El problema no es solamente el aceite. Es quién decide sobre el fruto del trabajo de los españoles.

España es el primer productor mundial de aceite de oliva. Deberíamos celebrar nuestras buenas cosechas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado inmovilizar el 12 % de la producción de las almazaras, unas 188.000 toneladas estimadas, para evitar una caída de precios.

¿Desde cuándo producir más y mejor debe convertirse en un problema?

Nuestros agricultores invierten, trabajan y asumen riesgos. Cuando consiguen una buena cosecha, el Gobierno les obliga a almacenar parte de ella. ¿No sería más razonable conquistar mercados? ¿Para qué tenemos el ICEX, embajadas y oficinas comerciales si nuestra respuesta es inmovilizar producción?

Un Gobierno competente debería abrir mercados, no cerrar oportunidades.

La contradicción aumenta cuando España continúa importando aceite de terceros países. Durante el primer semestre de 2026 importamos 18.798 toneladas de aceite marroquí, frente a 276 toneladas en 2025.

¿Por qué inmovilizamos nuestro aceite mientras seguimos importándolo?

Exigimos reciprocidad comercial, trazabilidad y controles rigurosos. Bruselas no puede imponer crecientes obligaciones a nuestros agricultores sin garantizar condiciones de competencia equivalentes frente a terceros países.

También merece explicaciones la política del Gobierno socialista hacia Marruecos, especialmente tras el controvertido giro sobre el Sáhara Occidental. ¿Está defendiendo España suficientemente nuestros intereses económicos y agrícolas?

Mientras tanto, en nuestro Bajo Aragón, pequeñas explotaciones familiares y almazaras tradicionales soportarán una obligación que puede comprometer su liquidez.

Se llenan la boca hablando de despoblación mientras adoptan medidas que dificultan mantener vivos nuestros pueblos.

Pero el verdadero problema es más profundo: la libertad económica y la seguridad jurídica.

El agricultor invierte, paga impuestos, soporta sequías y arriesga su patrimonio. Cuando finalmente obtiene una buena cosecha, la Administración decide cuánto puede comercializar.

El artículo 38 de nuestra Constitución reconoce la libertad de empresa. Aunque esta intervención tenga cobertura legal, debemos cuestionar su proporcionalidad y legitimidad política.

Hoy hablamos del aceite. ¿Mañana obligaremos a ganaderos, pescadores o industriales a retener su producción?

Un Gobierno rodeado de controversias e investigaciones judiciales en su entorno debería extremar la transparencia, justificar sus decisiones y explicar quién soporta sus costes, respetando la presunción de inocencia.

Necesitamos una política agraria que abra mercados, defienda nuestras producciones y proteja a las pequeñas explotaciones.

Cuando el agricultor pierde una cosecha, asume las consecuencias. Pero cuando produce más, aparece el Estado para limitar sus ventas.

España no necesita aprender a producir aceite. Necesita gobernantes capaces de defenderlo y venderlo al mundo.

El campo español no está al servicio del Gobierno. Es el Gobierno quien debe estar al servicio del campo español.

Carlos Andreu. Vox / Alcañiz