Se cumple una semana desde el desalojo voluntario de 57 vecinos de Caspe de su edificio, tras detectarse una grieta que podía provocar el colapso del inmueble. Abandonaron sus hogares durante la mañana del pasado viernes, tras negarse la noche anterior a hacerlo ante la falta de opciones de alojamiento y la directriz de dormir en el polideportivo municipal. Siete días después, solo tres de esos vecinos han conseguido una vivienda en la que quedarse y los otros 54, entre ellos 21 menores, continúan distribuidos entre el convento de Santo Domingo y el refugio espiritual de las hermanas de la congregación Santa Ana.
La falta de vivienda en la localidad es el principal problema que están encontrando las 13 familias y 7 personas que están en proceso de realojamiento. De hecho, urge más reubicar a los vecinos que están en el refugio de las monjas, al haber sido cedido por la congregación.
Por ello, los Servicios Sociales de la Comarca están trabajando en distintas vías para ayudar a los afectados. "Estamos valorando cuánto les podría costar el alquiler y si podríamos realizar un apoyo económico al principio", explica la consejera delegada Mireia Bondía, recordando que desde la institución comarcal se continúa colaborando con el Ayuntamiento para encontrar alojamientos.
Los técnicos también han remitido un escrito a la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, María Pía, para valorar las solicitudes que se remitan a la Bolsa Pública para Vivienda. "Pedimos que no se vaya por el procedimiento ordinario, que suele tardar entre seis y siete meses, sino que se haga por el de urgencia", indica Bondía. Se desconoce cuánto alojamiento público hay disponible en el municipio.
También se ha buscado más vivienda en los pueblos cercanos a Caspe, aunque esta opción presenta otros problemas. La consejera señala que, además de que no hay casi oferta, hay vecinos que no cuentan con un transporte para ir a trabajar.
Algunas de las familias desalojadas se encontraban previamente en una situación de vulnerabilidad, por lo que su seguimiento se ha continuado realizando por parte de los servicios sociales. Una trabajadora social se acerca todos los días al convento y al refugio para valorar la situación en la que se encuentran y, a veces, vuelve a pasar al final de la mañana.
Desde el primer día, el Gobierno de Aragón ha garantizado que los menores tengan sus necesidades cubiertas y que puedan comer, si lo desean, en los colegios en los que están escolarizados. También se ha procurado transporte para desplazarse hasta los centros, dado que el refugio se encuentra en el barrio de Pescadores y el convento está en una zona alejada del casco urbano. El ejecutivo agradeció la colaboración por parte del Ayuntamiento y la Comarca para atender a los menores.
En cuanto al edificio, continúan los estudios en torno a la estructura para determinar el estado del mismo. Tras haber identificado los fallos en la cimentación y los problemas de humedades, los técnicos ahora se están centrando en realizar sondeos a los fundamentos. Todavía no hay una fecha orientativa para presentar los resultados y los próximos pasos.