En Roma, al pie del Aventino, hay una colina hecha de ánforas rotas, en su mayoría utilizadas para transportar aceite de la Bética. La tesis habitual, aunque debatida, sostiene que el Estado vigilaba aquel comercio hasta el punto de que Septimio Severo creó un órgano propio para controlarlo. En el Bajo Aragón, el aceite también lleva siglos metido en disputas económicas y políticas. En 1290, el comendador de Calatrava se quejaba ante el concejo de Alcañiz porque por su molino pasaban muchas más aceitunas que antes, hasta el punto de que la producción se había multiplicado enormemente. En el siglo XVII, las Cortes de Aragón regularon la salida del aceite del reino en función de su precio en Zaragoza. Y en 1632 y 1633 varios municipios, entre ellos Alcañiz, Valderrobres o Mazaleón, pagaron en aceite su contribución a la Corona.
Lo que sí es nuevo es lo de ahora. El Gobierno ha ordenado que las almazaras guarden el 12% del aceite que declaren cada mes, unas 188.000 toneladas fuera del mercado durante un año. España ya recurrió al almacenamiento privado en 2019, pero entonces los operadores podían acogerse voluntariamente a cambio de ayudas europeas. Ahora la retirada es obligatoria y las almazaras deben asumir el coste del almacenamiento. Las de la DOP Bajo Aragón lo han recibido con sorpresa, llegan a la campaña con un granel un 30% más barato que el año pasado y un litro que se paga por debajo de lo que cuesta producirlo. El combustible se ha encarecido un 60% y los abonos un 50% desde que estalló la guerra en Irán.
Lo difícil de aceptar es la simetría, o más bien su ausencia. Cuando el aceite pasaba de los 9 euros en origen y rozaba los 15 en el lineal, el mercado hizo de mercado; nadie sintió la necesidad de moderar nada. Ahora que baja aparece la mano del Estado para que no baje más. Intervenir los mercados tiene sus riesgos, la historia está llena de ejemplos.
Queda el calendario, la orden se publica a apenas tres semanas de unas elecciones generales. Cuesta no pensar que un precio hundido en plena campaña, con el olivar de media Andalucía contratando menos jornaleros, resulta políticamente más caro que un depósito lleno. No hace falta atribuir mala fe a nadie para sospecharlo, basta con ver quién gana tiempo y quién pagará la factura del aceite almacenado, bajo el Gobierno que salga de las urnas.
Mientras tanto las puertas de fuera siguen abiertas, tanto a Marruecos como a Túnez. España importó 18.798 toneladas de aceite marroquí durante el primer semestre, frente a las 276 toneladas del mismo periodo del año anterior. En el caso del aceite tunecino, el 76% de lo que entró entre enero y abril lo hizo al amparo del perfeccionamiento activo, un régimen pensado para transformar productos y reexportarlos que acaba sirviendo para esquivar el arancel. A los controles tampoco parece prestárseles la misma atención. Entre 2018 y 2023, España analizó solo tres muestras de aceite procedente de fuera de la UE para detectar plaguicidas, pregunten a cualquier productor nacional cuántos controles tiene que superar. En 1363, Zaragoza ya prohibía la entrada de aceite foráneo porque la cosecha local era abundante. Casi siete siglos después, al olivar de aquí se le exige guardar, cumplir y pagar; al de fuera, con suerte, se le pide el albarán.
Antonio Cerdán, gerente de La Calandina, sitúa el granel en torno a 3 euros por kilo y cree que la medida puede ayudar si se frenan las importaciones. Gabriel Alcober duda de que sirva de mucho mientras sigan llegando las mismas cantidades desde Túnez o Marruecos y se pregunta qué ocurre con quien almacena esperando una subida que no llega. En la Tierra Baja el peso es pequeño, pues una cosecha media no compite con las grandes fincas andaluzas. El precio se fija lejos y se paga cerca.
La escasez dispara los precios y los excedentes acaban almacenados. En ambos casos hay alguien, casi siempre el mismo, que abona la diferencia. Guardar el aceite es una forma de ganar tiempo. Falta saber para qué y quién estará en la sala cuando se abran los depósitos.
Jorge Herrero. Papel y pixel


El campo necesita menos intervencionismo y más defensa de nuestros productores. No tiene sentido asfixiar a quien cumple aquí las normas mientras se abren las puertas a importaciones que compiten con otras reglas. Al final siempre paga el mismo, el agricultor español.
Buen artículo, luego nos extrañamos de que el campo español esté desapareciendo.
A nuestros agricultores les exigimos cada vez más controles, impuestos y obligaciones mientras permitimos que entre aceite de terceros países que no está sometido a las mismas condiciones. Eso no es competencia justa, es ponerle una mano atada a quien produce aquí. Después llenaremos los supermercados de producto extranjero y nos preguntaremos por qué nuestros pueblos se quedan sin agricultores.
Menos discursos por parte de los políticos y más defender lo nuestro
Nunca van a dejar de atacar y maltratar al productor pequeño