida pero tenemos nuestro remanente de tesorería prácticamente comprometido en su totalidad». En este sentido, Jariod considera que es una decisión complicada y más teniendo en cuenta la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limita los movimientos de Ayuntamientos como el de Caspe: «Se está castigando a consistorios como el nuestro que lo estamos haciendo bien, deberían cambiar esta legislación lo antes posible».

En Andorra optan por la cautela y por leer bien la letra pequeña a la hora de valorar el acuerdo. Su alcalde, el también socialista Antonio Amador, confía en que las actuaciones en las que se permitirá a los ayuntamientos emplear su dinero- agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura- no sean rígidas y permitan contemplar las necesidades de los municipios rurales como los de Teruel. Eso sí, siempre con una regulación para que no se cometan excesos. «Ese criterio de sostenibilidad social y económica está bien aplicarlo pero la realidad de los pequeños municipios es que necesitan gastar su dinero en actuaciones que realmente ayuden a mejorar la vida de quienes son los responsables de ese dinero, los ciudadanos», opina Amador.

El dinero que recibirán deberá ir para invertir en cuestiones que el PP ya apuntó que son muy alejadas de la realidad rural. Con estas condiciones, el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, pone sobre la mesa la posibilidad de la salida de la capital del Matarraña de esta Federación. «Salvo Teruel y Alcañiz en la provincia, ¿qué pueblos tiene líneas urbanas o carriles bici?», se pregunta antes de plantear otra cuestión: «¿Qué sentido tiene que prestemos los ahorros y nos quedemos sin nada cuando tenemos necesidades imperiosas como reparar daños todavía de la borrasca Gloria?». Recordó que si quiere reconstruir el pabellón hundido tiene que pedir un crédito de 600.000 euros «siendo un Ayuntamiento con 900.000 euros de remanente». Añadió que este dinero es el que da liquidez a un Consistorio, «el que permite pagar nóminas, facturas, a proveedores o subvenciones».

Para el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, «este acuerdo es una auténtica barbaridad» argumentando que se trata de un trabajo que han hecho alcaldías y corporaciones «durante años». En las arcas alcorisanas disponen de alrededor de un millón de euros de remanente. Invirtieron unos 170.000 del superávit de 2019 para reparar destrozos de la borrasca, una cantidad insuficiente. «Fuimos uno de los pueblos más perjudicados y no han llegado subvenciones de nada», lamenta el popular que tampoco comparte la manera de repartir el millón de euros aprobado en la Diputación de Teruel ya que equipara a partes iguales borrasca y covid cuando hay poblaciones «muy afectadas tidavía por el temporal».

En localidades como Castellote no disponen de remanentes para acceder a estas ayudas. Su alcalde, Ramón Millán, tira de empatía con sus homólogos ante lo que considera «un mal acuerdo». Para el aragonesista, que la Federación haya llegado a este acuerdo sólo evidencia que «no representa a los municipios». Considera que no es un buen pacto con lo que se conoce hasta ahora, ya que tiene muchos flecos sueltos. «Eso de que se devolverá en los plazos que dicen no lo sé… Me da la sensación de que este acuerdo no está bien atado y es lo básico», añadió. «Al final, se traduce en un préstamo del pequeño al grande y creo que la oposición debería rebelarse», concluye.

La oposición en desacuerdo

El PP anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El lunes ya expresó su rechazo, lo mismo que Ciudadanos que ayer además registró una proposición no de ley en las Cortes que insta al Gobierno aragonés a rechazar el acuerdo.

Ayer fueron el PAR o CHA, los que emitieron su parecer. Los aragonesistas mostraron «su rotunda oposición al acuerdo por el cual los ayuntamientos deben prestar sus remanentes al Gobierno central». El portavoz del Grupo del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, indicó, que «no existe nadie mejor que los propios ayuntamientos para saber a qué se deben dedicar los remanentes que han conseguido a lo largo de los últimos años. Nuestros pueblos han hecho un esfuerzo muy importante para conseguir sus remanentes. No es justo que ahora pierdan dichas cuantías». De «mal acuerdo» lo tachó Alberto Izquierdo que recordó que se consiguió por el voto de calidad del presidente, algo muy alejado de los grandes consensos. Pidieron que «no se piense sólo en las grandes ciudades».

De «ataque a la autonomía local» tachan este acuerdo desde Chunta Aragonesista si no se respeta que los ayuntamientos puedan «hacer uso de sus ahorros sin condiciones para su destino». El Secretario de Política Local de CHA, Miguel Jaime, señala que las entidades locales llevan años «siendo ejemplo de buena gestión», pero desde el Gobierno «se les sigue tutelando, y el colmo es que tengan que financiar al Estado para que se les permita usar su remanente sólo en las materias que el Gobierno decida, y para que en Madrid equilibren sus cuentas con el dinero de los municipios», dice. CHA valora positivamente otras cuestiones incluidas como la prórroga del destino del superávit de 2019 a inversiones financieramente sostenibles, la exención de la regla de gasto en el ejercicio 2020, y las medidas de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero.