España es el primer productor mundial de aceite de oliva. Tenemos agricultores extraordinarios, un producto reconocido internacionalmente y una industria capaz de competir en cualquier mercado. Deberíamos celebrar las buenas cosechas como un éxito nacional. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido convertir la abundancia en un problema y la intervención administrativa en su solución.

El Ministerio de Agricultura ha ordenado inmovilizar el 12 % de la producción de aceite de oliva de la campaña 2026-2027. Unas 188.000 toneladas que deberán permanecer fuera del mercado hasta septiembre de 2027, salvo revisión de la medida.

Y la pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado a una situación en la que producir más y mejor puede terminar convirtiéndose en una obligación de vender menos?

El Gobierno sostiene que pretende evitar el hundimiento de los precios. Es una preocupación legítima, porque nadie quiere que nuestros agricultores vendan por debajo de sus costes. Pero ¿de verdad la mejor solución que puede ofrecer una potencia mundial como España es ordenar que se almacene parte de su producción?

¿Dónde está la estrategia comercial? ¿Dónde están los nuevos mercados? ¿Dónde están las campañas internacionales? ¿Para qué tenemos el ICEX, nuestras embajadas y toda una estructura de diplomacia económica si, ante una cosecha extraordinaria, la respuesta más visible es inmovilizar aceite?

Un Gobierno competente debería convertir una gran cosecha en una oportunidad comercial, no limitarse a administrar su excedente a costa de terceros.

Pero la contradicción resulta todavía mayor cuando miramos hacia Marruecos y Túnez.

Mientras nuestras almazaras están obligadas a almacenar parte del aceite producido en España, nuestro país continúa importando aceite de terceros países. Solo durante los primeros siete meses de 2026, las importaciones procedentes de Marruecos y Túnez alcanzaron aproximadamente 92.752 toneladas.

Es cierto que parte de ese aceite puede transformarse o reexportarse y que España participa en un mercado internacional complejo. Precisamente por eso necesitamos transparencia. ¿Cuánto aceite importado termina en nuestros supermercados? ¿Cuánto se reexporta? ¿Qué impacto tiene sobre los precios en origen?

Y, sobre todo, ¿por qué la obligación de retirar aceite recae sobre la producción de nuestras almazaras mientras el aceite importado no soporta esa misma retirada?

Esta es la cuestión que el ministro Luis Planas debería explicar públicamente.

No se trata de cerrar nuestras fronteras al comercio internacional ni de enfrentar a agricultores españoles, marroquíes o tunecinos. Se trata de defender unas reglas de competencia justas, exigir controles de calidad, trazabilidad y origen, y garantizar que las obligaciones ambientales, laborales y sanitarias no coloquen a nuestros productores en desventaja.

Porque la competencia solo es verdaderamente libre cuando sus reglas son equilibradas.

Y aquí debemos hablar también de Europa.

¿De qué sirve una Unión Europea que multiplica las exigencias sobre sus agricultores si no es capaz de garantizar que compitan en condiciones equivalentes con los productos que llegan de terceros países?

Bruselas no puede exigir una cosa dentro de sus fronteras y desentenderse de sus consecuencias comerciales fuera de ellas. La política agrícola y la política comercial deben responder a una estrategia coherente, no convertirse en dos departamentos que parecen ignorarse mutuamente.

También merece una reflexión la política exterior del Gobierno socialista hacia Marruecos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez protagonizó un controvertido giro en la posición española sobre el Sáhara Occidental. Las explicaciones políticas sobre aquella decisión siguen siendo objeto de debate. Y, entretanto, nuestros sectores productivos tienen derecho a exigir que las relaciones comerciales con Marruecos se conduzcan con transparencia y defendiendo los intereses españoles.

No podemos afirmar sin pruebas que esta medida responda a compromisos ocultos o favores políticos. Pero sí podemos preguntar qué está consiguiendo España en sus negociaciones y qué garantías está obteniendo para nuestros agricultores.

La política exterior no debería medirse por la satisfacción de los gobiernos extranjeros, sino por su capacidad para defender los intereses legítimos de España.

Y mientras se discuten estas cuestiones en Madrid y Bruselas, en nuestro Bajo Aragón hay agricultores que contemplan con preocupación su futuro.

Aquí no hablamos solamente de grandes explotaciones. Hablamos de pequeños olivares familiares, de cooperativas, de almazaras tradicionales y de un aceite de extraordinaria calidad que forma parte de nuestra identidad.

