La disputa por el último escaño provincial vuelve a colocar al Bajo Aragón Histórico en los cálculos electorales de los partidos. Sin embargo, la atención que despiertan nuestras papeletas debe traducirse en una responsabilidad que dure toda la legislatura. Quienes aspiran a representarnos tienen que explicar qué compromisos adquieren, cómo piensan cumplirlos y cuándo podremos exigirles resultados. El territorio acumula demasiadas promesas que sobreviven intactas de una convocatoria a otra.
La A-68 resume esa deuda. Resulta difícil aceptar que los principales partidos vuelvan a presentar como prioridad una infraestructura cuyo avance sigue siendo desesperadamente lento. Mientras se disputan la autoría de cada trámite, los vecinos continúan circulando por la misma carretera y las empresas soportan las mismas desventajas. Esta campaña debería servir para concretar partidas, plazos y actuaciones pendientes, con compromisos públicos que permitan comprobar después quién cumplió y quién volvió a buscar excusas.
También la transición energética exige respuestas. El futuro de Andorra y su entorno necesita empleo estable, actividad industrial y oportunidades capaces de compensar la pérdida sufrida con el cierre de la térmica. Los anuncios sobre inversiones deben acompañarse de información comprensible sobre su ejecución y sus efectos reales. La población tiene derecho a saber cuántos puestos de trabajo llegan, en qué condiciones y con qué posibilidades de continuidad.
Además, la mirada territorial debe atravesar el conjunto de las propuestas. Hablar de vivienda requiere atender a los pueblos donde faltan alquileres aunque sobren edificios vacíos. Defender el campo obliga a abordar la rentabilidad, el agua y el relevo generacional. Prometer servicios públicos exige explicar cómo se cubrirán las plazas sanitarias y cómo se garantizará una movilidad que permita estudiar, trabajar o acudir al médico. Por eso preocupa que el debate rural quede absorbido por consignas nacionales que simplifican problemas complejos y alimentan enfrentamientos. La convivencia merece rigor, especialmente cuando se utiliza la inmigración como argumento electoral en comarcas cuya actividad depende también de trabajadores llegados de otros países.
Los debates provinciales ofrecen una oportunidad para confrontar soluciones y preguntar por incumplimientos. Conviene aprovecharlos para exigir respuestas concretas, también a quienes ya han tenido responsabilidades de gobierno. Representar una provincia requiere escucharla durante cuatro años y defender sus necesidades incluso cuando incomodan a la dirección del propio partido.
Editorial
