Polémica por un proyecto de urbanización junto al castillo de Valderrobres

Controversia en Valderrobres tras conocerse que existe un proyecto de construcción de una urbanización en unas fincas próximas al castillo. La asociación para la Recuperación del Patrimonio de Valderrobres -Repavalde- puso de manifiesto su preocupación por que el entorno de la villa medieval valderrobrense y especialmente el conjunto conformado por la iglesia y el castillo, pueda verse afectado negatívamente por esta actuación. Desde Repavalde se mostraron muy molestos y «sorprendidos» tras conocer que el Instituto Aragonés de gestión Ambiental -Inaga- y la Comisión de Patrimonio rechazaron las alegaciones que la asociación y la Fundación Valderrobres Patrimonial presentaron a las administraciones para conseguir que la finca en cuestión no se pudiese urbanizar.

Los solares que, al parecer, serían objeto de actuación, están ubicados de forma contigua al actual conjunto urbano, en la zona más noroccidental del mismo y situados a unos 150 metros de distancia del castillo. Pese a que la práctica totalidad de la villa situada en la margen derecha del río Matarraña, que viene a coincidir con el casco antiguo, es Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, lo cierto es que los ya citados solares no fueron incluidos ni por el Inaga ni por Patrimonio dentro del perímetro de estas figuras de conservación urbanísticas. Todo ello después de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- que se habría iniciado a redactar hace dos décadas.

Por todo ello, desde Repavalde, recordaron que ya en su día presentaron varias alegaciones para «garantizar» que no se llevase a cabo ninguna actuación que pudiese ensombrecer el skyline de Valderrobres. Por ello pese a reconocer que la hipotética actuación está «amparada por trámites legales», manifestaron su «sorpresa» por el rechazo de Inaga y Patrimonio a sus alegaciones. «Estamos muy sorprendidos porque Patrimonio e Inaga no aceptasen estas alegaciones. Nos estamos jugando dejar a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a los miles de visitantes que vienen aquí un legado histórico de primer nivel», explicó Antonio Segura, presidente de Repavalde.

Otro de los motivos por los que asociación ve «inviable» urbanizar las ya citadas fincas es la altitud de las mismas. Mientras el conjunto iglesia-castillo se encuentra a 510 metros de altitud, la finca en cuestión está en torno a 520 metros. Algo que, a su juicio, alteraría el panorama urbano de la capital del Matarraña. Desde la asociación quisieron dejar claro que «en ningún momento» dudan de la legalidad de la operación. Sin embargo apuntaron a que el PGOU contiene, desde su aprobación, un defecto subyacente al no haber tenido en cuenta esta problemática.

Añadieron además, que pese a que los solares en cuestión, no son BIC, en el anexo 2 de las medidas de tutela que establece la figura de Conjunto Histórico se apunta a tres motivos que, a su juicio, imposibilitarían edificar allí: el primero de ellos es que se establece que «dada la singularidad» de la trama urbana de Valderrobres, se deberá mantener su estructura así como «la silueta paisajística»; el segundo aspecto que recoge este anexo es las intervenciones llevadas a cabo en los entornos de protección de los BIC aragoneses no podrán alterar el carácter del área ni perturbar la visualización de su bien; en último lugar subrayaron que el citado anexo alude a que «la perfecta integración» del Conjunto Histórico de Valderrobres, con el marco natural en el que se ubica «debe mantenerse» fundamentalmente con el río Matarraña a los pies y el monte como fondo.

«Hemos comprobado además que en la zona Noroeste, donde están ubicados estos terrenos, no se respeta la línea de delimitación del entorno», añadió Segura. El presidente de Repavalde explicó que llegaron a proponer la compra de los terrenos. Algo para lo que, sin embargo, no hubo acuerdo. «No dudamos de la intencionalidad de las personas y de la operación, pero debemos de encontrar una solución porque nos jugamos destruir la belleza de uno de los conjuntos mejor conservados de España», apuntó el presidente de la asociación que está conformada por en torno a 200 valderrobrenses.

Por su parte, desde el consistorio, apuntaron a que tras recibir la solicitud y tras comprobar que cumplía con todos los requisitos legales, se remitió a urbanismo, a Patrimonio y a Inaga para que diesen su visto bueno. Confirmaron que la zona aparece dentro del PGOU que comenzó a redactarse en torno a hace dos décadas y que pasó todos los filtros institucionales. Recordaron que ya en aquel momento hubo un periodo de alegaciones.

El primer edil, Carlos Boné, apuntó a que en cualquier caso la urbanización de la finca en cuestión «es legal», ya que, añadió, fue autorizada, en su día, por la comisión de Patrimonio y el Inaga, sin embargo reconoció que la actuación podría tener impacto visual sobre el conjunto arquitectónico. «Indudablemente pensamos que podría tener un impacto visual y por ello, de continuar adelante, estaremos muy vigilantes de que esta actuación cumpla todos los requisitos establecidos en el plan de urbanismo», explicó Boné.