Aplicar el mismo porcentaje de retirada a realidades económicas tan diferentes puede producir efectos desiguales. Para una gran empresa, almacenar parte de su producción puede representar una dificultad financiera asumible. Para una pequeña almazara, puede significar retrasar ingresos esenciales y soportar costes que comprometan su rentabilidad.

¿Dónde está la sensibilidad territorial? ¿Dónde está la defensa de la España rural que tanto aparece en los discursos oficiales?

Se llenan la boca hablando de despoblación mientras aprueban medidas que pueden dificultar que nuestros agricultores sigan viviendo de su trabajo.

Pero quiero ir más allá. Porque el verdadero problema no termina en las importaciones ni en las consecuencias económicas de esta decisión.

El problema de fondo es la libertad.

En una economía de mercado, el agricultor invierte su dinero, compra maquinaria, paga impuestos, asume riesgos, soporta sequías y dedica meses de esfuerzo a obtener una cosecha. Si la naturaleza acompaña y consigue una buena producción, resulta que la Administración puede obligarle a mantener parte de ella fuera del mercado.

Es verdad que esta intervención tiene cobertura en la normativa europea. Pero la legalidad de una decisión no garantiza su acierto, su proporcionalidad ni su legitimidad política.

El artículo 38 de nuestra Constitución reconoce la libertad de empresa. Esa libertad admite límites legales, pero tales límites deben estar suficientemente justificados y no convertirse en la respuesta automática a los problemas económicos.

Hoy hablamos del aceite. ¿Y mañana?

Si aumenta la producción de cordero y bajan los precios, ¿obligaremos a los ganaderos a retener sus animales? Si se produce una excelente campaña pesquera, ¿impediremos comercializar parte de las capturas? Si nuestras empresas fabrican más de lo previsto, ¿decidirá el Gobierno cuánto pueden vender?

No estamos ante una economía comunista ni ante una planificación general de la producción. Pero precisamente porque vivimos en una democracia liberal debemos cuestionar cada intervención que restrinja la actividad económica sin demostrar que es la mejor alternativa disponible.

La libertad económica no puede depender de que al Gobierno le parezca conveniente que los ciudadanos ejerzan esa libertad.

Y hay una última cuestión: la confianza o la inseguridad jurídica.

Un Gobierno rodeado de controversias políticas e investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno tiene una obligación todavía mayor de transparencia. Las responsabilidades penales deberán determinarse en los tribunales, con pleno respeto a la presunción de inocencia. Pero la responsabilidad política empieza mucho antes.

Empieza cuando un ministro debe explicar por qué adopta una decisión, qué alternativas ha estudiado, quién soporta sus costes y qué resultados espera obtener.

No basta con publicar una resolución en el BOE. Hay que rendir cuentas.

Por eso debemos exigir una revisión del impacto de esta medida sobre las pequeñas almazaras, una evaluación de sus costes, controles eficaces sobre las importaciones y una verdadera ofensiva comercial internacional para vender nuestro aceite.

El Gobierno de Aragón y las demás comunidades productoras también deben implicarse. No pueden limitarse a contemplar cómo se condiciona la comercialización de uno de nuestros productos más valiosos.

España necesita una política agraria que premie la producción, la calidad, la innovación y el esfuerzo. Una política que abra mercados y defienda a quienes trabajan la tierra.

Porque el éxito de nuestros agricultores no debería convertirse en un problema que el Gobierno tenga que corregir. Debería ser una riqueza que España supiera aprovechar.

Y esta es la reflexión final.

Cuando un agricultor pierde una cosecha por la sequía, asume buena parte de las consecuencias. Cuando suben el combustible, los fertilizantes o los costes laborales, debe afrontar las dificultades. Pero cuando consigue producir más, aparece el Estado para decirle que no puede comercializarlo todo.

¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que el poder político decida sobre el fruto del esfuerzo de quienes trabajan, invierten y arriesgan su patrimonio?

Porque hoy hablamos del aceite del Bajo Aragón. Mañana podemos estar hablando de cualquier otro sector productivo español.

No necesitamos un Gobierno que sustituya las decisiones de los agricultores. Necesitamos un Gobierno que elimine obstáculos, garantice una competencia justa y abra oportunidades.

España no necesita que le enseñen a producir aceite. Necesita gobernantes capaces de defender a quienes lo producen y de ayudarles a venderlo al mundo.

Y, sobre todo, necesita recordar algo elemental:

El campo español no está al servicio del Gobierno. Es el Gobierno quien debe estar al servicio del campo español.

Carlos Andreu. Vox Alcañiz