A los recortes planteados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se añade una diferenciación en las tasas.
Este año, Correos hace distinción entre envío de publicaciones periódicas con un gravamen de un 30% para poblaciones de menos de 50.000 habitantes y núcleos que no sean capitales de provincia ni localidades sin oficinas que llaman Zona B. Para el resto, la Zona A, mantiene el precio del año pasado. Es decir, un gravamen que afecta a toda la provincia y también al Bajo Aragón-Caspe.
Por los motivos que han llevado a tomar esta medida preguntó el PAR en el Senado a través de Rosa Sancho. Una cuestión a la que el Gobierno Central respondió asegurando que la distribución de publicaciones periódicas no se incluye entre los servicios postales sujetos a obligaciones de servicio público.
Así pues, «no le son de aplicación los principios de equidad y no discriminación ni las condiciones de distribución de dicho tipo de envíos. Su prestación debe realizarse en régimen de libre competencia y con precios basados en criterios de mercado», añade en la contestación.
En el Partido Aragonés no ocultan «su perplejidad» ante esta respuesta «más que discutible desde el punto de vista jurídico, ya que el artículo 21.2 de la Ley de 2010, del Servicio Postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal, sí contempla el envío de prensa y publicaciones periódicas dentro del ámbito del servicio postal universal», dicen.
Le piden al Gobierno Central «sensibilidad y compromiso hacia el medio rural y contra la despoblación» que se concreten, junto con otras medidas, en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, previsto en el artículo 22.3 de la vigente Ley y pendiente de aprobación desde 2011.
Denuncia de los Editores
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ya alertó de este incremento en el precio, un caso que ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Denuncian que estas tarifas incumplen los principios del Servicio Postal Universal porque discrimina a los 22 millones de ciudadanos que viven en los municipios menos poblados. Es decir, la mitad de la población del país.
La AEEPP añade que las nuevas tarifas podrían incluso vulnerar varios principios constitucionales como los relacionados con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el libre e igual acceso de los ciudadanos a la información y el conocimiento.
Los recortes, en el Congreso
El PSOE solicitó esta semana poner fin de «forma inmediata» al constante recorte presupuestario en Correos. Así se desprende de una Proposición no de Ley suscrita por el diputado socialista por Zaragoza, Óscar Galeano y la portavoz de Función Pública, María Jesús Serrano.
En la iniciativa también se pide defender y «reforzar la viabilidad de la mayor empresa pública del país como operador postal de referencia, prestador del Servicio Postal Universal y que desarrolla una función estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía».
Los socialistas recordaron, que en lo que se refiere a Aragón, la plantilla se ha reducido de 2.000 a 1.500 empleados, «lo cual ha repercutido en el cierre de una de cada cuatro oficinas, 14 de un total de 57». Una medida que, según el diputado socialista por Zaragoza, Óscar Galeano, es la peor «medicina» para combatir la despoblación.
Así mismo, también insta a asegurar que los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana «como manda la Directiva Postal europea y la regulación postal nacional».
