Los alcaldes afectados por el tráfico pesado de arcillas reclaman una mirada global del impacto en carreteras

Los alcaldes afectados por el tráfico pesado de arcillas en el territorio reclaman una mirada global por parte de las administraciones sobre el impacto que este modelo extractivo provoca en carreteras. Como consecuencia del crecimiento de estas explotaciones, desde hace tiempo atrás también se ha producido un incremento de los accidentes en carretera en los que se involucran los grandes camiones que transportan la arcilla a toda velocidad. El 2025, sin ir más lejos, se cerró con más de 10 de estos siniestros en diferentes carreteras, muchas de ellas en pistas que ni siquiera presentan unas condiciones adaptadas a su tiempo. En su petición coinciden vecinos, así como la Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel.

La travesía de Aguaviva, la A-225, continúa siendo de las más afectadas, con el paso de una media de 750 camiones de forma diaria entre los que llegan de Alcorisa, pasando por Mas de las Matas; y aquellos que vienen de Castellote. También son críticos otros puntos como la TE-38 entre Molinos y Seno, por donde confluye una media de 175 de estos vehículos. Los accidentes se trasladan incluso a carreteras valencianas que colindan con la provincia, con salidas de camiones a la altura de las curvas de Zorita, zona muy transitada por aquellos vecinos que viajan sobre todo en verano hasta la Comunidad Valenciana.

La indignación frente a este tipo de sucesos llevó el pasado año a una unión inédita de los Ayuntamientos de siete pueblos afectados, Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote y Aguaviva, y que todavía sigue en marcha para encontrar soluciones. A día de hoy, después de mantener múltiples reuniones, siguen denunciando la «inacción» de las administraciones frente a esta problemática. «Llevamos un año trabajando de forma conjunta, y no hemos visto avances en las carreteras», lamenta el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente.

Temen que se repita una de las peores estampas consecuencia de esta ida y venida de camiones: el accidente entre uno de estos vehículos y un autobús que se saldó con cuatro heridos leves. Aunque el resto de 2025 también se pudieron ver otras tantas imágenes de este tipo de accidentes, con camiones que incluso se han llegado a volcar por completo.

«Todavía hay tiempo para actuar»

Tanto los ediles como la plataforma coinciden en que la principal solución frente a esta amplia problemática pasa por «empezar a contar más con la opinión del territorio y quienes viven en él». «Creemos que desde la Dirección General de Minas se debería tener una visión conjunta de cómo esta situación está afectando al territorio. Conceden los permisos de uno a uno, y no ven la fotografía global», lamenta el presidente de la plataforma, Sergio Martínez.

Antes de las recientes elecciones del 8-F, los alcaldes de siete de los pueblos afectados pidieron reunirse con todas las formaciones políticas para trasladar una vez más sus reivindicaciones. El compromiso para encontrar soluciones, explican ahora, fue asegurado por parte de la mayoría. De hecho, y como avance significativo, se les informó de que en el borrador del presupuesto para este 2026 está contemplada alguna partida para iniciar estudios previos frente al arreglo de carreteras pendientes. No obstante, ahora todo se vuelve a encontrar a la espera de la conformación oficial de un gobierno. «Estamos expectantes, pero no dejaremos que pase mucho tiempo. Será un proceso largo que no puede esperar: habrá estudios previos, redacción de proyectos, obras… Cuanto antes vea la luz todo, mejor», añade Clemente.

Él mismo es otro de los que cree que, si se viera la fotografía completa, entonces las cosas cambiarían. «No sirve de nada que se mire el impacto de mina a mina, se deberían centrar en el efecto acumulativo. Ninguno negamos el impacto económico y el empleo que estas explotaciones tienen, pero hay que hacer un cambio para que se consiga de una forma viable y sostenible», afirma.

El objetivo, defienden en conjunto, no es enfrentar a la población ni ayuntamientos… ni siquiera a las propias administraciones o empresas mineras; sino encontrar un foco común en defensa del territorio en el que tanta gente quiere seguir viviendo. «Aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien, y devolverle a la tierra lo que durante años le han quitado», concluye Guillermo García, integrante de la plataforma.