Yolanda Vallés, directora de Energía y Minas: «Los requisitos del nuevo decreto para los centros de datos harían imposible su cumplimiento»

La propuesta de real decreto que está elaborando el Gobierno de España tiene como objetivo regular la sostenibilidad medioambiental, la protección digital y la soberanía digital de los centros de datos. Entendemos la necesidad abordar estas cuestiones y de garantizar que estas infraestructuras sean sostenibles, tanto en consumo energético como en consumo de agua, además de asegurar la soberanía digital.

No obstante, el problema es que plantea unas condiciones que, por separado, ya son muy exigentes, y que en conjunto hacen prácticamente imposible su cumplimiento.

Plantean cuestiones como que el 90% de la energía utilizada para la sostenibilidad energética sea renovable, cuando los informes independientes realizados tras el apagón del 28 de abril plantean la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema energético.

En Aragón, que tiene más del 80% de su potencia instalada de carácter renovable, hemos visto que la producción renovable se ha reducido y ha aumentado la producción de los ciclos combinados para aportar estabilidad al sistema. Si en 2023 casi llegábamos al 90% de cobertura renovable en Aragón, ahora se ha reducido porque la incorporación de elementos de estabilidad es necesaria.

A nivel nacional las medias son mucho más bajas. No es previsible que podamos cubrir esas necesidades hasta que no se desarrollen sistemas como el bombeo reversible, que requieren grandes proyectos y cantidades importantes de agua.

También se plantea una correlación horaria de la energía renovable adicional, pero en estos momentos no existe capacidad suficiente de generación ni de vertido para producir esa adicionalidad, ni tampoco es técnicamente sencilla esa correlación horaria.

No solamente el de La Puebla, posiblemente también otros proyectos. En el caso del Bajo Martín ya tienen concedida la energía, pero todos aquellos proyectos que todavía no han iniciado su procedimiento de ejecución, es decir, que no están tomando energía en estos momentos, tendrían que replantearse hasta qué límite pueden cumplir esos requisitos y si Aragón y España siguen siendo atractivos para estas inversiones.

Podrían resultar más atractivos otros países con energía nuclear o con otros sistemas donde no se exige esa adicionalidad horaria, sino simplemente un porcentaje de energía renovable, algo que muchos centros de datos ya cumplen porque han contratado acuerdos de compra de energía renovable.

Para tener agua tienes que tener una concesión, y es la Confederación Hidrográfica del Ebro la que determina si existe o no capacidad de agua en nuestra comunidad autónoma.

Hay que recordar que, aunque no en La Puebla de Híjar, sí en municipios cercanos existe relación con el río Ebro y capacidad de agua. El propio centro de datos tendrá que resolver sus necesidades: podrá acudir a una concesión existente o, si no, tendrá que solicitar una nueva concesión.

Aun así, hay que empezar a rebatir la idea de que el consumo de agua de los centros de datos es excesivo. Es cierto que puede necesitar más agua que un taller mecánico, pero no más que otras industrias como una planta de hidrógeno, una papelera, una industria química u otras plantas de transformación.

Además, la evolución tecnológica de los centros de datos va dirigida a reducir el calor y el consumo de agua.

Lo que ha hecho el Ministerio es rectificar o reiniciar de nuevo el proceso. Hay que recordar que salió un borrador en el que solamente podían presentarse aquellos proyectos que en su día fueron objeto de concurso.

Todos manifestamos que iba a ser difícil porque la situación energética no es la misma que en aquel momento. Lo que ha hecho ahora el Ministerio es dejarlo abierto para que quien cumpla las condiciones socioeconómicas pueda presentarse por orden de llegada, como ocurre con cualquier otro proyecto en un nudo que no está sujeto a concurso.

En esos casos se abre la capacidad y cada promotor presenta su proyecto y plantea la solución que considera adecuada.

Sí. El Gobierno de Aragón planteó la necesidad de ser mucho más flexible tanto en consumo como en generación. Nos preocupan los 937 megavatios de reducción de generación de la térmica de Andorra, pero también el consumo. Para que haya un proyecto industrial y de creación de empleo es necesario abrir la posibilidad de distribución y consumo.

No hablamos de que llegue un gran consumidor, sino de que puedan venir empresas que consuman energía y transformen esa energía en producto, actividad económica y empleo. Si no abrimos la capacidad de consumo, solamente con generación es muy difícil aportar empleo.

Hay otros proyectos que se están manejando en el Bajo Aragón y esperamos analizar la propuesta del Ministerio. Tenemos hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones y veremos qué proyectos pueden tener cabida con esas alegaciones.

También hay que agradecer que el Ministerio reitere la convocatoria realizada por el Gobierno de Aragón para la reunión del 1 de octubre en Andorra.

El proyecto sigue pendiente de determinados trámites del Departamento de Medio Ambiente, concretamente de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio, que debe emitir el informe de evaluación ambiental de los proyectos renovables.

Esperamos que esa resolución tenga un resultado mejor que el que ha tenido Enel, ya que se encuentra en la misma zona y, teniendo en cuenta la capacidad energética prevista, probablemente habrá que modificar algún proyecto, redimensionarlo o resolver cualquier otra cuestión que pueda plantearse en Catalina. En estos momentos, la responsabilidad está en manos del Ministerio, que tendrá que dar respuesta a esa tramitación.

Desde el Gobierno de Aragón ya está aprobado el PIGA para iniciar la construcción del proyecto y también está autorizado el conducto de hidrógeno. Posteriormente procederemos a la autorización de ese conducto. La ejecución del proyecto depende de dos cuestiones: de los proyectos renovables y, fundamentalmente, del hidroducto estatal de Enagás, cuya ejecución y aprobación corresponden al Ministerio.

En estos momentos, aunque pueda parecer extraño, la decisión de dónde existe energía o dónde deja de existir es de carácter nacional. En las planificaciones de la red eléctrica se establece dónde se abren posiciones de consumo en los nudos de transporte y dónde se producen puntos de consumo de distribución. Después, con los planes de inversión de las distribuidoras y en colaboración con el Gobierno de Aragón y las necesidades empresariales, se desarrolla la red.

Lo que tenemos que conseguir es que, en una red donde ahora la producción está distribuida, el consumo también esté distribuido. Las ideas que teníamos antes, de producir energía en zonas concretas para llevarla posteriormente a grandes polos de consumo como País Vasco, Cataluña o Madrid, tienen que sustituirse por un modelo en el que los nuevos consumos se produzcan allí donde se genera la energía.

Con los proyectos de necesidades de consumo que estamos barajando, podemos conseguir que casi toda la energía que se produce actualmente pueda consumirse en Aragón.