La suspensión cautelar del Plan de Pesca de Aragón es un paso positivo y un balón de oxígeno importante para el sector económico vinculado a este deporte en todo el territorio. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón entiende que pueden existir excepciones a la erradicación de especies invasoras y que se pueden adoptar medidas de control sin sacrificio. Según la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad especies como la trucha arcoíris, carpa común y el black bass se enmarcarían en este argumento. Empresarios, ayuntamientos, comarcas y pescadores implicados en la polémica vienen reivindicando esto desde hace más de un año, aunque no ha sido hasta hace unas semanas cuando su voz se ha empezado a escuchar. En el Bajo Aragón ya se habían empezado a notar las pérdidas, con un 40% menos de ventas y ocupación hostelera. Se preveía perder más de 100 competiciones que se realizan en el embalse de Mequinenza, una cifra valorada en unos seis millones de euros. A este daño habría que unir, por supuesto, todos los granes esfuerzos realizados para impulsar el sector, acotarlo, protegerlo de furtivos, y desarrollar planes turísticos desarrollados a lo largo de los últimos años en torno a la importancia de protección del embalse y su dinamización como nicho económico específico.
Este paso judicial abre el camino a la esperanza para que la ley se modifique a nivel nacional. Cabe recordar que la polémica surgió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo a causa de una denuncia de grupos ecologistas. Varias comunidades autónomas, responsables de aplicar los planes de pesca, están en la misma lucha que Aragón. El auto aragonés sienta precedente y anima a los pescadores a seguir uniendo a diferentes colectivos en sus reivindicaciones. Su reivindicación debería llegar hasta el Congreso. Precisamente el jueves, el día en que se pronunció el TSJA, los diputados aprobaron la amputación de las colas de los perros y cortar las uñas a los gatos. En el caso de la pesca, hablamos de la muerte de ejemplares. Los pescadores deportivos se niegan a sacrificar los peces y entienden esta actividad en el marco del respeto a la natureza y el paisaje. Ningún tribunal podrá obligarles a matarlos, ni parece una medida consecuente en pleno siglo XXI. Debe apostarse por controles de especies invasoras más sostenibles y adaptados a la sensibilidad y los valores de quienes mantienen nuestro entorno. De lo contrario, el sector desaparecerá, con las gravísimas consecuencias que esto suponga para la economía, la gestión de los embalses y el futuro de este deporte en sí mismo.
