Los alcaldes de la Asociación Viento Alto, que representan a los municipios turolenses donde está proyectado el Clúster eólico Maestrazgo, han destacado que el auto judicial del 17 de noviembre, por el que el Tribunal de Instancia de Teruel se inhibe a favor de la Audiencia Nacional en la investigación del caso Forestalia, no identifica ninguna irregularidad concreta en la tramitación administrativa del proyecto eólico ni deficiencias medioambientales.
En un comunicado difundido este miércoles, los representantes municipales subrayan que la resolución judicial hace referencia a presuntas irregularidades relacionadas con otros proyectos renovables, pero no recoge anomalías específicas en el Clúster eólico Maestrazgo. En concreto, señalan que el magistrado advierte de la «presunta arbitrariedad» de las declaraciones de impacto ambiental de los clústeres Albarracín o L'Eliana y Begués, así como de posibles anomalías en la tramitación de los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II. Según recalcan, estas instalaciones son ajenas al proyecto eólico que defienden.
La Asociación Viento Alto considera que la utilización genérica de la denominación «Clúster Maestrazgo» para referirse tanto al proyecto eólico como a las plantas fotovoltaicas investigadas está provocando confusión. Los alcaldes insisten en que se trata de iniciativas distintas, con propietarios diferentes, aunque compartan una misma zona geográfica. A su juicio, esta circunstancia está causando un grave daño reputacional al clúster eólico al vincularlo con investigaciones sobre otros proyectos.
Los representantes municipales destacan que la resolución llega apenas tres semanas después de que el Tribunal Supremo avalara, mediante sentencia firme, la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental del Clúster eólico Maestrazgo y de las autorizaciones administrativas del parque El Cid I. Asimismo, recuerdan que tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado anteriormente distintas solicitudes para paralizar cautelarmente el proyecto.
Más de 100 medidas municipales pendientes de las obras
Ante esta situación, los alcaldes han vuelto a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que actúe «sin más demora» y permita comenzar las obras. La asociación asegura que el proyecto cuenta desde hace más de nueve años con el respaldo de todos los municipios turolenses donde está prevista su instalación.
Además, recuerda que los plenos municipales ya han aprobado más de 100 medidas socioeconómicas cuya ejecución depende del inicio de la construcción. Entre ellas figuran ayudas para la vivienda, rebajas del IBI, residencias de mayores, guarderías, mejoras de infraestructuras y programas de apoyo al comercio local, la ganadería y el emprendimiento. Los alcaldes insisten en que no son simples propuestas, sino acuerdos municipales ya adoptados que esperan al comienzo de las obras para hacerse realidad.