La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel ha expresado su «profunda preocupación» por la reducción del proyecto del Nudo Mudéjar en Andorra, al considerar que supone «un importante retroceso» para las expectativas de reindustrialización del territorio. La entidad advierte de que la potencia prevista pasa de cerca de 1.200 MW a poco más de 400 MW, una rebaja que, a su juicio, afecta de forma directa al desarrollo económico, al empleo y a la fijación de población en la zona.
La organización sostiene que el recorte «no es solo una cuestión energética», sino un golpe a una comarca que esperaba una alternativa real tras el cierre de la central térmica. A ello suma la incertidumbre sobre los 800 MW todavía pendientes de adjudicación dentro de un concurso ya resuelto, que, según defiende, deberían asignarse a empresas que ya licitaron para no seguir alargando un proceso que acumula retrasos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, subraya la dimensión del recorte: «Tenemos que recordar que a través de presentar unos proyectosç se adjudicó 1200 megavatios, de los cuales dicen que solo van a ejecutar 400, con lo cual hay 800 que se quedan fuera. Eso es uno de los principales motores para que pudiera venir industria a la zona de Andorra».
A esa pérdida de capacidad energética suma la falta de ejecución de las ayudas comprometidas. «Vemos que en los fondos europeos de transición justa había cerca de dos mil millones de euros. Vemos que no se está ejecutando nada e incluso algunas empresas están devolviendo aquellas adjudicaciones que tenían. Con lo cual, lo que vemos es que esta transición que se había planteado como una transición justa se está convirtiendo en una transición injusta», afirma Santa Isabel.
La Cámara enmarca este proyecto como uno de los principales pilares sobre los que debía asentarse la Transición Justa en la cuenca minera turolense y advierte de que su reducción implica una menor capacidad de atracción de inversiones, la caída de proyectos industriales asociados y una reducción del impacto previsto en el empleo. Santa Isabel recuerda además que inicialmente se hablaba de 600 empleos y añade que ahora ese horizonte se reduce, junto con la incertidumbre sobre el acompañamiento social y formativo previsto.
Sobre la salida para los megavatios pendientes, el presidente de Cámara Teruel rechaza volver a empezar el procedimiento. «Lo que propone Cámara es que no volvamos a otro concurso porque, evidentemente, eso es lo único que va a hacer dilatar en el tiempo», sostiene. Y añade: «Consideramos que lo que se debe hacer es que, como había más empresas que se habían presentado, que miren qué empresas cumplían estos objetivos y que se les aplique la posibilidad de que continúen ellos».
Santa Isabel insiste además en que el problema no es solo la pérdida de potencia, sino el retraso acumulado. «Lo que no podemos esperar es un nuevo concurso, volver a ver que se vuelvan a presentar proyectos y, evidentemente, esto lo que va a hacer es dilatarlo en el tiempo», afirma. En esa misma línea, recuerda que los fondos de transición justa «acaban en el 2029» y advierte de que «hacer un proyecto empresarial no se hace en poco tiempo, necesitas unos años para consolidar y para poder ejecutarlo».
La Cámara también alerta de que la falta de energía disponible puede dejar fuera a Andorra de futuras implantaciones empresariales. «Si no tenemos energía es muy difícil que llegue industria a esa zona», señala Santa Isabel durante la entrevista, en la que remarca que la energía y las comunicaciones son elementos básicos para que la inversión privada se instale en el territorio.
El presidente de la entidad vincula además este escenario con el deterioro demográfico. «Ya hemos sufrido una despoblación en Andorra. Los números que manejamos es que ha perdido casi mil personas de población, con lo cual o se toman medidas urgentes o, evidentemente, va a ser muy difícil remontar esto», afirma.
En esa misma intervención, Santa Isabel insiste en que el proyecto era decisivo para cambiar la dinámica económica de la zona. «Sin este proyecto es imposible que tengamos industria», asegura. Y añade que Andorra «ha sido históricamente industrial» y que la central térmica fue «un motor económico en la provincia de Teruel, no solo por el empleo que generaba sino por los impuestos que pagaba también».
Además, reclama que la respuesta institucional llegue con la misma rapidez con la que se ejecutó el cierre de la térmica. «Si realmente interesa tanto y hubo tantas prisas en desmantelar la central térmica, pues que yo creo que lo que se espera son las mismas prisas para que volvamos a poder generar esos megavatios y podamos tener empresas industriales en la zona», sostiene.
La Cámara también pone el foco en las infraestructuras comprometidas y en la necesidad de acompañar el desarrollo industrial con mejores conexiones. En la entrevista, Santa Isabel cita expresamente la A-68 y recuerda que «para que la industria llegue a una zona lo que tenemos que intentar es facilitar al máximo, y la parte de la Administración pasa principalmente por vías de comunicación y por energía».
La entidad insiste en que la provincia de Teruel, y en particular Andorra y su entorno, no pueden permitirse «una transición incompleta» después de décadas contribuyendo al sistema energético nacional. Por ello, solicita el cumplimiento íntegro de los compromisos vinculados al proceso de Transición Justa, la reorientación y refuerzo de los fondos hacia proyectos industriales reales, la activación urgente de nuevas oportunidades ligadas a la energía, la industria y la innovación, y una mayor coordinación entre administraciones para evitar que decisiones no alineadas frenen el desarrollo del territorio.
La Cámara concluye reiterando su disposición a colaborar con las administraciones públicas y con los agentes implicados para impulsar soluciones que permitan transformar la situación en una oportunidad real. «Porque la transición justa no puede ser una expectativa: debe ser una realidad tangible para el territorio», remarca.