El retraso del nudo Mudéjar obligará a Endesa a recalcular su plan industrial

El próximo lunes se cumplirán cinco años desde que la Central Térmica de Andorra, uno de los principales motores de la economía turolense durante décadas, cerrara sus puertas entre protestas y el requerimiento de una transición justa que, también cinco años después, sigue sin ser una realidad. Es un aniversario que se recibe entre pesimismo y decepción por el incumplimiento de las promesas en cuanto a las oportunidades de empleo. La mayoría de ellas, de hecho, deberían llegar a partir del nudo Mudéjar de Endesa y su plan de acompañamiento, con una inversión de 1.800 millones de euros y la construcción de 1.843 MW de potencia renovable. No obstante, y también cinco años después, este sigue paralizado a falta de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para empezar a construir.

Que el cierre de la Central no se realizara de una forma más acompasada, permitiendo que tanto Andorra como el resto de la comarca pudieran encontrar nuevas vías para impulsar su economía, «fue uno de los principales errores». Endesa ya adelanta que tendrá que rediseñará parte de los proyectos industriales que venían aparejados al nudo, el primero de este calado en todo el país, precisamente por ese retraso. «Esperamos obtener la declaración favorable una vez pase el verano. Hablamos cada el día con el Ministerio», defendió recientemente Ignacio Montaner, director de Endesa en Aragón.

Además de la construcción de siete proyectos renovables hibridados, con una potencia instalada de 1.843,6MW, inicialmente, el plan de acompañamiento incluía diferentes iniciativas industriales que se complementarían con proyectos sociales. En lo industrial, se plantearon dos proyectos de almacenamiento con baterías, una hidrogenera, una fábrica de seguidores solares y un compensador síncrono. Sin embargo, la eléctrica tendrá que recalcular parte de las iniciativas.

En lo social, Endesa sí ha avanzado en la recuperación de los olivos pactada junto a Apadrinaunolivo.org. Además, también ha trabajado con alumnos de Atadi y el colegio Gloria Fuertes de Andorra para el montaje de los parques Sedeis y Mudéjar, complementarios al nudo; así como el desarrollo de la iniciativa inclusiva 'Pictopueblo' por diferentes calles de la localidad andorrana. En el proyecto social inicial también se planteaban un centro de avifauna para la protección de la naturaleza, una reserva protegida para el desarrollo y la investigación de especies botánicas, cultivo de plantas aromáticas a través de un acuerdo con Natur Nature (Esencia Els Ports), cultivo bajo paneles solares en los parques, así como acuerdos con Luas Miel y La Cerrada para la instalación de apiario solares.

Endesa también tenía previsto una Milla Verde de la Transición energética en el perímetro de la central, una plataforma digital para optimizar la cadena logística de empresas del sector agroalimentario en Andorra, así como el impulso del pastoreo de ovejas en las instalaciones de los parques renovables. No obstante, «hasta que no haya DIA y se sepa como queda el proyecto industrial no se puede dimensionar algunos aspectos del plan socioeconómico», apuntan desde Endesa.

A lo largo de estos años, otro de los principales avances de la eléctrica ha sido la puesta en marcha de unos cursos de formación, dentro de su Escuela Rural de Energía Sostenible, para reubicar a extrabajadores de la minería en los nuevos proyectos renovables. Todo ello con más de 350.000 horas de formación que, sin embargo, tampoco se están dando de forma acompasada a la creación de ese empleo. «¿Tanta formación, para qué? ¿Para montar placas? Aquí necesitamos otras cosas», critica Alejo Galve, portavoz de UGT. «Es verdad que a las empresas que ya están instaladas se les está ayudando, pero no hay nada más. Toda esa industria que se prometió… que venga cualquiera y me diga dónde está. Estamos peor que en 2020», añade.

