Hay una calma amarga en las tierras del Bajo Martín y el Bajo Aragón. Entre los olivos, los campos de cereal y el paisaje árido que rodea sus municipios, se está extendiendo un modelo industrial que huele a cerrado, pero sobre todo huele a purín.
En Aragón tenemos un problema grave a día de hoy: los cerdos ya superan por millones a las personas, y la amenaza no deja de crecer con 25 macrogranjas más proyectadas en los municipios de Albalate del Arzobispo, Alcañiz (incluye pedanías como Valmuel y Puigmoreno), Alloza, Andorra, Calanda, Castelnou, Híjar, Almochuel, Sástago y Escatrón; una zona donde el suelo y el agua ya no aguantan más nitratos.
Los números hablan solos: en Aragón se producen 1.100.000 toneladas de cerdo al año y apenas se consumen 29.000 (un escaso 3 %). Esto significa que el 97 % del purín que se vierte en nuestros campos ni nos pertenece ni lo hemos generado nosotros.
Nos traen la basura que otros no quieren. Esto no pasa por casualidad. Hace ya años que países del norte y centro de Europa, como Alemania, Dinamarca o Países Bajos, comenzaron a endurecer sus leyes ambientales ante el desastre ecológico que suponía la contaminación de sus acuíferos por la acumulación de purines. ¿La solución? Deslocalizar la producción. En lugar de cambiar el modelo de consumo, están exportando la parte más contaminante del proceso productivo a las periferias del continente: zonas de España, Rumanía o Hungría con escasa densidad de población, poca fuerza de presión política y una urgente necesidad de reactivación económica.
A este escenario se ha sumado recientemente la demanda insaciable de mercados como China. El gigante asiático prefiere externalizar la crianza masiva para evitar la contaminación de sus propios recursos hídricos y suelo. Progresivamente van creciendo sus importaciones de cerdo de países como Brasil, Vietnam y España.
Nos vendieron que este negocio traería riqueza, pero la realidad es que las granjas están en manos de grandes corporaciones extranjeras. El negocio y la carne se van fuera; los residuos y los nitratos se quedan aquí.
Nos presentan las plantas de biogás como la gran solución medioambiental, pero en realidad solo es un lavado de cara que busca blanquear un modelo insostenible. Por un lado, en España ya contamos con un notable excedente de electricidad gracias a la energía eólica y la solar, por lo que no existe una necesidad real de producir más energía por esta vía. Además, se trata de un proceso industrial poco eficiente donde se gasta casi más recursos transportando y tratando el purín que la energía limpia que supuestamente se logra extraer.
A esto se le suma un peligroso efecto llamada. Dado que con los purines generados en el propio territorio no hay suficiente materia orgánica para rentabilizar la instalación, las empresas terminarán trayendo en camiones lodos de depuradoras y residuos industriales procedentes de todo Aragón. De este modo, nos van a convertir de facto en el vertedero regional de los desechos de otros.
Esta inmensa cantidad de residuos no va a desaparecer por arte de magia. De cada 10 toneladas de purines que entran a una planta de biogás, salen 9 toneladas de residuo final (el digerido). Esos restos hay que verterlos igualmente en nuestros campos, donde terminan acumulándose y cargando la tierra de nitratos y metales pesados. Queda claro que la planta de biogás no elimina el problema original, sino que simplemente le cambia el nombre.
Lo que más duele es la impotencia de ver que quienes tendrían el poder y la obligación de defendernos eligen mirar hacia otro lado. Organismos como el INAGA, creados supuestamente para proteger nuestro medio ambiente, se han convertido en meras oficinas de tramitación que conceden permisos en cadena para masacrar el territorio. Para colmo, el propio Gobierno de Aragón no ha dudado en cambiar la normativa a la carta, rebajando las distancias obligatorias a los ríos y entre explotaciones para que las empresas puedan instalarse sin trabas.
Como consecuencia de esta estrategia geopolítica de deslocalización porcina, la España vaciada se va convirtiendo poco a poco en la zona de sacrificio. Consideran que esta zona tiene menor valor económico, ecológico o turístico y nos han relegado a ser el trastero donde otros descargan lo que ya no quieren en sus casas. Da muchísima pena ver cómo pueblos con historia, patrimonio y dignidad terminan convertidos en un vertedero con la complicidad de las administraciones.
Que no nos vendan la moto con el falso «desarrollo rural»: si estas macrogranjas fuesen tan maravillosas, no las estarían expulsando de países como Alemania o Dinamarca.
Repoblar la España vaciada no consiste en abarrotar el territorio de granjas intensivas para que unos pocos hagan caja fuera. Defender nuestro territorio es exigir dignidad y no aceptar vender nuestro futuro a cambio de toneladas de purín.
Correo del Lector. Plataforma de vecinos de Valmuel contra las macrogranjas

