Los últimos incendios en Lérida han dejado una imagen imborrable: agricultores y vecinos luchando contra las llamas con sus propias manos y maquinaria, arriesgando lo más valioso que tiene una persona: su seguridad, su sustento e incluso sus propias vidas. Todo para proteger tierras, cosechas y hogares.
Esta escena, desgarradora y heroica a partes iguales, no es nueva. Ya la vivimos con la DANA en Valencia, con las riadas del Aguasvivas y en tantas otras crisis. Cada vez que la naturaleza golpea, surge una misma verdad incontestable: la solidaridad vecinal es el primer y más efectivo muro de contención.
Mientras las administraciones centrales movilizan protocolos y recursos –a menudo lentos frente a la urgencia del desastre, como con las sequías del último año–, son los ciudadanos quienes actúan sin trabas ni burocracia. Agricultores que usan sus tractores para crear cortafuegos, jóvenes que organizan viajes para quitar barro y escombros o ciudadanos que donan lo que pueden para poder contribuir sin esperar órdenes ni reconocimiento. Esta es la esencia de lo rural: una comunidad unida por el territorio.
Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué solo nos acordamos de los agricultores y el entorno rural cuando arden nuestros campos o se inundan nuestras casas? Se exige que mantengan vivos los paisajes, que alimenten al país, que preservemos las tradiciones, pero se nos niega la voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas.
Cuando apagan incendios, son héroes; cuando protestan por precios injustos, por la marginación de los municipios más pequeños, por el estado de las carreteras o por la burocracia que ahoga las explotaciones agrícolas y ganaderas, se les tacha de "quejicas".
Todo ello expone otra grieta del sistema: la desconexión entre las élites urbanas y la realidad rural. Mientras algunos dirigentes ven el territorio como un mapa de votos lejano de sus despachos, otros sufrimos las consecuencias de las decisiones que otros toman sobre el suelo que pisamos, el agua que bebemos o en el pan que compramos.
Nadie mejor que los propios vecinos de un municipio saben lo que el municipio necesita y lo que deja de necesitar, y aquí es donde los alcaldes juegan un papel fundamental al conectar el pueblo con las administraciones y políticas centrales, o al menos intentarlo, ya que la política partidista, obsesionada con su juego de polarización, no entiende esa lealtad transversal. En las emergencias, así como en el bien común de nuestros pueblos, nadie pregunta si el que te tiende la mano vota a izquierda o derecha; importa que la mano esté ahí.
Es triste comprobar cómo, una vez pasado el peligro, el compromiso con el mundo rural se diluye. Los titulares desaparecen, las promesas se archivan y las necesidades de los pueblos vuelven a quedar relegadas a un segundo plano. Sin embargo, quienes vivimos en estos territorios no tenemos el lujo de olvidar. Escuelas que cierran, centros de salud saturados, carreteras deshechas... Mientras tanto, las grandes ciudades siguen acaparando inversiones y servicios, perpetuando un desequilibrio que ahonda la despoblación.
No se trata solo de apagar fuegos o repartir ayudas cuando ya es tarde. Se trata de construir un país donde nadie se sienta abandonado por el simple hecho de vivir lejos de la capital. Es ahí donde nace el espíritu de pueblo, una red de compromiso que no necesita discursos para activarse. El lema "el pueblo salva al pueblo" no es un eslogan: es un mandato. Cuidemos a quienes cuidan de nosotros.
Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública
