Desde mi formación política, acostumbramos a llevar ante los tribunales, de forma seria y probada, los casos de corrupción que consideramos que importan.
Así ha sido cuando formalizamos un recurso contra los criterios que dejaban fuera a Teruel como sede de la Agencia Espacial, también con las posibles irregularidades del Clúster Maestrazgo, recientemente con la contratación irregular en Mosqueruela y, en última instancia, solicitamos la personación como acusación particular en el caso Koldo, abanderados por Raúl Burillo, el inspector de Hacienda que ha desvelado importantes casos en la última década.
Estos días de agitación electoral, un PAR nervioso y al borde del abismo llamaba a medios y ponía el grito en el cielo por supuestos casos de contratos públicos a cargos de Teruel Existe. Me refiero a los contratos de modificación en la dirección de obra del Hospital de Teruel, que fue adjudicada por concurso público en 2018. Un hecho que Alberto Izquierdo interesada y maliciosamente introdujo en la campaña electoral.
Otros que hace dos días denunciaban que una concejala de Valencia había subido a insultar a Pedro Sánchez, cosa que personalmente tampoco acepto, ahora no han tenido problema en difundir estas calumnias con una mano mientras con la otra piden campañas limpias; claro que, en esta ocasión, los afectados no son sus compañeros.
A estos padres Torquemadas, un juez les ha dicho literalmente que la inquisición general no concuerda con los principios de la Constitución. Así pues, se había presentado una denuncia penal acusando de posibles delitos sin nada que la sostuviera y en plena campaña electoral, con la intención de ganarse la difusión en redes y medios de comunicación, bajo el precepto de difama que algo queda. Creo que debemos ser mucho más serios y dejar la máquina del fango a un lado, porque todo esto desgasta, más que a los partidos, a nuestro sistema democrático en general. Y ya sabemos cuál es la alternativa a la democracia.
Después de todas estas calumnias y falsas acusaciones, a día de hoy solo hay un hecho vigente del que me siento afortunado y que podemos decir bien alto y claro: en Teruel Existe tenemos cero casos de corrupción.
Gerardo Villarroya. Teruel Existe / Alcorisa


Hay algo casi enternecedor en ver a quienes construyeron su marca política sobre la superioridad moral descubrir, de repente, que el barro también mancha cuando uno gobierna.
Durante años, Teruel Existe ha operado con un posicionamiento muy claro: nosotros no somos como los demás. Nosotros somos la excepción. Nosotros somos la limpieza en un ecosistema contaminado. Ese era su activo principal. No el poder. No la gestión. La pureza.
Y la pureza, en política, es un activo de altísimo valor… pero también de altísimo riesgo. Porque no admite zonas grises.
Por eso resulta tan revelador leer ahora discursos grandilocuentes sobre la «seriedad», la «inquisición» y la «máquina del fango». Es el manual clásico de control de daños: cuando no puedes negar el problema, niega la legitimidad de quien lo señala.
Pero el problema no era la existencia de un procedimiento penal. El problema era mucho más profundo. Era un problema de criterio. De cultura de poder. De entender —o no entender— que cuando uno construye su legitimidad sobre la regeneración, el umbral de exigencia no es el mínimo legal. Es el máximo ético.
Aquí es donde el relato se desmorona.
No hacía falta una sentencia para entender el desastre reputacional. Bastaba una pregunta sencilla: ¿cómo es posible que alguien en una posición de confianza política máxima no anticipara el impacto devastador que tendría la mera apariencia de conflicto de interés?
Esto no es un debate jurídico. Es un debate de inteligencia política básica.
El poder exige anticipación. Exige entender que no solo importa lo que es legal, sino lo que es defendible. Exige comprender que la confianza pública es un activo frágil, y que se destruye mucho más rápido de lo que se construye.
Y aquí no hubo anticipación. Hubo reacción tardía. Hubo incomodidad. Hubo ruido interno. Y finalmente, hubo dimisión.
Y las dimisiones no ocurren en el vacío. Ocurren cuando el coste político supera la capacidad de sostenimiento del relato.
Lo verdaderamente revelador no es el archivo judicial. Lo verdaderamente revelador es la reacción política: negación, victimismo, externalización de la culpa. Nadie asume el fallo estructural. Nadie admite que el verdadero error no fue jurídico, sino estratégico.
Se comportaron exactamente igual que aquellos a quienes prometieron sustituir.
Ese es el punto crítico.
Porque el votante puede tolerar errores. Lo que no tolera es la incoherencia. No tolera que quien llegó prometiendo estándares superiores se conforme, en cuanto toca poder, con los estándares mínimos.
La regeneración no fracasa cuando hay un escándalo.
Fracasa cuando quienes la abanderaban responden como cualquier aparato político convencional: cerrando filas, negando el problema y culpando al adversario.
La política no castiga la imperfección. Castiga la impostura.
Y el 8 de febrero dejó un dato que nadie debería ignorar: el voto no desaparece por casualidad. Desaparece cuando la gente empieza a sospechar que quienes prometieron cambiar las reglas han aprendido demasiado rápido a vivir cómodamente dentro de ellas.
El poder no destruye a nadie de golpe.
Primero le convence de que es distinto.
Luego le permite actuar como los demás.
Y finalmente, le abandona en silencio.
Puede haber muchos matices, como los que usted enumera, pero la mentira es devastadora. Difama que algo queda. El Sr. Izquierdo ya se ha llevado en parte, no todo lo que se merece, su castigo, por mentir ha sacado un cero, pero es insuficiente el castigo, pues un juez ha dicho que mintió y perjudico a un partido en los resultados y a unas personas en su reputación. ¿Cómo se va a solucionar todo ello? Pues sencillamente no habrá ninguna solución, quizá, una sentencia, palabras que nadie escuchara, ni se creerá. Y ya son todos iguales. Personajes como el Sr. Izquierdo, deberían de pagar, con al menos, la misma pena que ellos pidieron para su acusado, mas intereses.
La mentira seguirá campando y muchos justificando, porque es lo que quieren oír. Y nadie le pone coto y castigo.
Impecable su respuesta y su análisis, tan certero, como contundente.
Añadir que el 8F se castigó a la incoherencia, la gente no dejó de votar a TE por lo que dijese el señor Izquierdo, que obró como un animal herido, acorralado, lanzando derrotes a su diestro rival que le ha comido los sillones.
El 8F los votantes que un día apoyaron a TE por una visión progresista, no entendieron que pactase sillones en comarcas y especialmente en DPT, con el PP, al que luego criticaba en campaña.
Si algo se hace evidente en la política, es que la gente que vota, nunca olvida, y lo que está más claro, nunca perdona un error.