Los 57 vecinos del edificio en riesgo de derrumbe en Caspe serán finalmente realojados en instalaciones públicas u otras opciones que se han buscado algunos de ellos por su cuenta. El Ayuntamiento decretó el pasado jueves por la tarde el desalojo de las 19 viviendas de la calle Paseo Nuevo, pero sus residentes se negaron a abandonar el edificio pese al informe técnico que advierte de un movimiento de cimientos provocado por las continuas lluvias y antigüedad. Temían no poder encontrar una nueva vivienda. La alerta saltó el martes por la tarde, cuando la Policía Local detectó una grieta de entre 20 y 25 centímetros en los bajos del edificio, una fisura que no existía previamente. Se estableció un perímetro de seguridad, que este viernes se amplió a unos 20 metros alrededor del inmueble.
Desde las 9.00 de este viernes, efectivos de bomberos y Guardia Civil se han acercado hasta la zona para instalar un sistema de telémetro para vigilar mediante láser el edificio afectado y el contiguo por si hubiera movimientos. Por el momento, no hay riesgo de colapso. El Ayuntamiento de Caspe afirma que todavía se están llevando a cabo estudios y que se dispondrán varios alojamientos públicos para los afectados a través de los Servicios Sociales a lo largo de este viernes. "Hay una orden de desalojo preventivo. Mientras tanto, haremos estos trabajos de sondeos y de evaluación para ver realmente cómo está el edificio. Inicialmente, lo más preocupante es la planta baja", explicó el concejal de Urbanismo, José Miguel Albiac. Hasta la zona también se han acercado efectivos de Servicios Sociales.
Entre las personas afectadas se encuentran varias familias de origen extranjero, una circunstancia que ha dificultado la comunicación durante el proceso. También hay 23 menores.
Tras la inspección realizada por los servicios técnicos municipales de urbanismo, se confirmó que el inmueble, construido en 1961, presenta un movimiento en los cimientos, provocado por las continuas lluvias y el paso del tiempo. El mismo equipo estudió la situación, determinando la necesidad de desalojarlo ante las próximas tormentas que descargarán en el territorio. El edificio no presentaba antecedentes de estar en mal estado. Su propietario falleció hace unos meses y en los próximos días se someterá a un estudio más detallado. "Desde el Ayuntamiento se solicitó un informe técnico al Colegio Oficial de Arquitectos de forma muy urgente y se está empezando con ese proceso", ha apuntado la alcaldesa, Ana Jarque.
El desalojo
Mientras la situación avanza, el Tribunal de Justicia de Aragón sostiene que en el Tribunal de Instancia de Caspe, no ha tenido constancia oficial del hecho, por lo que no se ha podido producir ninguna resolución. «En el juzgado no se ha presentado ninguna solicitud oficial, ni se le ha dirigido ningún atestado, ni tampoco ninguna petición por parte del ayuntamiento, por lo que, a día de hoy, no se ha abierto ningún procedimiento judicial», han explicado en un comunicado y añaden que «en el caso de que se presentara en el juzgado una solicitud o la documentación pertinente, la jueza resolvería lo que proceda en Derecho». Aunque en un principio se sopesó recurrir al juzgado para que el desalojo fuese forzoso ante la negativa inicial de los vecinos a salir, no ha sido preciso porque finalmente han accedido de forma voluntaria este viernes por la mañana tal y como han explicado desde el Ayuntamiento y la Comarca del Bajo Aragón Caspe ante los medios de comunicación a las tres de la tarde, cuando el desalojo avanzaba a buen ritmo. Respecto al comunicado emitido por el TSJ, la alcaldesa ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Caspe se informó ayer -por el jueves- al partido judicial de Caspe de lo que estaba sucediendo y hoy por la mañana -por el viernes- se ha comunicado al Tribunal Supremo número 2, al contencioso número 2".
