En estos días convulsos, se echa de menos la presentación de presupuestos en diferentes administraciones, desde el gobierno central a varias autonomías en las que, al no tener apoyos para aprobarlos, optan por no presentarlos. Esta actitud no solo denota una falta de responsabilidad de quien gobierna, sino que pone en entredicho el ejercicio de la democracia, con acciones autoritarias que paralizan las necesarias actuaciones para mejorar el estado de bienestar.

Quiero fijar la atención en el caso de la inexistencia de presupuestos en Aragón, que condiciona, entre otras muchas cosas, el funcionamiento de otras administraciones locales, como las comarcas, cuyo presupuesto depende de la Sección 26 del presupuesto aragonés.

Esta partida debería ser incrementada para mejorar la prestación de servicios en nuestros pueblos. Para ello, tenemos que tener presupuestos aprobados en las Cortes de Aragón y contar con la voluntad de los grupos políticos de realizar un reparto proporcional, en función de criterios que contemplen todos los parámetros que reflejan las necesidades de cada territorio. No puede ser un modelo homogéneo, porque no todas las zonas tienen las mismas dificultades ni los mismos costes de prestación de servicios.

Como parámetros clave apuntamos:

  • Despoblación: asignar más recursos al que la sufre en mayor medida.
  • Envejecimiento: las zonas con más proporción de personas mayores requieren más inversión en dependencia y servicios sociales.
  • Dispersión geográfica: mantener los servicios básicos en territorios de baja densidad es mucho más costoso.
  • Número de habitantes: garantizar una financiación mínima, pero estableciendo compensaciones adicionales para los pequeños municipios.
  • Orografía: determinante en la prestación de servicios.
  • Coste real de los servicios en cada lugar: mucho más costoso en los pueblos.

Estos criterios, alguno de los cuales el gobierno autonómico reclama en Madrid para la financiación de las autonomías, deberían incorporarse a la financiación comarcal por la misma lógica: ofrecer los servicios públicos sin agravios comparativos entre ciudadanos. Garantizaría que las zonas más despobladas reciban un trato más justo, en lugar de ser penalizadas por un modelo de financiación que beneficia a los núcleos habitacionales con mayor población.

Javier Larraz. Teruel Existe / Utrillas