Alcañiz amanece estos días con el asfalto recién pintado y una lógica que cuesta comprender a pie de calle. Las líneas naranjas marcan el aparcamiento junto al centro de salud y la calle Andrés Vives, mientras el azul se extiende por zonas que ya no serán libres. En cuestión de semanas, la ciudad sumará 164 plazas de pago más, un salto del 85% que transforma de golpe la forma de moverse por sus calles.

El lugar elegido para estrenar la zona naranja tiene su propia historia. Se abrió en octubre de 2020 para uso libre de la ciudadanía, con una inversión de 110.798,57 euros del Fondo Local de la Diputación Provincial de Teruel. Antes de su inauguración ya se había anunciado que sería gratuito y el alcalde destacó que serviría para aliviar la falta de aparcamiento de vecinos y usuarios de los centros sanitarios. Al día siguiente de la apertura, un lector dejó en la edición digital de este periódico un comentario premonitorio: “terminará siendo de pago”. Seis años después, aquel vecino anónimo ha tenido mejor ojo que cualquier planificador municipal.

El consistorio defiende ahora que busca favorecer la rotación y que atiende a peticiones de trabajadores cuyos usuarios no encontraban sitio. Sobre el papel suena impecable, pero en el barrio las sensaciones son muy distintas. Los vecinos sostienen que, tras el traslado de la actividad al nuevo hospital comarcal, la presión sobre el aparcamiento ha disminuido y por las mañanas suelen quedar plazas libres. No se han publicado datos de ocupación que permitan comprobarlo. En cualquier caso, convertir una plaza libre en una de pago no crea aparcamiento de la nada, solo le pone precio.

La medida tiene además una letra pequeña que choca contra la vida real. Si la zona naranja impone un límite de tres horas durante la mañana, ¿dónde va a dejar el coche quien trabaja una jornada completa en el centro de salud o el vecino que necesita tenerlo estacionado durante esas horas porque no dispone de garaje? Se habla de modernizar la movilidad, pero se olvida que detrás de cada matrícula hay una rutina laboral o una familia que necesita aparcar cerca de casa.

El concejal ya lo dejó claro hace unos meses. Al abordar la posibilidad de implantar tarjetas especiales para residentes, como las que existen en otras ciudades, respondió que Alcañiz “no es una ciudad tan grande”. Es una forma curiosa de calibrar el mapa. Resulta que la ciudad es suficientemente grande para incorporar parquímetros de última generación, lectores de matrículas y una concesión externa, pero se queda pequeña en cuanto toca plantear facilidades para sus propios residentes.

Lo pienso también desde la distancia de quien vuelve con frecuencia a Alcañiz de visita. Conozco bien la sensación de llegar en coche a una capital que es el corazón de toda una comarca. Alcañiz pertenece también a quienes dependemos de sus servicios, compramos en sus comercios o regresamos a casa de nuestros padres y a ver a los amigos. Si cada visita cotidiana o trámite médico empieza a gravarse con un peaje añadido, el mensaje que se traslada hacia afuera es el de una ciudad que, en lugar de acoger, levanta barreras y acaba convertida en un embudo recaudatorio.

En otros puntos de Aragón, como en Sallent de Gállego, se ha planteado una propuesta distinta para regular el tráfico. Su proyecto en tramitación prevé autorizaciones específicas para residentes, propietarios y negocios locales, acompañado de aparcamientos periféricos. En Alcañiz se ha empezado directamente por la pintura y el recibo, dejando las alternativas para más adelante.

Al consistorio le toca ahora demostrar con números qué gana la ciudad con esta concesión y qué soluciones reales piensa dar a quienes no tienen garaje, porque el malestar vecinal no se apaga repitiendo discursos sobre la fluidez del tráfico. Una población que ejerce de referencia para los pueblos de su entorno debe facilitarles la vida, no colocarles un peaje en la puerta bajo la excusa de una modernidad que empieza y termina en el parquímetro.

Jorge Herrero. Papel y pixel