La Audiencia Nacional obligará al Estado a pagar la indemnización de 560.000€ a los familiares de los guardias asesinados por Igor el Ruso

La Audiencia Nacional obligará al Ministerio del Interior a indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados en 2017 por Igor el Ruso, Víctor Romero y Víctor Caballero. Se trata de la cuantía que la Audiencia Provincial de Teruel dictaminó como indemnización en la sentencia condenatoria pero que los familiares no recibieron porque el criminal se declaró insolvente y el Estado se negaba a encargarse de su pago. Concretamente, la pareja de Caballero recibirá 300.000 euros, los padres de Romero ingresarán 160.000 y los dos hermanos, 100.000 euros en total en un contencioso-administrativo en el que han estado defendidos por el letrado Marino Tafalla.

Lo novedoso de esta sentencia es que por primera vez se estipula el principio de indemnidad de los funcionarios públicos una vez fallecidos y no como restitución por unas lesiones en acto de servicio, que es lo que alegaba el Ministerio del Interior para no pagar. En el minucioso fallo, la Audiencia Nacional estipula que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben ser resarcidos en virtud del principio de indemnidad y si el causante se declara insolvente como es el caso, deber ser resarcidos directamente por la administración en cuyo nombre actúan. Considera que la normativa incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos "siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal".

El Ruso se declaró insolvente por lo que para recibir la indemnización las familias iniciaron un expediente de indemnidad, una vía administrativa por la que, desde 2018, el Estado asume el resarcimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando, en acto de servicio, sufren daños personales y el que se los produce no los puede reparar por su insolvencia. Sin embargo, el Ministerio del Interior se negó a indemnizarles por lo que abrieron la vía judicial mediante un contencioso-administrativo en el que han estado inmersos hasta la fecha.

Su abogado Tafalla, formuló la demanda en virtud del principio de indemnidad, que consiste en el resarcimiento de los daños y lesiones a los agentes abatidos en acto de servicio por delincuentes peligrosos. En virtud de este principio y con arreglo a la insolvencia del condenado en la vía penal, el Estado indemniza y repara tanto las lesiones y secuelas como daños materiales padecidos en actos de servicio. Este principio está amparado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que antes del 2020 solo reparaba los daños materiales y no los morales, personales, secuelas y lesiones.