Presión con reuniones

A diferencia de cuando se produjo el cierre, la movilización social ha ido decayendo a lo largo del tiempo. «La población está resignada», señala Galve. A ello, además, se une que gran parte de los trabajadores de la Central se han tenido que marchar a otras zonas por la falta de opciones laborales. En cuanto a lo sindical, UGT sigue presionando al Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que CCOO adelanta próximas reuniones a nivel provincial y estatal. «Debemos volver a negociar con las instituciones de la transición energética para ver qué es lo que realmente tienen encima de la mesa…Y que sea un salvavidas y un desarrollo económico para la zona para presionar en ese sentido», explica Ignacio Arasanz, secretario general del sindicato en el Bajo Aragón Histórico.

En su opinión, antes de empezar el cierre de la Térmica, se tendrían que haber planteado proyectos industriales más concretos, así como focalizar las ayudas en los municipios directamente afectados. «Por el momento la reconversión industrial es muy inferior a lo que se prometía. Las ayudas se han dispersado, y lo que ocurre es que si no se invierte en algo muy concreto, todo lo demás ayuda, pero no soluciona el problema», puntualiza el secretario general comparando la reconversión de Andorra con Utrillas. «Se podría haber hecho algo similar, impulsando una empresa con participación pública para asegurar su desarrollo y su sostenibilidad real, o incluso con una fábrica, por ejemplo, de molinos o de placas», añade.

Agilizar el plan de acompañamiento

El equipo de gobierno de Andorra -PSOE e Izquierda Unida- también recibe este quinto aniversario con pesimismo, y sin dejar de reclamar tanto a Endesa como al Ministerio que agilicen el proceso, sobre todo la puesta en marcha del plan de acompañamiento y su vertiente industrial. «Es lo que creará empleo estable tanto en la construcción como en la operación. Tienen que cumplir con lo que se comprometieron: la hidrogenera, el almacenador de baterías, la fábrica de seguidores solares…No pedimos nada más», apunta Rafa Guía, alcalde de Andorra.

La villa minera continúa manteniendo otras empresas desligadas a la Central, y que atraviesan un buen momento. También sigue avanzando en la tramitación del macroproyecto renovable Catalina, que depende precisamente de una concesión de agua inferior a la que tenía la Central y que todavía sigue pendiente. Pero aun así, su alcalde recalca que aún no se ha recuperado todo el empleo que se perdió con el cierre de la Térmica. «Tiene que haber un nivel de exigencia de cumplimiento mucho más alto del que hay por parte del Ministerio a Endesa. Han pasado cinco años y por tener tenemos parques fotovoltaicos, dos que ni siquiera forman parte del plan de acompañamiento», critica Guía.

Por su parte, Raúl Romero, portavoz de Izquierda Unida, defiende que «toca empezar a meter el dedo en la llaga». «Hay que estar mucho más serios y contundentes, tanto con el Ministerio como con Endesa. Cinco años es un tiempo más que prudente en el que se han pasado la pelota unos a otros, pero nosotros no hemos recuperado a esos trabajadores que perdimos», especifica.

Cuatro décadas de actividad

Cabe recordar que la Central Térmica de Andorra, construida entre los años 1974 y 1979, estuvo más de cuatro décadas operativa. Endesa solicitó su cierre en 2019, y el 30 de junio de 2020 fue cuando se hizo efectivo. Tras ello, la eléctrica inició un proceso de desmantelamiento en el que se implicaron casi 300 trabajadores y que finalizó el 31 de julio de 2024.

La eléctrica continúa inmersa en el desarrollo de ese plan de futuro ligado al nudo, que generará más de 6.300 empleos hasta agosto de 2029 equivalentes en la etapa constructiva y 370 empleos directos ligados al proyecto renovable. A ellos se sumarán, una vez esté desplegado todo el plan de desarrollo socioeconómico, otros empleos estables de largo plazo.

De forma paralela, desde el 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha concedido más de 402 millones de euros en ayudas a trabajadores y territorios afectados por la transición energética en Aragón, apoyando de manera directa a 101 proyectos de restauración, empresariales energéticos y municipales, cuya puesta en marcha se estima que podría movilizar 790 millones de euros y crear más de 1.158 nuevos trabajadores.