Casi 300 concesiones mineras ponen en jaque los recursos de varios pueblos

«Están impactando contra los acuíferos, el agua de nuestros pueblos. Extraen, y se lo llevan todo. No hay ningún beneficio que se quede aquí». Así de contundentes se muestran desde la Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel ante el impacto que las explotaciones mineras están provocando desde hace años en diferentes zonas del Bajo Aragón, Maestrazgo, Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos. Y es que entre concesiones ya en activo y en permiso de ampliación, son casi 300 las que contabilizan a día de hoy, muchas de ellas prácticamente colindantes en apenas unas hectáreas.

Quienes lo viven temen por el impacto en sus pueblos, su seguridad en las carreteras, e incluso que se continúe perdiendo población. Saben que el modelo genera empleo, y por eso no es rechazado sin más. Lo que se pide va más allá: una mirada global y más justa por parte de las administraciones y, sobre todo, la escucha activa de quienes lo sufren. «La angustia que sentimos los vecinos no se va. Hay soluciones sobre la mesa, solo falta empezar», afirma Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva, uno de los pueblos que más sufre en lo que respecta al tráfico pesado de los camiones que transportan las arcillas.

Si se tiene una visión global, el grueso de las explotaciones se mantiene desde hace tiempo en la comarca de Cuencas Mineras, seguida de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Maestrazgo (ver mapa adjunto en esta página). Pero los datos todavía son más impactantes si se tiene en cuenta una visión global. Según el registro minero, a lo largo de estos años se han contabilizado más de 700 concesiones mineras en el territorio, incluyendo las ya canceladas.

Aun así, más que el número de minas activas, lo que se denuncia son «las miles de hectáreas en superficie ya destruidas y los millones de toneladas extraídos», tal y como defiende Guillermo García, de la Plataforma de Afectados por la Minería de Teruel, y quien en su día ya creó junto a otros vecinos la plataforma 'Estercuel es Futuro'. El objetivo: contar lo que estaba ocurriendo como uno de los pueblos afectados. «Llevan más de 80 años carcomiendo y llevándose nuestro Estercuel. Se está produciendo una transformación total del paisaje», sentencia. También genera dudas el empleo creado a raíz de estas explotaciones, «mucho menor a lo que inicialmente prometen las empresas». Denuncian que, en según qué casos, mientras que en su momento se hablaba de cientos de empleos, a día de hoy pueden contarse con los dedos de una mano.

Gargallo, Utrillas o Seno son algunos del resto de los pueblos afectados. Pero se espera que el modelo extractivo «vaya a más». «Empezó a crecer cuando estalló la guerra de Ucrania, porque se pasó a no poder extraer arcillas de allí, lo que a su vez multiplicó la producción en Teruel», explica Sergio Martínez, presidente de la misma plataforma, y quien, a su vez, alerta de graves daños medioambientales si el modelo no cambia. «A día de hoy, no nos equivocamos si decimos que somos una de las zonas más afectadas de todo el país», sentencia.

Impacto ambiental en acuíferos y deterioro del medio

Pero, ¿qué es lo que más preocupa en lo que respecta a estas consecuencias medioambientales?: el agua. «Ya lo pudimos comprobar con la extrema sequía que vivimos en 2024… Cuando se trata de la falta de este recurso, los problemas van a más», añade Martínez.

Al extraer grandes cantidades de arcilla, explican desde la plataforma, se puede intervenir en los cursos de agua de los acuíferos. «Cuando se hace la extracción, se modifica la capa freática. Aquí tenemos la suerte de tener mucha agua por manantiales, pero si se producen esas afecciones, entonces los pueblos enteros correrían peligro», alertan.

De hecho, es un problema con el que ya se han topado. «Hemos detectado que algunas minas están bombeando el agua de forma indiscriminada donde les da la gana. Este verano, en Abenfigo (pedanía de Castellote, donde conviven una gran cantidad de explotaciones mineras) ya detectaron una bajada alarmante del nivel del agua en las fuentes que suministran al pueblo. La preocupación es evidente», defiende Martínez.

Además, también denuncian otros «importantes destrozos» en el medio natural donde impactan las minas. Entre ellas, la modificación «total» del suelo y sus usos en dirección a la desertificación, así como el «destrozo» de vías de interés comunitario como senderos, o pistas. «A ello hay que sumar la contaminación del aire por las toneladas de humo de la combustión de las máquinas y polvo, así como otros delitos medioambientales como el entierro de aceites de motor, cableo y residuos tóxicos en las zonas que tienen que restaurar», explica García.

Procesos judiciales y una Ley de Minas sin actualizar

Aunque estos últimos meses ha resurgido, la preocupación ante el impacto ambiental de las minas no es nueva y lleva preocupando meses tanto a vecinos como a alcaldes de los pueblos. De hecho, años atrás incluso ha llegado a desencadenar procesos judiciales, como el que se mantiene abierto a espera de resolución contra Pamesa en relación a la Mina Elena, «la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno hace años». La Sección n.º 2 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) juzgará la legalidad de la explotación (ya avanzada) al admitir la ampliación del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la aprobación del proyecto, dirigido a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. «Tenemos la esperanza de que paralicen esta barbarie. Hay demasiados motivos que incurren con la forma de proceder», afirma García.

En ese sentido, desde la plataforma critican que la Ley de Minas que se tiene en cuenta para las concesiones lleva años sin una actualización y, por tanto, sin tomar en consideración los posibles efectos ambientales. «Es una ley del año 73. No habla del territorio, ni de los daños con paisajes, ni de la responsabilidad de las acciones de ecologismo. La mirada que se tiene ahora no es la misma, y por eso urge cambiarla», concreta el presidente.

Desde DGA explican que, según los últimos datos recopilados datados del año 2024, se mantiene un total de 101 explotaciones mineras en la provincia de Teruel. En toda Aragón, el número asciende a las 249, con un empleo directo que asciende, señalan, a los 2.285 trabajadores. Por su parte, las empresas mineras que operan en el territorio, como Pamesa, no han respondido a las peticiones de información y llamadas de este medio.