El Gobierno de Aragón no apoyará el desarrollo del proyecto Caspe-Mayals de almacenamiento de CO₂ en el subsuelo si este no cuenta con el respaldo de la población. Así de contundente se ha mostrado este viernes la consejera de Economía, Eva Valle, tras ser preguntada en dos ocasiones en el pleno de las Cortes de Aragón por el PSOE y Chunta Aragonesista (CHA).
La responsable del área ha defendido que la ley obliga al Gobierno de Aragón a conceder el permiso de investigación, pero que este no supone que el proyecto vaya a desarrollarse. En este sentido, Valle ha pedido a la oposición que no asuste a la población ante un proyecto que «todavía está lejos de ser una realidad». Asimismo, ha recordado que el permiso de investigación se concede porque existe un proyecto de 2010, dependiente del Gobierno de España, que señala el Bajo Aragón-Caspe como una zona susceptible de acoger un almacén subterráneo de CO₂.
Además, la consejera ha asegurado que son conscientes de que los cuatro municipios afectados —Caspe, Nonaspe, Fabara y Maella— ya han anunciado que presentarán alegaciones. «Estamos obligados por ley a conceder el permiso de investigación y ahora se abre un proceso de dos meses para ver si alguna empresa presenta una propuesta de competencia, pero también si hay objeciones», ha recordado.
Valle ha comparado la situación que se vive en el Bajo Aragón-Caspe con la que en 2025 se vivió en el Maestrazgo, cuando un gigante estadounidense propuso un proyecto similar en la zona. Entonces, el proyecto fue rechazado por los ayuntamientos, la Diputación e incluso las Cortes de Aragón. «Entonces el Gobierno ya planteó que la ubicación no era la idónea, se informó a la empresa del descontento ciudadano y ellos mismos decidieron no seguir con el proyecto», ha explicado.
PSOE y CHA, en contra del proyecto
Tanto el Partido Socialista como Chunta Aragonesista se han mostrado en contra del proyecto durante sus intervenciones. Mari Carmen Soler ha pedido «más transparencia en la tramitación de este tipo de proyectos» y ha advertido de «los riesgos medioambientales» que puede suponer un almacén subterráneo de CO₂ de estas características. Además, ha reclamado para el territorio «inversiones de grandes empresas que puedan crear empleo y asentar población».
Por su parte, el diputado de CHA, Jaime Angós, ha recordado que la posibilidad de inyectar CO₂ en el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe ya se estudió en un proyecto anterior y se descartó por el riesgo de fugas que presentaba el subsuelo de la zona. Ante esta cuestión, Valle ha respondido que todas las circunstancias se tendrán en cuenta si llega el momento de gestionar un potencial permiso de explotación.
Un almacén subterráneo de CO₂ de casi 18.000 hectáreas
Carbon Storage Caspe, SL, con sede social en Estepona (Málaga), ha presentado una solicitud para explorar la posibilidad de inyectar CO₂ en una superficie de 17.876,6545 hectáreas que afecta a los términos municipales de Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, bajo el nombre de «Caspe-Mayals». El subsuelo que se pretende analizar está situado a tan solo 600 metros del centro del núcleo urbano de Fabara. En el caso de Maella, se encuentra a 1,3 kilómetros al sur; en Caspe, a 2,6 kilómetros al oeste; y en Nonaspe, a 5,5 kilómetros al este.
Si se concediera el permiso, la empresa beneficiaria podría investigar el subsuelo para determinar si la zona reúne las condiciones necesarias para almacenar CO₂ de forma segura. A nivel geológico, el principal interés se encuentra en las areniscas del Buntsandstein, unas formaciones con millones de años de antigüedad que pueden presentar poros capaces de albergar fluidos en profundidad. Según los estudios previos, el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe podría albergar hasta 42 millones de toneladas de CO₂.