La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel denuncia que la asociación Viento Alto "blanquea la corrupción de Forestalia" al pedir el inicio de las obras "estando personados en la causa penal y conociendo todos los presuntos delitos que se imputan a las administraciones que realizaron la evaluación ambiental". Consideran que esto "no es autoengañarse, es querer engañar a los demás y blanquear un presunto acto de corrupción gravísimo", manifiestan.
Recuerdan que el Tribunal Supremo dio a conocer recientemente la desestimación de la demanda contenciosa planteada por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel. Respaldaron y colaboraron la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y la asociación No a la MAT, a la central Cid I, una de las que forman parte del macroproyecto conocido como 'Clúster del Maestrazgo', promovido por Forestalia y actualmente propiedad del fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Desde entonces, la asociación de alcaldes de Viento Alto se ha manifestado afirmando que no existe ningún motivo que impida el inicio de las obras del Clúster, ejecución que reclaman al Miteco se produzca a la mayor brevedad.
Desde Paisajes de Teruel rebaten el planteamiento de fondo de la asociación de alcaldes. Dicen que un contencioso-administrativo revisa que un trámite ha seguido los procedimientos administrativos prevenidos por la ley. "Es decir, que si en una evaluación ambiental ha habido exposición pública, se ha producido dentro de los plazos previstos», afirman desde la asociación. «El Supremo ha estimado que en este caso ha sido así», añaden, «pero discrepamos y pensamos que hay motivos para pensar que se han vulnerado principios constitucionales». «Lo que no es opinable es que aún quedan por dar cuatro sentencias más en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre aspectos administrativos», dicen, razón por la cual consideran que no existe fundamento para pensar que ya se dan todos los requisitos que permitan la ejecución de las obras. «A esto se añade», explican, «que al ser la del Supremo una sentencia ordinaria no crea jurisprudencia, tal y como han afirmado los munícipes en los medios».
A la Plataforma le sorprende que representantes de instituciones que deben cumplir la legislación y ser garantes del cumplimiento de las normas, como los alcaldes de Viento Alto, no mencionen «o se dediquen a confundir» con el hecho de que la tramitación del Clúster no solo tiene pendientes resoluciones administrativas, sino que hay abierto un procedimiento penal, que, según el auto del propio juez encargado, manifiesta indicios de cohecho, prevaricación ambiental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. «La instrucción penal no se basa en conjeturas ni recortes de prensa, sino en el testimonio directo de 16 funcionarios de evaluación ambiental que fueron testigos de lo que sucedió en el MITECO y en el INAGA con la tramitación del Clúster, además de en investigaciones y pruebas directas sobre presuntas mordidas recabadas por la Ucoma de la Guardia Civil», enfatizan.
«Resulta incomprensible que en el Supremo den por buena una tramitación ambiental sobre la que deben aclararse extremos tan graves, pues el trámite puede ser ajustado a lo previsto en la legislación administrativa, pero estar viciado por acción fraudulenta o delictiva», recalcan desde la portavocía de Paisajes de Teruel. «Es decir, pretender como pretenden los alcaldes que desde el punto de vista medioambiental el proyecto ha encontrado validación judicial es un deseo, no una realidad».
Al estupor que expresan se suma que «lo que resta toda legitimidad» a la asociación de alcaldes de Viento Alto es que son conocedores directos de los hechos que se dirimen en la instrucción penal al estar personados en la misma. «Pedir el inicio de las obras estando personados en la causa penal y conociendo todos los presuntos delitos que se imputan a las administraciones que realizaron la evaluación ambiental no es autoengañarse, es querer engañar a los demás y blanquear un presunto acto de corrupción gravísimo», manifiestan.
Paisajes de Teruel llama a la responsabilidad institucional de los alcaldes, «parece que una de nuevo actúan más como portavoces de CIP, que no por casualidad mantiene un perfil muy bajo y que también está personado en la instrucción penal, que como representantes de sus ayuntamientos». Recalcan que los primeros perjudicados pueden ser sus municipios y sus recursos, «puesto que el impacto del macroproyecto no se evaluó sino, que presuntamente, el promotor, Forestalia, se compró la declaración de impacto ambiental sobornando a determinados responsables del Miteco y del Inaga. Si el proyecto es tan beneficioso, ¿por qué hicieron eso?», se preguntan. La asociación entiende que más allá de la discrepancia legítima entre los modelos de desarrollo entre partidarios y detractores del Clúster «debe prevalecer la prudencia, lo que en este caso supone aclarar las acusaciones que penden sobre la tramitación del Clúster antes de iniciar las obras, porque después ya no tendrá arreglo».
En definitiva, desde Paisajes de Teruel sostienen que el caso no está sentenciado, pero que, por responsabilidad, «lo lógico y ajustado a un Estado de Derecho es que el MITECO se haga eco de este razonamiento frente a la pretensión de Viento Alto, y no levante la suspensión cautelar que existe sobre el proyecto a día de hoy hasta que no haya una sentencia firme sobre las presuntas irregularidades penales en la tramitación ambiental del Clúster del Maestrazgo».