En Aragón estamos demostrando que la conciliación no es solo una palabra bonita, sino un compromiso real con las familias. Sabemos que compaginar la vida laboral y personal sigue siendo un reto enorme, especialmente en el medio rural. Por eso, el Gobierno de Jorge Azcón ha apostado por políticas útiles y concretas que responden a las necesidades del día a día.

Una de las iniciativas más destacadas ha sido la creación de las Casas de Infancia, que están permitiendo a muchas familias en los pueblos aragoneses más pequeños acceder a un servicio esencial. No solo favorecen la conciliación, sino que también contribuyen a fijar población en el territorio, ofreciendo a padres y madres la tranquilidad de contar con un entorno seguro y cercano donde dejar a sus hijos mientras trabajan.

Esta medida se incluye dentro de la Estrategia para la Conciliación y la Corresponsabilidad que el Gobierno de Aragón pretende presentar en breve, una hoja de ruta elaborada con visión y participación, que incluye más de 150 acciones y 85 objetivos concretos.

Por eso resulta completamente incomprensible e injusto que el Gobierno de España haya decidido recortar un 25 % el Plan Corresponsables, una decisión que supone perder 2,65 millones de euros en Aragón. Esta reducción, impulsada desde el Ministerio de Igualdad, tiene consecuencias directas sobre servicios fundamentales: afecta a las propias Casas de Infancia, pero también a los servicios de madrugadores y de tarde, y a los convenios firmados con 29 comarcas, gracias a los cuales se organizan campamentos de verano, colonias escolares y otras actividades que ayudan a las familias a conciliar en nuestro territorio.

Así, mientras en Aragón reforzamos nuestra red de apoyo a las familias, el Gobierno de España recorta sin explicaciones y bloquea sin soluciones. Prometieron una ley de familias que lleva más de tres años paralizada. Una ley que ni respeta las competencias autonómicas ni garantiza derechos reales como la remuneración del permiso parental de 8 semanas. Tan es así que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplir la directiva sobre conciliación en la que se reconoce dicho derecho. Y mientras Europa exige avances, nuestro país sigue estancado por culpa de un Gobierno central más centrado en contentar a sus socios independentistas que en defender los intereses de las familias.

Desde el Partido Popular, sin embargo, sí creemos que la conciliación debe ser un derecho garantizado para todas las familias. Por eso hemos presentado una propuesta de ley estatal clara y ambiciosa, cuyo debate también está siendo bloqueado por el Gobierno central, que plantea medidas concretas como:

  • La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas (26 en familias monoparentales).
  • Un nuevo permiso de 16 semanas para el cuidado de menores de ocho años.
  • La gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.
  • La creación de un banco de horas y horarios flexibles pactados.
  • Apoyos específicos para familias numerosas, monoparentales, rurales y vulnerables.
  • Incentivos fiscales a empresas que fomenten la conciliación.

Todo esto demuestra, una vez más, que los partidos de izquierdas hablan mucho sobre conciliación, pero recortan en ella cuando gobiernan. En cambio, el Gobierno de Jorge Azcón sigue apostando por medidas concretas y eficaces que aseguran que la conciliación sea una realidad, especialmente en el medio rural.

Seguimos trabajando.

Silvia Casas. Diputada del PP en las Cortes - Tte. Alcalde Alcorisa