Si la educación es la herramienta más poderosa para garantizar el ascensor social y el futuro de un país, convertir el aula en un laboratorio ideológico es el mayor ataque posible al principio de igualdad. Durante años, la izquierda ha vendido el espejismo de que maquillar las cifras de fracaso escolar equivale a mejorar el aprendizaje. Hoy, los datos desmontan el relato: devaluar el mérito y regalar el aprobado no ha hecho a nuestros jóvenes más libres ni más iguales, sino más vulnerables ante un mundo competitivo que no regala nada.
La tramitación de la LOMLOE anticipaba ya las grietas del modelo. Aprobada en plena pandemia y al amparo del estado de alarma para impedir el debate a la sociedad, la ley nació sin el consenso de la comunidad educativa. No se buscaba la excelencia ni la estabilidad del sistema, sino imponer un modelo condicionado por la carga burocrática, la rebaja sistemática de la exigencia y un marcado adoctrinamiento político.
El corazón de esta reforma modificó las reglas de promoción y titulación para fabricar un éxito estadístico artificial. Sin embargo, aprobar sin saber ni esforzarse no es un derecho: es una trampa. Suprimir la cultura del esfuerzo erosiona la meritocracia y lanza un mensaje demoledor a las nuevas generaciones: que el trabajo no merece la pena.
La responsable política de afianzar e implantar este marco no fue otra que la ministra Pilar Alegría, quien dirigió la aplicación de los nuevos currículos y abanderó la defensa de un modelo que hoy rinde cuentas ante los ciudadanos.
El balance de esta gestión no admite paños calientes. El informe PISA 2025 representa la primera evaluación rigurosa a estudiantes educados bajo la LOMLOE, y el resultado es un suspenso rotundo a las políticas educativas de la izquierda. Los datos muestran un desplome histórico de los niveles de competencia, la caída de la excelencia académica y un preocupante aumento de alumnos en las franjas de menor rendimiento. Hoy nuestros alumnos comprenden peor lo que leen y resuelven peor los problemas matemáticos y científicos que hace 10 años.
Pero este deterioro educativo no afecta a todos por igual. Las familias con más recursos pueden recurrir a apoyos, refuerzos y oportunidades fuera del aula para suplir las carencias del sistema. Quienes parten de una situación más desfavorable no tienen esa posibilidad: para ellos, la escuela pública es la principal vía para avanzar y abrirse camino. Por eso, rebajar la exigencia no genera más igualdad; reduce las oportunidades de quienes más dependen de una educación sólida y exigente para construir su futuro. Este es el escudo social que tanto dice defender la izquierda: abandonar a quienes más necesitan de lo público para prosperar.
Silvia Casas. PP / Alcorisa
