La Ley de Dependencia (diciembre, 2016) se aprobó con el objetivo de garantizar la atención necesaria a las personas que, por razón de edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas en actividades básicas de la vida diaria. Se reconoce el derecho a personas dependientes a recibir atención y apoyo institucional, promueve la autonomía personal y garantiza la igualdad de acceso a los servicios.
En el año 2021 se puso en marcha el Plan Corresponsables, desde el Ministerio de Igualdad, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante la corresponsabilidad real entre familias, administración y sociedad.
Añadimos a estas iniciativas anteriores un nuevo avance asistencial de esta semana, con la aprobación e inclusión de la pertinente financiación para ejecutar la Ley ELA (octubre, 2024), suponiendo una mejora en la calidad asistencial de este colectivo que ha reivindicado de forma tan justa la prestación de la ayuda en los últimos años.
Todas estas iniciativas sociales tienen un denominador común: la coordinación de administraciones para la garantía de la atención continuada, así como la protección y mejora de las condiciones de las personas cuidadoras, que desarrollan un papel fundamental en la causa.
Llega el momento de comprobar que se pone en marcha un servicio tan fundamental como demandado y que lleguen a todos los apoyos prometidos, desarrollar un reglamento para su funcionamiento pensando ya en la futura ampliación de los fondos, consolidando todas estas actuaciones que ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos dependientes.
La Ley ELA refuerza el apoyo del sistema, incorporando la atención específica y urgente, imprescindible para el tratamiento de enfermedades graves y progresivas. Supone el principio de un largo camino que debemos recorrer todos juntos.
Javier Larraz. Teruel Existe / Cuencas Mineras
