Correos prepara movilizaciones en junio en contra de los recortes

Los sindicatos denuncian la eliminación de 180 millones en dos años en los PGE

Correos, un servicio público desde hace más de tres siglos, llevará a cabo movilizaciones en junio. El personal lo hará como protesta ante los 57 millones de euros que contempla el borrador del Gobierno Central para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Cantidad insuficiente que los sindicatos denuncian que representa el segundo recorte consecutivo a la financiación del servicio postal universal. Reclaman a Fomento que asigne 230 millones que serían necesarios para un correcto servicio al que obliga la ley.

«Nos temíamos lo peor y se ha cumplido al ver el recorte de 60 millones en el borrador. Parece una cifra pequeña pero se une a otro recorte de 120 millones del año pasado», denuncia la secretaria provincial de CCOO Correos en Zaragoza, Susana Lamarca.

«Si Fomento no financia de forma correcta, Correos no puede satisfacer las necesidades de personal y, además, se plantea un futuro temeroso porque tampoco hay dinero para crear un proyecto de viabilidad», añadió su homónimo en Sindicato Libre, Ricardo Morales.

Los sindicatos calculan que estas medidas afectarán a un conjunto de plantilla de 51.000 empleados. Recuerdan que ya se han perdido más de 15.000 empleos en todo el país de los cuales, casi 1.000 pertenecen a Aragón. Aseguran que la falta de financiación hace que se vaya amortizando la plantilla, ya sea a través de jubilaciones o cambiándose a otros ministerios.

«Ni siquiera la consolidación de empleo del año pasado amortiza la gran pérdida. Fueron 1.600 plazas pero de Aragón solo 60, así que no compensa la pérdida de casi 1.000 en los últimos 10 años», comentó Lamarca.

La situación afecta a toda España y por eso las movilizaciones se están planteando al mismo nivel y de manera unitaria entre CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre con el 85% de la representación sindical en Correos, a nivel nacional.

Además de la restitución de la financiación, piden no ser utilizados como «moneda de cambio» que garantice la aprobación de los PGE. Tampoco que se paralicen y haya prórroga que complicaría la situación.

Un servicio obligado por ley

Los carteros y carteras son las personas que a día de hoy, y pese a los planes gubernamentales, continúan llegando a todos y cada uno de los pueblos por muy inaccesibles que sean. La Ley del Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal obliga a Correos al reparto de comunicación cinco días a la semana en todas partes.

Así pues, recuerdan que el Estado «tiene la obligación» establecida por esta misma vigente Ley de financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, «un servicio público que, de otra forma, se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos».

Cabe destacar que gran parte de los pedidos y compras que se efectúan a través de internet son entregados por el personal de Correos. «Para justificar las cifras se escudan en el descenso de las cartas, algo que no dudamos, pero el auge de la paquetería es espectacular», añadió Morales. «Tenemos una serie de envíos que hay que cumplir en plazos y calidad y para eso necesitamos plantilla», comenta.

Desde CSIF recuerdan que por el cumplimiento de la mencionada ley, Correos es el único servicio que llega a todos los rincones. Se trata pues de una actividad deficitaria de la que las empresas privadas de reparto no se hacen cargo. Cuando se presenta un envío a una población lejana o con ciertas dificultades de acceso, colocan el sello y la envían a través de Correos, que sí que se ocupará de que llegue.

En el Bajo Aragón Histórico

Las seis comarcas del Bajo Aragón Histórico están cubiertas con las rutas y el personal de las siete oficinas técnicas a las que se añaden las auxiliares que dependen de ellas Las principales son Alcañiz, Alcorisa, Calanda, Andorra, Híjar, Valderrobres y Caspe. En el caso del Maestrazgo, parte del territorio se cubre con el servicio de Correos que llega desde Teruel o desde Montalbán, como sucede con la parte de Villarroya de los Pinares. Se incluyen además las rutas circulares que, en el caso de Alcañiz por ejemplo, abarca incluso a La Fresneda, en el Matarraña.

Desde los sindicatos estiman que 16 millones de personas de pequeñas y medianas ciudades, se verán afectadas por estos recortes ya que empeorará el servicio público prestado en regularidad y en extensión. Así pues, «se corre el riesgo de dejar de recibir el correo cinco días a la semana, y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia-paquete, porque el cartero ya no llegará». A esto se añade la diferenciación de las tarifas.

Recuerdan que hasta hace diez años se contaba incluso con la figura de apoyo. «Ahora es todo lo contrario ya que las plazas vacantes que quedan no se cubren porque no hay dinero para sacarlas», explican. Es el caso de Teruel, donde de 22 vacantes, accedieron cinco fijos pero las otras 16 aún siguen vacías. Calaceite, cuya oficina depende de Valderrobres, tampoco está cubierta. La persona empleada se jubiló y su puesto se va cubriendo con personal diferente.

La organización se realiza con una persona de la empresa que calcula el tiempo que le cuesta a un profesional hacer sus calles o su ruta en su jornada laboral. Que quede una vacante significa un aumento de carga de trabajo para el resto que se reparten el trabajo entre ellos haciendo «doblajes». Así pues, cuando hay que alternar y una calle o población se recorre cada dos días, ya se incumple la ley postal que obliga al reparto de correspondencia cinco días.

Alcañiz ha aumentado el horario de atención al cliente a las tardes pero la dinámica es la contraria, así pues, una disminución de servicio al ciudadano también lo es de empleo. «En Correos, la jornada parcial antes era prácticamente inexistente y, desde 2012 el 80% de la contratación se hace de cuatro horas incluso de fines de semana o dos días a la semana», concluye Lamarca.