La nueva ley de Movilidad podría dejar sin bus a 25.000 aragoneses

Preocupación en Aragón ante los efectos que la nueva ley nacional de Movilidad Sostenible podrá tener en el territorio. Y es que a pesar de que esta permitirá que España reciba 10.000 millones de euros de los fondos de la UE para modernizar la movilidad nacional, a su vez también implicará una reorganización que supondría la eliminación de paradas de autobús en 151 municipios de Aragón, una veintena de ellas en pueblos del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras.

En concreto, el Gobierno de Aragón alertó este mismo jueves a través de una nota de prensa que «el único documento público conocido hasta el momento sobre la ley afectaría a más de 25.000 usuarios en todo Aragón». En el caso de la provincia de Teruel, se suprimirían paradas en 62 municipios y el número de usuarios damnificados ascendería a casi 10.000. En el caso de Zaragoza, serían 39 los municipios afectados, con casi 2.500 usuarios, mientras que en Huesca se suprimirían paradas en 50 localidades, afectando a 26.500 oscenses, según denunció DGA en el comunicado.

De prosperar, esta norma sería el marco legal para implantar el nuevo mapa concesional estatal en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley, «socavando la movilidad de los más de 25.000 aragoneses que se verán afectados por un recorte de paradas sin precedentes, al perder la posibilidad de subirse al autobús en sus pueblos, por los que continuaría pasando, pero sin detenerse», lamentan desde el Gobierno de Aragón.

«Es un ataque a las políticas e iniciativas de lucha contra la despoblación, cuya eficacia requiere de medidas que van en la dirección contraria a la emprendida por el Gobierno central, empeñado en primar la reducción de tiempos en las conexiones entre las grandes urbes, en detrimento de un transporte social que atienda las necesidades de los habitantes del medio rural, de quienes se olvida por completo el Ministerio con este nuevo mapa estatal», apuntó el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile.

El Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley de Movilidad Sostenible el pasado miércoles tras lograr el respaldo de la mayoría del Pleno con 174 votos a favor, los 170 en contra de PP, Vox y UPN y las cuatro abstenciones de Podemos, y ahora será remitido al Senado para completar su tramitación.

Alarma entre los alcaldes

Entre tanto, esta posible eliminación de paradas ya ha hecho saltar las alarmas entre varios alcaldes. Si bien el Gobierno Central sostiene que la nueva norma no eliminará ninguna, la oposición mantiene que esa promesa «no está reflejada por escrito en ningún momento», y alerta sobre su eliminación y los efectos en el territorio. Comarcas como la de Cuencas Mineras, por ejemplo, «se quedarían sin ninguna parada para tomar el trayecto hasta Barcelona». En cambio, los vecinos tendrán que ir hasta Alcorisa para poder realizar el viaje, según alertan.

De hecho, que la ley reflejara que ninguna parada iba a ser eliminada era uno de los requisitos de las enmiendas que el Partido Popular presentó al texto, y que no fueron aprobadas durante la sesión. El diputado nacional y alcalde de Calanda (uno de los municipios afectados) fue el encargado de defenderlas. «¿Cómo van a justificar ustedes que están a favor de que 110 municipios de Aragón se queden sin parada, y se dañe a más de 100.000 aragoneses?», dijo Herrero.

Según denunció su partido, la supresión de paradas podría llegar a afectar a una veintena de municipios del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras: Calanda, Utrillas, Valderrobres, Montalbán, Calaceite, Escucha, Valdealgorfa, Beceite, Mazaleón, La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Cañizar del Olivar, Mezquita de Jarque, Castel de Cabra, Gargallo, Fabara y Nonaspe.
La demanda de viajeros varía en cada una de las localidades, pero llega a ascender a los 1.927 usuarios en pueblos como Valderrobres, 1.388 en Calaceite o 1.245 en Calanda. «Todo lo que se diga de palabra, en estos casos, no vale. Queríamos que quedara por escrito», lamentó Herrero.

El partido Aragón-Teruel Existe tampoco tardó en mostrar su descontento precisamente ante esa falta de precisión de la nueva ley. «No vemos en ningún sitio el compromiso de mantener esas paradas existentes en la actualidad. Es una situación que ya se evidencia en lo publicado sobre el corredor C12, entre Madrid y Valencia por Cuenca, Guadalajara o Teruel, donde la supresión parece haberse iniciado ya en localidades turolenses como Pozuel», dijo el portavoz del grupo parlamentario Tomás Guitarte.

