Tras meses de negociación, el Gobierno de coalición llegó a un acuerdo sobre una nueva ley de vivienda a nivel estatal. Todavía no conocemos el texto definitivo pero si algunas de las medidas que conformarán esta nueva ley.
El PP la ha tachado de intervencionista y ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional y que no la aplicará en las comunidades autónomas en las que gobierna. El caso es que esta futura ley puede que esté más cerca de poderla calificar de una regulación tibia que a la de una intervención pura y dura, y que a la larga ataje el problema de vivienda que tiene la clase obrera, pero es un primer paso.
Algunas medidas anunciadas van dirigidas a los grandes tenedores, aquellos que poseen más de 10 inmuebles. En la provincia de Teruel afectaría a solo 981 personas, el 0,6% de la población. Por ley tendrán que bajar el precio de las viviendas que tienen en alquiler. También se contemplan ventajas fiscales en el IRPF dirigidas a pequeños y medianos propietarios, si se bajan alquileres, techo de precios en áreas tensionadas, bono de ayuda de alquiler a jóvenes menores de 35 años en función de la renta, y dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida y alquiler social.
La tipología de los problemas que sufrimos en nuestros pueblos en materia de vivienda es distinta a la que se observa en las grandes ciudades. Aquí no tenemos áreas tensionadas con precios desorbitados, en los que hay que dedicar gran parte de la nómina para él pago del alquiler. A la hora de buscar una vivienda en nuestros pueblos, nos encontramos con el problema de la escasez de oferta, hecho que lastra a las familias y jóvenes que se quieren quedar a vivir en el territorio.
En las últimas décadas el abandono de las políticas públicas en materia de vivienda ha contribuido a esta situación. España tiene un parque de vivienda pública de 290.000 destinadas al alquiler, lo que supone un 1,6% de los hogares, mientas que la media europea la media está en el 9,3%.
A través de la regulación del mercado, la inversión en rehabilitación y en la promoción pública de vivienda, debemos asegurar que la vivienda sea un bien social y no un negocio, y así garantizar el acceso a una vivienda digna en nuestros pueblos.
Daniel Palomo. GANAR-IU Alcorisa
No deja de ser paradójico que siempre los políticos os estéis quejando y pidiendo a «papa estado» que os solucione todos los problemas. Alcorisa según informaciones publicadas en los medios tiene este 2021 una partida de ingresos de 2.570.420 euros. Pongamos que se dedicase el 2% de todos los ingresos a vivienda (creo que es bastante viable), un poco más de 50000 euros (en Alcorisa se venden viviendas por 20000 euros), creo que por 50000 tienes hasta para elegir.
PD: Si todos los años hacéis lo mismo estaréis proponiendo y solucionando problemas (que para eso os votan), sino hacéis nada como hasta ahora seguiremos siempre pendientes de «papa estado».
Menos regular y prohibir y más pensar y actuar solucionando los problemas de la gente.
Van a obligar a bajar el precio del alquiler y será más asequible, pero no se podrá pagar el precio de la luz. Te ahorras unos euros por un lado y te gastas muchos mas en electricidad. como siempre un paso para adelante y site para atrás.