Carbon Storage Caspe, SL, con sede social en Estepona (Málaga), ha presentado una solicitud para explorar la posibilidad de inyectar CO₂ en una zona de 17.876,6545 hectáreas que afecta a los términos municipales de Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, bajo el nombre de 'Caspe-Mayals'. El subsuelo que se pretende analizar está situado a tan solo 600 metros del centro del núcleo urbano de Fabara. En el caso de Maella, se encuentra a 1,3 kilómetros al sur; en Caspe, a 2,6 kilómetros al oeste; y en Nonaspe, a 5,5 kilómetros al este.
Si se concediera el permiso, la empresa beneficiaria podría investigar el subsuelo para determinar si la zona reúne las condiciones necesarias para almacenar CO₂ de forma segura. Al encontrarse toda la superficie solicitada dentro de Aragón, la competencia para otorgar este permiso de investigación corresponde a la Comunidad Autónoma. Una eventual concesión posterior para almacenar CO₂ requeriría un procedimiento diferente y corresponde al MITECO.
La publicación en el Boletín Oficial de Aragón abre ahora un plazo de dos meses en el que el propio solicitante puede presentar mejoras, otras empresas pueden formular ofertas en competencia y quienes consideren perjudicados sus derechos pueden presentar oposición. Una vez terminado ese plazo no se admitirán nuevas solicitudes sobre la misma superficie hasta que se resuelva el procedimiento. La ley establece un plazo máximo de un año para resolver la solicitud del permiso de investigación.
En caso de existir varias ofertas, la adjudicación no depende únicamente de la propuesta económica. La normativa establece criterios objetivos entre los que figuran la cuantía de las inversiones, la rapidez de ejecución del programa y las características técnicas e idoneidad del proyecto. La empresa seleccionada obtendría el permiso de investigación, no una concesión para almacenar CO₂.
Los estudios deben permitir conocer la estructura del subsuelo, las características de las rocas, la presencia de acuíferos, posibles fallas y la capacidad de almacenamiento, así como evaluar el riesgo de posibles fugas. Si los resultados demuestran que la formación geológica es adecuada, sería necesario iniciar posteriormente otro procedimiento para obtener una concesión de almacenamiento. Solo tras conseguir las autorizaciones correspondientes podría desarrollarse una instalación en la que el CO₂ sería inyectado a gran profundidad mediante pozos y quedaría confinado en los poros de las formaciones rocosas.
Una eventual concesión de almacenamiento tendría una duración máxima inicial de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años. La legislación contempla además, bajo determinadas condiciones, una prórroga excepcional adicional de hasta diez años.
Un proyecto que ya se analizó científicamente
La zona que ahora se estudia lleva años siendo señalada como un punto potencialmente favorable para esta práctica. El subsuelo ya había sido identificado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como una de las estructuras con potencial para el almacenamiento geológico de CO₂ en la cuenca del Ebro.
A nivel geológico, el principal interés se encuentra en las areniscas del Buntsandstein, unas formaciones con millones de años de antigüedad que pueden presentar poros capaces de albergar fluidos en profundidad. Los sondeos que publica el IGME constatan la presencia de este tipo de formaciones en la zona que se quiere investigar. Según los estudios previos, el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe podría albergar hasta 42 millones de toneladas de CO₂.
Aun así, la evaluación debería contemplar la porosidad y permeabilidad de las rocas, su capacidad de almacenamiento y la existencia de una capa impermeable que actúe como sello. También deberán localizarse fallas, fracturas y antiguos pozos que puedan facilitar posibles fugas. Los estudios tendrán que evaluar los acuíferos y las aguas subterráneas, la presión que soportan las formaciones, la sismicidad de la zona y las reacciones químicas del CO₂ con las rocas. Finalmente, modelos tridimensionales permitirán simular cómo se comportaría el CO₂ una vez inyectado.
Un proyecto similar en el Maestrazgo
No es la primera vez que un proyecto de estas características se plantea para el Bajo Aragón Histórico. En 2025, la empresa estadounidense Nexwell solicitó un permiso de investigación con el fin de explorar la posibilidad de desarrollar un gran almacén de dióxido de carbono (CO₂) en el subsuelo de la comarca del Maestrazgo.
La solicitud abarcaba un área de 13.534 hectáreas bajo los términos municipales de Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Cantavieja y Cañada de Benatanduz, y despertó una importante oposición social y política. El objetivo era, en ese momento,
