Una cosecha se consigue tras meses de trabajo paciente, riesgo asumido y una atención casi artesanal al fruto. Por eso, la obligación de retirar del mercado el doce por ciento de la producción de aceite de oliva ha despertado una inquietud fundada entre las almazaras del Bajo Aragón Histórico, donde la dimensión de las explotaciones y el valor del producto obligan a mirar la medida con otra escala.
Además, el objetivo de evitar un desplome de precios en origen resulta comprensible ante el volumen nacional previsto. Sin embargo, el almacenamiento forzoso traslada una carga considerable a productores que ya afrontan costes elevados y que necesitan comercializar un aceite de calidad en el momento adecuado. El virgen extra requiere condiciones de conservación exigentes y pierde atributos cuando permanece demasiado tiempo inmovilizado.
También preocupa que la norma se aplique únicamente en España mientras el mercado internacional mantiene otras dinámicas. Las pequeñas almazaras del territorio compiten en un contexto donde las grandes empresas disponen de mayor capacidad financiera, acceso a diferentes orígenes y recursos para absorber los vaivenes de una campaña. Una política concebida para ordenar el mercado debe evitar que esa desigualdad termine agravándose.
Urge que el Gobierno de Aragón acompañe al sector en la negociación con el Ministerio y abrir una vía de ayudas o compensaciones que atienda a las particularidades del olivar bajoaragonés. La calidad diferenciada, la venta de proximidad y la identidad de una denominación de origen conforman un patrimonio económico que merece protección activa.
Asegurar precios justos exige instrumentos que reconozcan la diversidad del campo. El aceite del Bajo Aragón no puede quedar atrapado en decisiones diseñadas desde la lógica de los grandes volúmenes. Defender a sus almazaras implica preservar empleo, paisaje y una cultura productiva que ha dado sentido a nuestros pueblos durante generaciones.
Editorial.
