La pandemia y la opción del teletrabajo han propiciado un cambio en la percepción de los pueblos, considerándolos no solo como destinos vacacionales, sino como lugares de residencia. Sin embargo, la carencia de servicios, las malas comunicaciones y la escasa oferta laboral suponen grandes obstáculos, pero el más significativo en estas localidades es la limitada disponibilidad de viviendas.

La cuestión no es la carencia absoluta de viviendas, pues estas existen, sino que muchas de ellas no son habitables, ya sea por su antigüedad, por la falta de requisitos mínimos de habitabilidad o por superficies excesivamente grandes que conllevan costes de mantenimiento inasumibles. Además, la poca oferta de viviendas en alquiler añade otra capa más de complejidad para aquellos que consideren trasladarse aquí.

La vivienda desempeña un papel fundamental en la estrategia contra la despoblación, pero el problema de la disponibilidad de viviendas está presente en la mayoría de nuestros municipios. Esto dificulta la atracción de población, ya que muchas personas no logran establecerse debido a la escasez de opciones de vivienda. Según datos del propio ministerio, en los municipios y núcleos con menos de 5.000 habitantes, el 44% de las viviendas son secundarias o están vacías. Además, el 30% de las viviendas datan de antes de 1960, y un 10% se encuentra en estado ruinoso o deficiente. La problemática de la vivienda debería ocupar un lugar central en las políticas públicas destinadas a combatir la despoblación.

Existen diversos planes con medidas específicas para mejorar el acceso a la vivienda en entornos rurales, como ayudas a promotores y a municipios para la rehabilitación de viviendas, o subvenciones para compradores, incentivando la descentralización. El objetivo sería impulsar la vivienda pública de alquiler en zonas rurales, promoviendo que los ayuntamientos restauren propiedades abandonadas en los pueblos, destacando la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes. Se podría plantear incluso un plan de vivienda pública con la idea de brindar hogares decentes y seguros en alquiler para familias de bajos ingresos, jóvenes, ancianos y personas incapacitadas que reúnan los requisitos necesarios.

A pesar de la urgencia del problema de la vivienda en los pequeños municipios, los limitados recursos financieros de los pequeños ayuntamientos y la falta de énfasis en la vivienda rural pública en los planes estatales y autonómicos dificultan esta solución. La asignación insuficiente de recursos deja a muchos ayuntamientos con escasos medios para abordar la escasez de viviendas habitables. Es crucial que las políticas de vivienda reconozcan las necesidades específicas de los entornos rurales y asignen recursos adecuados para la creación y restauración de viviendas, promoviendo así la fijación de población y combatir el despoblamiento.

Es necesario entablar negociaciones y diálogos con los propietarios de viviendas abandonadas o en desuso. Esta tarea se presenta como un desafío significativo, ya que la conexión emocional de muchos propietarios con estas propiedades, heredadas de sus padres o abuelos, complica la dinámica del mercado. Por lo tanto, resulta crucial convencer a los propietarios para que no sobrevaloren las viviendas al fijar los precios en base al componente sentimental y, al mismo tiempo, concienciarlos sobre la situación del territorio y la creciente demanda de jóvenes y familias que buscan establecerse en el entorno rural. Además, se debe resaltar la oportunidad de generar ingresos mediante el alquiler de estas viviendas.

Al proporcionar vivienda, no solo contribuimos a retener a la población joven, sino que también atraemos nuevos residentes a nuestro territorio. Sin embargo, este esfuerzo requiere a su vez la mejorar los servicios básicos, como la educación, la atención médica, las oportunidades de empleo y el acceso a servicios esenciales.

Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública