La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó este lunes el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit. El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado recibirán una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido y el estado les devolverá los casi 14.000 millones que le prestan en diez años desde 2022. Además, no tendrán que cumplir con la regla de gasto en 2020.
La propuesta rompió el tradicional consenso en el seno de la FEMP debido a que solo se contó con el voto favorable del PSOE, lo que provocó un empate roto por el voto de calidad del presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. La abstención de IU-Podemos, que estuvo negociando hasta el último momento, propició el empate al compensar los 12 votos del PSOE frente a los 12 en contra del PP, Cs y PdeCat. La mayor controversia suscitada es el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes.
El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide usar sus remanentes de tesorería, la conocida como «ley Montoro». El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los PGE de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una «resolución política» de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticas.
Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un «seguimiento detallado» en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.
El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del 100% de lo entregado en diez años, a partir de 2022.
Los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros. En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.
Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.
Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.
Disparidad de opiniones
La valoración del acuerdo de la FEMP con el Ministerio de Hacienda es desigual dependiendo del partido al que pertenece cada alcalde. El primer edil de Alcañiz, Ignacio Urquizu, valora que los asuntos en los que los ayuntamientos podrán gastar su dinero sean en los que ya está trabajando su Ayuntamiento como la movilidad sostenible. «Es verdad que no se pueden emplear en todo lo que quisiéramos pero tiene que haber un poco de condicionalidad para que no ocurra como con el Plan E, que no se empleó de forma correcta», afirma. Cita proyectos que encaminen la ciudad a un modelo más sostenible como un acceso a las piscinas municipales desde el campo de fútbol y un proyecto de digitalización para que la red pública de fibra óptica se amplíe a más edificios municipales y calles. De esta forma se podrían implantar, por ejemplo, las papeleras y contenedores digitales.
Su homóloga en Caspe, Pilar Mustieles (PSOE), también opina que los ayuntamientos que «han hecho los deberes» tendrían que poder emplear su superávit a libre disposición. El caspolino, por ejemplo, tiene más de nueve millones ahorrados que, de poderlos emplear, financiaría una potabilizadora (8 millones) y un cambio de luminarias (1,5) sin endeudarse.
De «solución intermedia» la calificó el alcalde de La Puebla, Pedro Bello (IU-Ganar) para quien el camino debe ser «seguir en la lucha por la derogación de la ley Montoro». «El punto en el que nos encontramos da un contexto diferente con una pandemia histórica y las preguntas habría que hacerlas de otra manera y quizá es mejor un pequeño avance», valoró.
Una visión diferente tienen en el Partido Popular. Los populares hablan de que la propuesta del Ministerio de Hacienda está «incautando» los remanentes de los ayuntamientos a cambio de una cuantía muy inferior al montante que asume el Gobierno y que supone un grave perjuicio para los consistorios de la provincia de Teruel. Alerta de que esta decisión es todavía mucho más dañina para el medio rural ya que el superávit solo se puede invertir en áreas que, en muchos casos, no son las prioritarias para los pequeños municipios. «Nos gustaría poder disponer libremente de nuestro dinero. Tenemos ahorrados 820.000 euros que para un ayuntamiento con un presupuesto de 2,3 millones es mucho dinero», afirma la alcaldesa de Albalate, Isabel Arnas, quien por ejemplo tuvo que pedir un crédito sin intereses a la caja de la Diputación para asumir los derribos del cantón Curto pese a contar con ahorros.
De «propuesta-trampa» la califican en Ciudadanos. «El Gobierno nos está dando la espalda. Necesitamos los ahorros de los ayuntamientos, que son los ahorros de los turolenses, para salvar empleos y ayudar a nuestros vecinos», indicó el portavoz en Teruel y diputado provincial, Ramón Fuertes.
Especialmente crítico se mostró, de igual modo, el alcalde de Valderrobres Carlos Boné quien anunció que de no reconsiderar esta decisión, abandonarán la FEMP. Acusó a los socialistas y especialmente al presidente de la Federación, Abel Caballero, alcalde de Vigo, de «anteponer» los intereses de partido a los de los municipios. «Hemos asistido a un atraco en toda regla. La Federación se creó para defender los intereses de los municipios y no de los partidos ni del gobierno. Por lo tanto no sé qué interés podemos tener en pagar unas cuotas a una federación que ya no nos representa», explicó Boné.
El primer edil, cuyo consistorio cerró el pasado ejercicio con un remanente de 900.000 euros, añadió que la decisión está tomada de espaldas al medio rural y a los pequeños municipios. Argumentó que no solo se perjudica a los ayuntamientos que «han hecho bien los deberes» si no que «se condena» a los que no tienen las cuentas saneadas puesto que no podrán optar a ninguna ayuda. Boné aprovechó para recordar que en el caso de los municipios afectados por los daños de la borrasca Gloria, van a tener que afrontar una situación más delicada, si cabe. «Nosotros vamos a tener que hacer una inversión de más de 600.000 euros para reconstruir un pabellón que se hundió por el histórico temporal Gloria. No solo no nos han llegado las ayudas prometidas si no que con esta normativa nos condenan a llevar a cabo unos pasos que son totalmente incomprensibles», concluyó Boné.
Esto hay que estudiarlo con calma. Con un funcionario de Madrid o Zaragoza pensando, hay que estar atento. Son tan tontos que nunca sabes por dónde te van a salir.