La pareja de Víctor Caballero y los padres y hermanos de Víctor Romero, los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso en diciembre 2017, han recurrido a la vía judicial para recibir la indemnización de 560.000 euros totales que estipula la sentencia penal condenatoria y que, seis años después de los asesinatos, aún no han cobrado.
Igor el Ruso se declaró insolvente por lo que para recibir la indemnización las familias iniciaron un expediente de indemnidad, una vía administrativa por la que, desde 2018, el Estado asume el resarcimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando, en acto de servicio, sufren daños personales y el que se los produce no los puede reparar por su insolvencia. Sin embargo, el Ministerio del Interior se negó a indemnizarles por lo que abrieron la vía judicial mediante un contencioso-administrativo en el que se encuentran inmersos ahora.
El martes se celebró en Madrid la vista oral en la que el juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 escuchó las alegaciones de los demandantes y de la Abogacía del Estado. Tras las conclusiones escritas se dictará sentencia en unos meses.
Su abogado, Mariano Tafalla, ha formulado la demanda en virtud del principio de indemnidad, que consiste en el resarcimiento de los daños y lesiones a los agentes abatidos en acto de servicio por delincuentes peligrosos. En virtud de este principio y con arreglo a la insolvencia del condenado en la vía penal, el Estado indemniza y repara tanto las lesiones y secuelas como daños materiales padecidos en actos de servicio. Este principio está amparado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que antes del 2020 solo reparaba los daños materiales y no los morales, personales, secuelas y lesiones. «Diversas sentencias del Tribunal Supremo de los años 2020, 2021 y 2022 han amparado que el resarcimiento debe ser íntegro por la indemnidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en caso de insolvencia del condenado, tiene que ser tanto en los daños materiales como personales. Esto es lo que ha auspiciado la solicitud, el Supremo y varios dictámenes del Consejo de Estado amparan que esas indemnizaciones deben ser las mismas que se determinan en las sentencias penales», precisa el abogado.
En este caso, unas cantidades que dictaminó la sentencia y que se solicitan varían dependiendo del familiar (50.000 euros para cada uno de los dos hermanos de Romero, 80.000 para sus padres y 300.000 para la viuda de Caballero).
El Gobierno rechaza pagar las indemnizaciones
Tras iniciar la citada vía administrativa, a finales de julio los familiares de Romero y Caballero recibieron la notificación del Ministerio del Interior, que aludía a que en base al principio indemnizatorio no puede acoger su petición. «En virtud de ese principio, el resarcimiento del daño tendría que estar acogido por el Estado por ser Caballero y Romero miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fallecidos en acto de servicio. Sin embargo, en este caso en vez de seguir las resoluciones ordinarias que existen desde 2018, se ha forzado una interpretación incoherente: que en caso de fallecimiento el principio de indemnidad ya no existe. Esto choca frontalmente contra la razón, porque no puede ser que el Estado atienda unas lesiones fuertes que no producen la muerte pero sí una invalidez en las mismas cuantías que determina la sentencia penal y en cambio no un fallecimiento porque ya no hay daño», explica Tafalla.
Este resarcimiento por el principio de indemnidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lesionados en acto de servicio es la segunda de las vías que han abierto la viuda de Caballero y los padres y hermanos de Romero. La otra es la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de que del 5 al 14 de diciembre de 2017 no puso todos los medios a su alcance para averiguar quién era Igor el Ruso y qué hacia en la zona pese a todos los indicios que había de que la persona que había disparado a matar sin mediar palabra con un arma corta a dos personas en un masico de Albalate. No se cotejó la balística del arma corta italiana que empleó el Ruso en el primer tiroteo, hasta 17 días después no se analizaron las balas; ni se tomaron huellas, entre otros.
Estos dos expedientes no son acumulativos por lo que si el Estado hubiera resarcido a los familiares con el de indemnidad, mucho más claro y que no necesita entrar en el motivo por el que el Ruso mata a los guardias, ya no tendría sentido la responsabilidad patrimonial.
Para pagar chiringuitos políticos de toda índole y estómagos agradecidos hay dinero de sobra. Pero indemnizar a los familiares de los asesinados en acto de servicio, para eso no. Que ascazo de pais.
Desde luego que el ministerio del interior se está cubriendo de gloria con éste caso.
Yo creía que esa profesión ya sabes lo que toca, que tendrás tus seguros de accidente de vida etc (o deberías) que se les habrán pagado todos los gastos de sepelio etc etc etc, medicos psicologos psiquiatras, ayudas varias, pensión de viudedad, de orfandad, etc etc, y ahora también indemnización millonaria a pagar entre todos nosotros? no lo entiendo. Al camionero que sufre un accidente también hay que indemnizarlo??
Esto no va de malas simplemente me parece un abuso, pero si alguien nos lo explica estoy seguro que no soy el único que no lo entiende.
Desde luego Ramón que no lo has entendido, pero por tus palabras mejor no gastar tiempo en tí.