En el secano aragonés, cuando llegaba la campaña, no todos los agricultores podían permitirse la máquina que separaba el grano de la paja. Las trilladoras eran caras y quienes las poseían recorrían los pueblos, de era en era. La máquina llegaba, hacía su trabajo y volvía a marcharse. El campo ponía la cosecha y el trabajo, pero una parte del valor de aquella mecanización viajaba con la máquina al siguiente pueblo. Con Amazon puede pasar algo parecido si Aragón se conforma otra vez con quedarse solo con el grano.
El Gobierno de Aragón lleva semanas alertando de que el nuevo decreto sobre centros de datos, con su exigencia de un 80 % de cobertura renovable y correlación horaria y apenas seis meses para adaptarse, pone en riesgo más de 54.000 millones en inversiones anunciadas o respaldadas en la comunidad, entre ellas los 5.000 millones que Amazon quiere invertir en La Puebla de Híjar. Desde el Gobierno aragonés sostienen que hoy ningún proyecto puede cumplir esos requisitos, el Ministerio sostiene que sí. A mí me cuesta más creer al segundo que al primero, no porque haya que aceptar cualquier centro de datos que quiera instalarse aquí, sino porque resulta difícil entender una regulación que puede castigar precisamente a los territorios que han conseguido atraer esta actividad.
Una cosa es poner límites al crecimiento de los centros de datos y otra diseñar condiciones que, según el propio Gobierno aragonés, los proyectos ya en marcha difícilmente pueden cumplir. Si la idea es ordenar dónde se instala la nueva demanda resulta discutible que la primera consecuencia sea penalizar a los territorios que ya han hecho los deberes.
Aragón produce el 167 % de la energía que consume y exporta más de la mitad, cuesta tragarse que el problema sea la falta de generación. La cuestión es cómo casar esa enorme capacidad renovable con el consumo, la red y las horas sin sol ni viento. Ahí debería estar la discusión, no en una regla general que deja fuera justo a quien más renovables ha desarrollado.
España ha preconcedido ya más de 12 gigavatios de acceso a la red para centros de datos, el triple de lo previsto para 2030, y de ellos 3,6 corresponden a Aragón. El interés está ahí, pero ahora toca conseguir que todo esto deje algo más que vallas y subestaciones, y eso ya no depende exclusivamente de Madrid.
Amazon calcula que su inversión sostendrá una media anual de 13.400 empleos equivalentes a tiempo completo en Aragón, de los que 4.200 corresponden a empleos directos derivados de su inversión, y ya trabaja con empresas de aquí. Ese ecosistema existe, la preocupación es hasta dónde llegará. Si el hormigón, la fibra o el mantenimiento de alta tensión quedan en manos de contratas de fuera que se marchan al acabar la obra, Aragón habrá puesto el suelo y la energía mientras el valor más especializado se genera en otro sitio.
La Puebla no tiene que convertirse en otra gran ciudad para ganar con esto. Hace falta que las instituciones aragonesas se pongan de acuerdo y ayuden para que las pymes de la zona entren en esa cadena antes de que la cubran empresas de fuera con los contratos ya cerrados. Llevamos años quejándonos de la despoblación turolense y ahora llega una de las mayores inversiones tecnológicas que ha visto la provincia. El éxito no puede ser plantar una valla en el campo y contar los millones desde fuera.
El decreto puede ser injusto con Aragón, pero eso no nos exime de nada. Durante décadas hemos atraído inversiones ofreciendo suelo, energía y agua. Ahora toca conseguir que alrededor de esas inversiones crezcan empresas propias y conocimiento que no desaparezcan cuando termine la obra. La trilladora acababa la faena y se marchaba a la siguiente era. Por una vez, que la máquina se quede.
Jorge Herrero. Papel y pixel