La crítica de los partidos, además, reside en el hecho de que la nueva ley sí ha incluido una enmienda presentada por el diputado de CHA Jorge Pueyo (que se integra dentro del Grupo Plurinacional de Sumar), en la que se establece «que la reordenación de las rutas concesionales estatales de transporte de viajeros por carretera se haga con el acuerdo de las Comunidades Autónomas y que el coste que recaiga en estas por la asunción de nuevas paradas en las rutas autonómicas sea compensado por el Estado».

«Llevamos muchos meses dialogando y negociando con el Grupo Socialista para acercar posturas y por fin hemos logrado que el Ministerio entienda que, si hay paradas de autobús que dejan de prestarse por las rutas estatales y deben ser asumidas por las rutas autonómicas, debe hacerse contando con las Comunidades Autónomas y el coste debe asumirlo el Estado», afirmó Pueyo.

No obstante, esto no convence al resto de partidos de la oposición. «La solución no es que haya compensaciones económicas, ya que, con ellas solo se pretende camuflar que el servicio no sería ni de lejos el mismo, pues obligaría a tener que hacer desplazamientos a otras localidades alejadas y realizar transbordos para coger un autobús que ahora pasa y para en tu misma localidad», criticó Guitarte.

«Que el Gobierno de Azcón tenga que hacer frente a ese servicio supondrá un gasto más. Habrá que estudiar el presupuesto disponible. El Gobierno Central es el que debería asumirlo», añadió Herrero.
Así, aunque CHA celebró la aprobación como un logro, la oposición insiste en que la ley sí supondrá esa eliminación de paradas de autobús en aquellos pueblos aragoneses que no sean capitales comarcales o que no reflejen un alto de volumen de pasajeros. Todo ello depende ahora de la compensación que el Ministerio ofrezca al Gobierno Autonómico. DGA, defendió este jueves que «va a permanecer muy atento al recorrido de esa Ley de Movilidad Sostenible y su afección a la movilidad pública en el territorio aragonés». «En función de cómo evolucionen los acontecimientos, desde el Gobierno de Aragón nos reservamos la posibilidad de ampliar las acciones informativas y de protesta en los municipios afectados por la supresión de los servicios estatales en nuestra comunidad autónoma», puntualizó Sánchez Fraile.

Reacciones ante la aprobación

Otros alcaldes del territorio cuyos pueblos podrían verse afectados por la eliminación de las paradas también se han manifestado. En el caso de Utrillas, su primer edil y diputado autonómico por la formación Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, fue se mostró muy crítico con la aprobación del texo y sentenció que lo aprobado es «abrir la puerta a la eliminación de las paradas en el territorio». «Lo que la ley aprobó el miércoles es lo mismo en lo que estábamos posicionándonos en contra y no podemos aceptarlo», apuntó Moreno.

En el caso de la Cuenca Minera, con la línea que va desde Teruel a Barcelona, según Moreno, se perderían todas las paradas. «Tendremos que ir hasta Alcorisa para coger el bus de línea y no lo aceptamos», denunció. Como solución, propuso establecer por parte del Ministerio «un transporte a demanda que pueden ser vehículos o taxis para enlazar las líneas de autobús».

Sostuvo que la reorganización del mapa de transportes obligará a hacer transbordos en pueblos en los que ahora mismo pasa una línea, lo cual se traduce, según el utrillense, en un servicio de mucha peor calidad. «Aquí lo grave es que todo el mundo habla de la España vaciada, pero ningún representante político en el Congreso de los Diputados defendió la España vaciada. Ninguno defendió el derecho que tenemos todos los municipios a tener un transporte para, entre otras cosas, poder desplazarte a tu centro de salud de cabecera».

Por su parte, el alcalde de Mezquita de Jarque y diputado del PSOE, Herminio Sancho, insistió en que ninguna parada de autobús será eliminada. «Se ha trabajado durante mucho tiempo. El Gobierno Central se hará cargo de las paradas hasta que las comunidades autónomas pongan el plan de movilidad en marcha y con su financiación. No se dejará a nadie atrás».