El Ayuntamiento de Calanda gana la demanda de la empresa pakistaní que le pedía 8 millones

El Ayuntamiento de Calanda ha ganado la demanda que le interpuso la empresa pakistaní Yasin Pannu en 2023 y no tendrá que pagar los 8 millones de euros que le reclamaba por «incumplir las condiciones pactadas» para instalar una planta de fabricación de bloques de hormigón y cemento en la localidad. El alcalde, Alberto Herrero, trasladó la resolución judicial en el pleno ordinario del jueves. «Cuando escuché la sentencia, respiré profundamente porque había mucha preocupación en este consistorio. Lo contrario nos hubiera dejado en una situación muy compleja. Estamos de enhorabuena todos los calandinos porque se han defendido nuestros intereses», expresó.

No obstante, el Ayuntamiento tendrá que pagar los servicios jurídicos, 82.000 euros más el IVA, ya que no puede reclamar las costas «porque no se recurrió la primera demanda». En el presupuesto de 2025 se había contemplado una partida de unos 25.000 euros, sin embargo, ante «la sorpresa del importante aumento», el alcalde pidió a la oposición estudiar conjuntamente qué obra de las previstas para este año se puede aplazar. El portavoz del PSOE, José Ángel Galve, respondió afirmativamente que solicitarían una reunión con el equipo de Gobierno «para encontrar la solución más conveniente para el municipio».

Herrero agradeció también la «excelente labor» del abogado Agustín Comín, quien presentó «más de 3.000 folios de recurso». Sobre la empresa Yasin Pannu, explicó que «había actuado con muy mala fe» y les tildó de «sinvergüenzas, jetas y caraduras».

«Una empresa que dice que quiere instalarse en el municipio, pero que pasan meses y meses y no da señales de vida da muy mala sensación. Iba a hacer una gran inversión y a la primera de cambio no pudo pagar los 35.000 euros de alquiler de unos terrenos en la zona de las Lomas. Sin embargo, todas las alarmas me saltaron cuando el ingeniero encargado del proyecto, José Luis Terreros, me llamó para decirme que no habían cobrado y que les habían demandado. Después, el club de baloncesto de Utebo nos avisó de que a ellos les habían prometido subvencionarles y, a última hora, no lo habían hecho, dejándoles un agujero», contó Herrero. «Luego resultó que ni tenían empresa, ni estructura, ni desarrollo en Omán, que es lo que vendían», añadió.

300.000 euros de DGA y DPT

El alcalde remarcó que Yasin Pannu no ha recibido «ni un euro» de las arcas municipales. Sin embargo, otras administraciones sí que invirtieron 300.000 euros en obras para facilitar la instalación de la empresa en unos terrenos de la zona de las Lomas, a la salida de la localidad hacia Alcorisa. Concretamente, la Diputación de Teruel destinó 100.000 euros para la subida de aguas y el Gobierno de Aragón, a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), 200.000 euros para la electricidad.

De hecho, fue DGA, entonces gobernado por el cuatripartito PSOE, Podemos, CHA y PAR, quien -a través del organismo Aragón Exterior (Arex) para captar inversión extranjera- estuvo más de un año trabajando con Yasin Pannu para que se ubicara en la comunidad. El proyecto se presentó públicamente en mayo de 2019 en Zaragoza, antes de las elecciones. Se trasladó que la empresa pakistaní iba a invertir 5 millones de euros en una cantera de extracción de áridos y gravas con la que crearía 15 puestos de trabajo directos en la fase inicial, que después se ampliarían hasta 35 con la construcción de una planta para fabricar bloques de hormigón y cemento.

En este sentido, Herrero recordó que el proyecto lo había heredado del alcalde saliente, José Ramón Ibáñez (PSOE). El portavoz socialista, José Ángel Galve, comenzó su intervención subrayando que el PSOE de Calanda «no tiene ninguna responsabilidad en este tema», algo que volvió a repetir tras la réplica del alcalde. «Cuando usted entró como alcalde las relaciones entre Ayuntamiento y empresa se torcieron y acabó con una demanda al Ayuntamiento presidido por usted. Desde el PSOE de Calanda lamentamos que la situación se complicara y acabara en los juzgados, pero desconocemos los motivos que motivaron a esta empresa a poner la denuncia», subrayó Galve.

Asimismo, el socialista le recriminó a Herrero que «no pusiera ningún reparo en 2019» y que «el PP -al igual que el PSOE- votara en pleno a favor de las aceptaciones de las subvenciones». El alcalde le contestó que si hubiera dicho que no a un proyecto que no venía de su parte, «le habrían culpado de que no se llevara acabo». Respecto a las subvenciones aclaró que se pidieron porque «eran al 100%»; de modo que «se iba a llevar agua y electricidad a coste cero a un punto que también podía beneficiar al circuito de motocross e, incluso, a otros proyectos de carácter más empresarial».

Juez de paz

En el pleno del jueves, que se alargó más de dos horas y media, también se designó al nuevo juez de paz, Marcelo Meléndez; y al suplente, Víctor Esquín. «Os quiero desear suerte en esa labor de mediar con los vecinos ante posibles problemas. Es muy positivo para el municipio que haya personas que quieran dedicar su tiempo a una función tan loable e importante», señaló Herrero, quien también quiso dar las gracias al que ha sido nueve años el juez de paz, José Emilio Monzón; y al suplente, Miguel Ángel Aguilar.

También en esta sesión plenaria se aprobó por unanimidad la implantación de las composteras del proyecto que ejecuta la Comarca del Bajo Aragón. Se le cedió a esta última el uso de los siete terrenos donde se van colocar sendas composteras por un periodo de 50 años. El Ayuntamiento ya había dado luz verde a este trámite, sin embargo, tanto los técnicos municipales como los comarcales decidieron cambiar varias ubicaciones a las partes más extremas de la localidad «ante el desconocimiento de cómo van a funcionar las composteras y el posible olor que pudiera darse». Los emplazamientos son los siguientes: calle Diputación Provincial, plaza Manuel Mindán, calle Santa Cruz, calle Herradura, calle Agustín Plana Sancho, calle Pablo Gasque y paseo Alcañiz.