El derrumbe de Pui Pinos fue un 80% responsabilidad municipal

Las negligencias municipales al «obviar» la grieta y la «precaria estabilidad» del cerro Pui Pinos, que se deslizó en 2017, le costarán al Ayuntamiento de Alcañiz más de un millón de euros solo en indemnizaciones a 22 vecinos y tres empresas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido un nuevo reparto de responsabilidades aumentando hasta un 80% el 50% que dictaminó en primera instancia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel. Con este incremento se reduce del 50% al 20% la responsabilidad de Sifu, la empresa encargada del mantenimiento de jardinería y que fue la que no acató la sentencia y la elevó al TSJA.

Con este cambio en las responsabilidades el Ayuntamiento debe abonar una carga económica mayor. Ya asumió el año pasado alrededor de 650.000 euros cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel dictaminó que el Consistorio y Sifu compartían a partes iguales la responsabilidad solidaria de 1,3 millones. No obstante, de esa primera sentencia la aseguradora municipal, Mapfre, pagó 400.000 euros y de las arcas municipales salieron 250.000 euros. Ahora sí que se sufragará por entero del presupuesto municipal los más de 400.000 euros que supone que la responsabilidad municipal ascienda del 50% al 80%.

Según confirma el alcalde, Ignacio Urquizu, acatarán la sentencia sin recurrirla tal y como se comprometieron y esperan poder ingresar el dinero en diciembre. Primero habrá que realizar una modificación presupuestaria que se incluirá en el pleno municipal de noviembre puesto que ya no se va en plazo para aprobarla en la sesión de este martes, la ordinaria del mes de octubre. Se extraerán 350.000 euros del fondo de contingencia y los 75.000 euros restantes de otras partidas.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón vuelve a incidir en la responsabilidad municipal en el derrumbe. «La sentencia en diferentes párrafos deja bastante claro que el Ayuntamiento fue bastante más responsable que Sifu por la falta de control con diferentes negligencias que después permitieron que se acumulara el agua y que después acabó en derrumbe. La sentencia es clara en ese aspecto y nosotros cumpliremos con nuestro compromiso», afirma Urquizu.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ya dictaminó que el deslizamiento del cerro Pui Pinos en abril de 2017 era «previsible» puesto que su estabilidad era «precaria» desde hace años y por la aparición de una grieta de importantes dimensiones que fue «obviada» por el Consistorio, que «adoptó una actitud pasiva y negligente» dada la actuación de sus técnicas municipales con «absoluta falta de atención y coordinación» entre las áreas de Obras y Medio Ambiente. Además de ser evidencia de la inestabilidad, la generación de la grieta suponía un riesgo por su ubicación y la posibilidad de afectación del riego, como así ocurrió.

La sentencia fue especialmente dura con la labor de la arquitecta municipal y la técnico de Medio Ambiente. En aquellos momentos ambas se declararon «incompetentes», bien por falta de concreta delimitación de funciones o por otro motivo, que para la jueza, a la vista de sus declaraciones tanto en sede judicial como en el expediente administrativo e incluso en prensa por parte de la arquitecta, «parece rayar en lo personal». El Ayuntamiento no estudió las condiciones del terreno, su factor de seguridad y el riesgo de deslizamientos en la ladera.

Para la juez, la «falta de coordinación interdepartamental y la pasividad es evidente omitiendo el análisis conjunto de la grieta con sus respectivos conocimientos profesionales generando un diagnóstico inadecuado sobre su causa» pues, como todos los peritos declararon, «la grieta no pudo ser generada por un pino, sino que la inclinación del árbol pudiera ser debida al movimiento del terreno y no a la inversa»: «la grieta suponía una importante alerta indicativa de la falta de seguridad del terreno, indicativa de una patología del terreno».

No obstante, a nivel municipal la sentencia no tuvo ninguna consecuencia interna puesto que las actuaciones prescribieron a los dos años, en abril de 2019. Actualmente una de las dos técnicos implicadas, la de Medio Ambiente, ya no trabaja en el Ayuntamiento.