Cada verano vuelve a repetirse la misma preocupación. Las altas temperaturas, la sequía y el abandono del territorio convierten nuestros montes en un escenario de máximo riesgo. Los incendios forestales no entienden de fronteras ni de colores políticos: arrasan nuestro patrimonio natural, ponen en peligro a las personas y amenazan el futuro de nuestros pueblos.

La prevención y la extinción de incendios son competencias de las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad de dotar a los operativos de los medios humanos y materiales necesarios para actuar con rapidez y eficacia. Sin embargo, año tras año comprobamos que los servicios esenciales siguen sufriendo falta de personal, dificultades para cubrir plazas y recursos insuficientes. Cuando más los necesitamos, quienes nos protegen trabajan con enormes dificultades.

Aunque el Gobierno de Aragón actual parece haber entendido que los incendios se apagan todo el año y que, al contrario de lo que hacen otros gobiernos autonómicos de PP y Vox, despreciar su aportación fuera de la temporada alta de incendios es, además de conculcar los derechos de los trabajadores, una temeridad, siguen sin resolver otras cuestiones básicas que rayan la negligencia organizativa.

Resolver el concurso de traslados de los Agentes de Protección de la Naturaleza en plena campaña de incendios es una locura a la que no han dado ni siquiera explicación. No cubrir adecuadamente las jubilaciones también es incomprensible, porque todos sabíamos qué es lo que iba a pasar. La gestión de un incendio no solo se hace en el monte, también en los despachos. Y, en este sentido, la gestión es pésima.

Permitidme hablar, en este contexto, de un cuerpo ya imprescindible que fue creado bajo un Gobierno de España socialista bajo la crítica —siempre crítica— de la oposición del PP. La Unidad Militar de Emergencias representa un ejemplo de servicio público y de colaboración institucional que día tras día nos muestra su utilidad.

Su intervención, siempre que es requerida por las direcciones de extinción, competencia de las comunidades autónomas, aporta capacidad, coordinación y un apoyo imprescindible en las situaciones más críticas. Pero la UME debe ser un refuerzo extraordinario, no la solución a las carencias estructurales de los dispositivos autonómicos.

Proteger nuestros montes exige prevención durante todo el año, inversiones estables y el compromiso firme de todas las administraciones. Porque cuidar nuestro entorno es también cuidar del futuro de quienes vivimos en él.

María Ariño. PSOE / Mas de las Matas