La Transición Justa tiene que materializarse «ya», o si no no será. Y es que cuando se están a punto de cumplir los cinco años del cierre de la Central Térmica de Andorra-la cual marcó un antes y un después para la cuenca minera turolense- todavía "no hay apenas proyectos tangibles" que aseguren la reconversión económica de la zona. Así lo manifestaron este miércoles diferentes alcaldes durante las jornadas organizadas por UGT en Andorra para analizar en qué punto se encuentra este proceso, y en las que se volvió a pedir agilidad a las administraciones.
Aunque ya hay iniciativas empresariales impulsadas con fondos de Transición Justa en Andorra, el verdadero punto de inflexión aún no se ha producido, denunciaron los alcaldes. El avance real del proceso pasa, en gran medida, por la resolución del expediente del Nudo Mudéjar, el macroproyecto de energías renovables de Endesa con una inversión total de 1.700 millones, ligado a un potente plan social, todavía paralizados. La propia eléctrica estuvo presente en las jornadas, y reconoció que la activación del "complejo" proyecto estaba siendo mucho más lenta de lo esperado. "Queríamos que el proyecto energético importante, esos siete parques hibridados con las 14 plantas, estuviera más avanzado. Es muy complejo, y todos pensamos que se tendría que haber tramitado más rápido, seguramente de una forma especial", defendió Ignacio Montaner, director de Endesa en Aragón.
El trámite del que se está pendiente actualmente es la Declaración de Impacto Ambiental, para la cual todavía no hay fecha. "Creemos que será en los próximos meses, o bien antes o después de verano. Después faltarán todas las actualizaciones, tanto administrativa, como constructiva, y junto a ello irá el plan industrial", añadió Montaner. De forma paralela, Endesa sí está avanzando en la puesta en marcha de sus proyectos fotovoltaicos en el entorno de la central. Precisamente la semana pasada recibieron la autorización de explotación de su parque fotovoltaico ubicado en Mas de Perlé. Aun así, admiten que esta "no es la solución definitiva". "Son iniciativas que durante estos años han sumado en torno a 150 millones de euros de inversión y que han creado empleos para la zona a la espera de que llegue el proyecto definitivo", destacó el director de Endesa en Aragón.
A la espera de que este año se concrete toda esta tramitación, los ayuntamientos se mostraron críticos con los plazos. La eléctrica ha ofrecido hasta la fecha 350.000 horas de formación, algo "positivo" pero que no se está produciendo de forma acompasada a la llegada del empleo, denunciaron. «Hay muchas fotos, mucha formación, pero verdaderamente todavía no ha llegado nada. El proceso está siendo muy lento, y queremos pedir al Instituto de Transición Justa que esté encima de Endesa", explicó Paul Guía, primer teniente de alcalde de Andorra.
Municipios como Ariño relataron el impacto en sus localidades tras el cierre de la economía minera. "A fecha del 30 de diciembre de 2016 teníamos 980 habitantes. Dos meses después de que se cerrara la explotación del carbón, ya habíamos perdido 270 vecinos. La colonia polaca que teníamos trabajando en las minas, por ejemplo, se marchó para no volver. Actualmente, somos 640 personas censadas, un número que ni siquiera es real. Esta es nuestra realidad y la del resto de poblaciones afectadas", dijo Carlos Ros, alcalde de Ariño, quien también criticó la lentitud de las administraciones y reivindicó que los fondos de transición se destinaran a infraestructuras como la pista minera. "Su arreglo permitirá que las 3 o 4 empresas que todavía tenemos se puedan quedar aquí y crezcan en trabajadores", añadió.
A la lentitud de las administraciones también se refirió el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, quien reclamó que los fondos de Transición Justa garanticen los servicios y las necesidades de los municipios. Por ejemplo, en su caso están inmersos en la ampliación del polígono Los Llanos, para la que siguen requiriendo la instalación de fibra óptica. "Tenemos que competir con empresas y polígonos importantes como los de Zaragoza o como los de Valencia, y sin fibra óptica es muy complicado", especificó. Además, ambos ediles se mostraron críticos con que sus pueblos recibieran "menos fondos que otros municipios incluidos en el convenio de Transición Justa y que no han sido específicamente mineros".
El encuentro también contó con la participación de Elisabeth López, agente en Aragón de Convenios de Transición Justa, quien realizó un repaso por todos los proyectos que se han llevado a cabo y la inversión realizada hasta el momento en la zona. López, además, insistió en que el proceso estaba siendo complicado porque al tratarse del primer convenio de este tipo en gestionarse en toda España, y el único en incluir a un número tan amplio de localidades. Desde UGT, los representantes sindicales defendieron que trasladarían al Ministerio las reivindicaciones del territorio recogidas durante las jornadas.
