Los Ayuntamientos de Caspe, Maella, Fabara y Nonaspe presentarán alegaciones a la solicitud para explorar la posibilidad de inyectar CO₂ en una zona de 17.876,6545 hectáreas que afectaría a los cuatro municipios. Todos los alcaldes han afeado la falta de información que se han encontrado y han recalcado que se han enterado de esta petición a través de los medios de comunicación.
El mensaje más repetido ha sido el de precaución ante la ausencia de datos concretos, por lo que ninguno se ha aventurado todavía a denunciar el posible estudio geotécnico que implicaría la aprobación de la solicitud. Nonaspe ha sido el primer consistorio en presentar sus alegaciones y los otros tres ayuntamientos esperan hacerlo una vez recaben más información. «Hemos pedido a la dirección general una copia del expediente, que estudiaremos con nuestro técnico municipal y, si es necesario, con una empresa especializada para estudiar los posibles efectos», ha adelantado la regidora maellana, Mireia Bondía.
Las cuatro localidades coinciden en que este proyecto todavía estaría lejos de materializarse en el territorio y recuerdan que en el Maestrazgo ya se consiguió parar la llegada de una iniciativa que planteaba que la comarca almacenara dióxido de carbono en su subsuelo. «Inicialmente sus condiciones eran incluso más favorables que las del Bajo Aragón-Caspe. Hay que estar vigilantes para que no se nos pasen los plazos para presentar alegaciones, pero todavía es pronto», ha señalado el alcalde de Fabara, Juan Jesús Villalba.
Por su parte, Ana Jarque, alcaldesa de Caspe, y Fernando Taberner, alcalde de Nonaspe, coinciden y añaden que pese a desconocer los efectos negativos que puede implicar el proyecto, tampoco repercute en ningún beneficio para los municipios.
Un año para resolver
Desde la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de Aragón, se ha abierto un periodo de dos meses para presentar precisamente las alegaciones pertinentes.Una vez terminado ese plazo no se admitirán nuevas solicitudes sobre la misma superficie hasta que se resuelva el procedimiento. La ley establece un plazo máximo de un año para resolver la solicitud del permiso de investigación.
Si se concediera el permiso, la empresa beneficiaria podría investigar el subsuelo para determinar si la zona reúne las condiciones necesarias para almacenar CO₂ de forma segura. Al encontrarse toda la superficie solicitada dentro de Aragón, la competencia para otorgar este permiso de investigación corresponde a la Comunidad Autónoma.
El proyecto lleva por nombre el título ‘Caspe-Mayals’ y está impulsado por Carbon Storage Caspe, SL, empresa que tiene su sede social en Estepona (Málaga). Estos datos también han generado cierta sorpresa en la zona dado que su nombre podría hacer pensar que se trata de una entidad vinculada al territorio. Entre los aspectos más críticos que se han conocido hasta la fecha, destaca la proximidad que este depósito de CO2 tendría con las poblaciones. En concreto, estaría situado a tan solo 600 metros del centro del núcleo urbano de Fabara, a 1,3 kilómetros al sur en el caso de Maella, a 2,6 kilómetros al oeste de Caspe; y a 5,5 kilómetros al este de Nonaspe.