Se ha hecho de forma escalonada con la vigilancia de la Guardia Civil y Protección Civil, que han ido controlando el paso de los vecinos de dos en dos, y en algunos casos en grupos pequeños, a recoger enseres con la ayuda, además, de la brigada municipal para los objetos más pesados. Se les ha dirigido al pabellón en un primer momento y también se les ha procurado comida con unos vales para consumir en algunos establecimientos determinados. Mientras se evalúa la situación de cada grupo por parte de los Servicios Sociales comarcales, que ya disponen de la documentación y que, además en algunos casos se trata de familias ya usuarias, permanecerán alojados en el convento de Santo Domingo y en el refugio espiritual de las hermanas de la congregación Santa Ana. "Se ha tratado de dar espacios seguros y de procurar las conciliaciones familiares para que los niños continúen en sus hábitos de vida cotidianos y que los adultos trabajadores continúen yendo a su trabajo", ha dicho la alcaldesa, Ana Jarque.
Esta situación activó el plan de emergencia a nivel autonómico y a Protección Civil y Servicios Sociales, departamento comarcal que dispone de un servicio de Urgencias para cubrir las necesidades de las familias ya desde la noche del jueves. "Se les comunicó a todas las personas que pasasen por las dependencias comarcales este viernes porque nuestra preocupación en primer lugar era el velar por todos ellos, transmitirles tranquilidad para que salieran de forma voluntaria por su seguridad y saber la situación real de esas familias para poder buscar una ubicación digna y en las mejores condiciones", ha dicho el presidente de la Comarca del Bajo Aragón Caspe, Javier Nicolás, que resaltó "el trabajo realizado por todos los técnicos de la comarca que han conseguido una foto fija de cómo son estas familias, tanto de las que ya contaban con el apoyo de los Servicios Sociales como de las que no, y precisar qué necesitan".
Hasta el lugar se ha desplazado también la consejera de Bienestar en funciones del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, que ha destacado la necesidad de acompañar al Ayuntamiento y la Comarca "en momentos que no son fáciles y que superan también a los pequeños ayuntamientos". En la tarea del desalojo, se ha coordinado con el Gobierno de Aragón la garantía de que los menores tengan sus necesidades cubiertas, y que los niños puedan comer en los colegios en los que están escolarizados, tal y como ha sido posible ya este viernes. Susín destacó la coordinación municipal y comarcal y la "falta de apoyo" por parte del Gobierno central. "Hemos echado un poco de menos el apoyo de la Delegación del Gobierno cuando estamos hablando también de personas migrantes, algunas en situación irregular, a las que hay que dar alguna solución".
Desde Delegación del Gobierno aclaran que "desde la primera noticia que se recibe de declaración de desalojo en Caspe se ha estado pendiente a través de sus competencias en seguridad ciudadana, con la colaboración de la Guardia Civil ante la solicitud de auxilio por parte del Ayuntamiento de Caspe". Aseguran, además, que no ha sido hasta las 11.00 de este viernes cuando la vicepresidenta Mar Vaquero ha llamado a la subdelegada del Gobierno en Zaragoza y la subdelegada se ha desplazado a Caspe para reunirse con la alcaldesa, la consejera de Servicios Sociales y responsables comarcales. Entre otras cuestiones, "la consejera ha instado a la Delegación a hacerse cargo de las personas migrantes y, tal como ha recordado la subdelegada, el hecho de que se trate de personas migrantes no es eximente para que el Gobierno de Aragón eluda sus competencias en materia de servicios sociales". Aclaran, además, que "el Gobierno de España tiene competencia en la atención de las personas solicitantes de asilo, situación que no ha quedado determinada, y para la que en todo caso se ha desplazado personal de Extranjería de la Policía Nacional en caso de que fuera necesario agilizar trámites. De todo ello ha sido informada la consejera".
Aseguran que la Delegación del Gobierno no ha "declinado" la solicitud de colaboración del Gobierno de Aragón, sino que la subdelegada "ha ofrecido su colaboración en las materias en las que tiene competencia la Delegación y en este sentido se ha reforzado la presencia de Guardia Civil en Caspe para atender la situación, se ha puesto a disposición la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional y se ha preavisado a las entidades sociales que gestionan el alojamiento de personas en protección internacional para disponer de posibles alojamientos en caso de que se den casos en esas circunstancias, algo que la consejera no ha podido confirmar salvo señalar que eran personas migrantes de distintas nacionalidades", concluyen.
