En 2008, el subsuelo de Caspe, Maella, Fabara y Nonaspe ya figuraba en los mapas de quienes soñaban con barrer los excesos de la industria bajo la alfombra de la geología. El Ministerio de Industria delimitó entonces una enorme cuadrícula bautizada sin excesiva poesía como «Almacén 1»; luego Endesa solicitó permisos para explorar si bajo nuestros pies existía la trampa perfecta para sepultar dióxido de carbono. Por entonces, la captura de carbono se vendía como una de las grandes promesas verdes del siglo XXI. Aquello todavía estaba lejos de ser un almacén real o un proyecto en firme, era una hipótesis que había que investigar. Y eso se hizo con dinero público y paciencia durante años.

Después llegaron las campañas sísmicas, los sondeos y los informes del Instituto Geológico y Minero de España. En 2017, un equipo de científicos reconstruyó en tres dimensiones la estructura geológica de Caspe para comprobar si realmente era apta para almacenar CO2. El diagnóstico no fue precisamente una invitación a descorchar champán. El techo del reservorio aparecía demasiado cerca de la superficie y la formación presentaba una intensa fracturación que, según advertían los propios investigadores, podía favorecer la migración del CO2 hacia el exterior.

La ciencia siguió mirando. En las evaluaciones de capacidad se calculó para Caspe-Mayals una capacidad teórica de unos 42 millones de toneladas. Sobre el papel sonaba impresionante; sobre el terreno, los estudios de detalle cambiaron la historia. Las investigaciones posteriores del IGME confirmaron que la estructura no era adecuada y acabó entre las opciones descartadas. No es una sospecha vecinal ni una ocurrencia de redes sociales, forma parte de la propia documentación científica.

Pero en la administración pública la memoria geológica tiene una salud bastante mejorable. Este año una mercantil andaluza ha solicitado un permiso de investigación sobre casi 18.000 hectáreas en los cuatro municipios. El permiso acaba de salir a información pública y, sobre el papel, no autoriza todavía la inyección de gas, únicamente permite investigar si el subsuelo serviría para almacenarlo. Ahora bien, cualquier vecino con dos dedos de frente podría hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿qué ha cambiado debajo de Caspe?

Las fallas tectónicas no se arreglan solas con el paso de los gobiernos, ni las fracturas de la roca cicatrizan por imperativo de la transición ecológica. Si los estudios detectaron problemas de profundidad y fracturación y las investigaciones posteriores terminaron descartando aquella estructura, quienes vuelven ahora tendrán que explicar qué ha cambiado. ¿Se investiga otra formación geológica? ¿Han aparecido nuevos datos sísmicos? ¿O el nuevo permiso se apoya sobre una estructura diferente? Son preguntas razonables antes de dar por hecho nada.

Existe cierta costumbre metropolitana de tratar al medio rural como una despensa vacía donde cabe todo lo que incomoda. Unas veces son parques eólicos que hipotecan el horizonte, otras veces son centros de datos y ahora la posibilidad de convertir el subsuelo en almacén para una actividad cuyos beneficios se quedan lejos de los pueblos que ponen el territorio. Si la tecnología avanza y ofrece garantías rigurosas habrá que escucharla, oponerse por inercia tampoco es serio. Lo que resulta inadmisible es fingir que la historia empieza el día en que un proyecto sale en el boletín oficial.

Si algún día ese subsuelo resultara viable tocaría abrir el melón de verdad y responder a unas cuantas preguntas. De dónde procede el CO2, cómo llegará, quién vigilará el almacenamiento durante medio siglo y qué obtiene el territorio a cambio de asumir el riesgo si dentro de 30 años las cosas se tuercen.

Si hace unos años miramos bajo Caspe y la ciencia concluyó que no era un lugar idóneo, la pregunta no admite rodeos. ¿Qué vimos entonces que ahora hemos dejado de ver?

Jorge Herrero. Papel y pixel