En los últimos años, una parte importante del discurso político ha abrazado con entusiasmo el concepto de la España vaciada. Provincias como Teruel se han convertido en símbolo de ese relato: territorios olvidados, con necesidades reales, que reclaman oportunidades, servicios y futuro.

Sobre el papel, el mensaje es claro y compartido: hay que defender los derechos de quienes viven en el medio rural, fijar población y construir un modelo de desarrollo equilibrado. Sin embargo, cuando se baja del discurso a los hechos, emerge una contradicción difícil de ignorar.

Porque, mientras se reivindica la dignidad del mundo rural, al mismo tiempo se impulsa la llegada de proyectos que, en muchos casos, generan rechazo social o, como mínimo, una inquietud evidente en los territorios donde se pretenden implantar.

Y es aquí donde conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿se está defendiendo realmente a la España rural o se está utilizando?

No se puede hablar de reequilibrio territorial mientras se convierte a estas zonas en receptoras sistemáticas de aquello que otros lugares no quieren. No se puede defender la calidad de vida en los pueblos mientras se plantea que estos asuman residuos, externalidades e impactos derivados de modelos de producción intensiva o de infraestructuras industriales.

Y para entenderlo no hace falta irse lejos. Basta con mirar alrededor.

En Alloza, la implantación de una planta de biogás ha generado un debate social intenso. No por la tecnología en sí, sino por la escala del proyecto: gestionar un volumen de residuos muy superior al que genera el propio entorno abre una duda razonable sobre su necesidad real y sobre la procedencia de esos materiales.

A pocos kilómetros, en Andorra, el desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas también despierta preocupación. Vecinos y plataformas han alertado de su efecto sobre el paisaje y sobre el uso agrícola del suelo, e incluso han llegado a judicializar parte del proceso por dudas en la tramitación.

Algo parecido ocurre con los grandes desarrollos energéticos vinculados al nudo Mudéjar, donde los propios proyectos han tenido que ser recortados de forma significativa por su impacto ambiental. El patrón se repite cuando se observa la ganadería intensiva. En la misma zona se han planteado proyectos porcinos de gran escala con impactos muy concretos en agua y suelo.

Y, si ampliamos la mirada, aparecen también iniciativas vinculadas al tratamiento de residuos en municipios cercanos como Albalate del Arzobispo. Proyectos necesarios en cualquier economía moderna, sin duda, pero cuya acumulación en territorios de interior empieza a dibujar una realidad incómoda: ser el lugar donde se instalan los procesos que otros prefieren no tener cerca.

No hablamos de un caso aislado. Hablamos de un modelo.

Energía a gran escala, residuos a gran escala, ganadería a gran escala. Y todo ello concentrado en territorios con baja densidad de población, donde parece más fácil implantar proyectos porque hay menos oposición organizada o porque se presupone menor capacidad de respuesta.

Pero esa opción, que es la que se está implantando, no fija población. Al contrario. La expulsa.

Si llenamos el territorio de instalaciones industriales, de tráfico pesado y de transformaciones intensivas del paisaje, estamos erosionando precisamente aquello que hace habitables y atractivos nuestros pueblos. Estamos debilitando su identidad, su valor ambiental y su potencial económico vinculado a la agricultura, a la naturaleza y al turismo.

Y, sin darnos cuenta, estamos alimentando el mismo problema que decimos querer resolver: más despoblación, más envejecimiento, más sensación de periferia.

Resulta especialmente llamativo cómo, en paralelo, se protege y se mima el desarrollo de otras zonas orientadas al descanso —muchas de ellas en la costa— mientras se asume que el interior debe cargar con los costes del sistema. Como si aquí no hubiera capacidad para el descanso. Como si el medio rural no pudiera ser también un espacio de calidad de vida, de paisaje y de atractivo.

Pero la hay. Y la ha habido siempre.

Teruel no es un desierto humano. Es un territorio con población, con actividad agrícola y con patrimonio natural. Hablar de «España despoblada» como si fuera un espacio vacío es un error. Aquí vive gente. Y esa gente tiene derecho a decidir qué futuro quiere.

Un futuro que difícilmente pasará por aceptar sin más cualquier proyecto que llegue desde fuera, por muy bien envuelto que venga en términos de sostenibilidad o progreso, si ese progreso se construye a costa del bienestar y sin capacidad real de elección.

Si la transición energética —o cualquier otro proceso económico— se basa en concentrar impactos en los mismos territorios, estaremos repitiendo esquemas del pasado con un lenguaje nuevo.

Y eso no es avanzar. Es desplazar el problema.

Quizá ha llegado el momento de alinear de verdad el discurso con la práctica. Defender la España rural no es solo traer inversiones. Es asegurar que esas inversiones son compatibles con la vida en el territorio, que generan valor real y que cuentan con la aceptación de quienes van a convivir con ellas.

Porque, de lo contrario, el riesgo es evidente: que la España vaciada deje de ser un lema para convertirse en una consecuencia.

Y entonces ya no hablaremos de abandono.

Hablaremos de renuncia.

Agustín Pérez
Miembro de la Junta de la Asociación de Amigos y Vecinos de Alloza AVENTAR