La transición energética necesita renovables, pero que una instalación produzca electricidad limpia no significa que cualquier proyecto sea automáticamente sostenible o justo. Los parques eólicos transforman el territorio y requieren líneas, subestaciones y otras infraestructuras. Sus impactos y efectos acumulativos deben evaluarse con rigor.
En Aragón, donde se proyectan grandes centros de datos y nuevas demandas eléctricas, el Maestrazgo plantea una pregunta legítima: ¿qué papel desempeñan las comarcas productoras en un modelo que abastece grandes centros urbanos, industriales y digitales? No afirmo que la electricidad del Clúster esté contratada para esos centros; esa conexión debe acreditarse con contratos y documentación de red. Precisamente por eso hay que exigir transparencia.
También faltan respuestas verificables sobre el retorno local: cuántos residentes serán contratados, cuántos empleos serán temporales o permanentes, qué empresas de la comarca participarán, qué ingresos recibirán los ayuntamientos y qué compromisos sociales se han presupuestado y ejecutado.
Las expectativas de inversión y empleo no equivalen a resultados. Una transición justa debe demostrar dónde se queda la riqueza y quién soporta los costes ambientales y territoriales. Además, cualquier controversia judicial debe tratarse respetando la presunción de inocencia y diferenciando la investigación penal de las resoluciones administrativas.
El Maestrazgo no debe ser únicamente un territorio productor para otros. Debe poder decidir, participar y beneficiarse de su futuro.
Correo del Lector. Carles Font Verderol. Graduado en Criminología. Experto en Criminología Ambiental y Prevención Situacional. Cretas (Teruel)

